Pedro Sánchez y los casos de corrupción en su entorno, su Gobierno y su partido Diseño: Arte EE
España Informes para el 29-N (I) Corrupción, los pecados capitales de Sánchez: los ocho sumarios de los que no quiere que se hable en campañaLa mayoría de las causas que le acechan aún permanecen abiertas, algunas ya cuentan con sentencias y, tras el 29-N, la presión judicial no decaerá.
Más información:El PSOE "puso a disposición de la organización criminal de Leire su estructura y finanzas", dice la Fiscalía
Jorge CalabrésDavid VicenteCristian Campos Publicada 11 octubre 2026 05:00h LO ESENCIAL Exclusivo suscriptores Síguenos LO ESENCIAL Generado con IA Las clavesPedro Sánchez afronta las elecciones del 29 de noviembre tras una legislatura marcada por los casos de corrupción en los que han estado envueltos el PSOE, su Gobierno y su círculo político y familiar.
Su táctica de focalizar la campaña en la vivienda únicamente pretende ocultar ese historial judicial. La mayoría de las causas aún permanecen abiertas en instrucción; unas pocas ya cuentan con sentencias y, en los meses siguientes a la votación, la presión judicial no decaerá.
Llegó a La Moncloa en junio de 2018 con la renovación política como estandarte y culminó esta legislatura con la corrupción en el centro del debate sobre su Gobierno.
Su reacción a los escándalos ha mantenido una constante: desligar su responsabilidad de la de sus colaboradores y defender la permanencia del Ejecutivo frente a las solicitudes de dimisión.
Antes de gobernar, Sánchez prometía otro nivel: "Soy un político limpio, decente, que dirige un partido limpio y que espera dirigir un Gobierno limpio", aseguró en la campaña electoral de noviembre de 2015.
Durante la moción de censura contra Mariano Rajoy sostuvo que "no hay mayor inestabilidad que la que emana de la corrupción" y exigió su marcha por el menoscabo ocasionado a las instituciones.
Las cuentas de Sánchez para el 29-N las llevará una imputada por organización criminal y otros ocho delitos de corrupciónEl problema
Los procedimientos judiciales han alcanzado durante su mandato a dos líderes a quienes confió la Secretaría de Organización del PSOE: José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
La condena del primero por la trama de las mascarillas y la investigación a ambos por las obras públicas sitúan el problema en el entorno político más cercano al presidente, aquel que él escogió para dirigir el partido y administrar parte del poder del Gobierno.
La investigación sobre Begoña Gómez llevó esa crisis al círculo familiar del presidente y provocó sus cinco días de reflexión en abril de 2024.
Sánchez regresó con la noticia de que seguiría en el cargo y presentó la situación como una campaña de desprestigio contra él y su esposa, transformando su permanencia en una contestación al supuesto acoso.
Aquel día también fue el banderazo a una trama liderada por Leire Díez y Santos Cerdán que buscaba dar carpetazo a todos los casos que asolaban el entorno del presidente.
"Sin Begoña no habría habido fontanera": las puertas del poder sólo se abrieron a Leire tras los 5 días de reflexión de SánchezPor fin, el adelanto electoral se ha producido por el revés de los decretos de vivienda, después de que los escándalos y las sentencias no causaron su marcha.
Sánchez solicita prorrogar su período con ese asunto como centro de campaña, mientras sigue abierto el cómputo sobre los líderes que impulsó, los mecanismos de supervisión que fracasaron y el estándar de responsabilidad política que demandaba antes de alcanzar el Gobierno.
Ni siquiera la imposibilidad de aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado puso fin al mandato. Toda la legislatura ha transcurrido con las cuentas de 2023 prorrogadas, sin que el Ejecutivo lograra presentar un nuevo proyecto en las Cortes.
Sánchez convierte ahora la vivienda en el fundamento para solicitar una mayoría más amplia. Busca movilizar a la izquierda y presentarse como el presidente que necesita más respaldos para proteger a los inquilinos.
Fotomontaje con el presidente Pedro Sánchez, un edificio en construcción y una representación del 'decreto Maricarmen'. Crónica Global
Los hechos
El anticipo electoral altera el momento político, pero mantiene las investigaciones y las repercusiones de las sentencias. Para Sánchez, el peligro consiste en que esos procesos vuelvan a ocupar el centro del debate antes del 29-N y condicionen su futuro después de las elecciones.
Estos son los nueve casos que presionan a Pedro Sánchez:
1. Mascarillas
La trama corrupta dentro del Ministerio de Transportes aprovechó las contrataciones de emergencia de la pandemia Covid-19 para obtener adjudicaciones y repartir importantes ganancias. José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama integraron el núcleo del caso, que también abarca contraprestaciones personales y contrataciones en empresas públicas.
2. Obras públicas
Una pieza separada del llamado caso Koldo investiga en la Audiencia Nacional los posibles amaños de adjudicaciones y comisiones para Ábalos, García y Santos Cerdán. Se investigan 11 adjudicaciones públicas, cinco de Adif y seis de la Dirección General de Carreteras. La hipótesis policial sostiene que Servinabar canalizó comisiones vinculadas a adjudicaciones de Acciona, que abonó a esa sociedad 6,7 millones de euros.
3. Financiación irregular
Otro frente afecta a la contabilidad de Ferraz. Ismael Moreno mantiene bajo secreto una pieza sobre presuntas irregularidades en las cuentas del PSOE. En este ámbito se investigan también las declaraciones de Víctor de Aldama sobre negocios con petróleo venezolano y una supuesta financiación del PSOE y de la Internacional Socialista. El empresario vinculó esos pagos a una operación de crudo de PDVSA valorada en 250 millones de euros.
4. Las cloacas
Leire Díez protagoniza la investigación sobre una supuesta operación para neutralizar causas incómodas para Ferraz y para el entorno del presidente. El juez Santiago Pedraz atribuye a Cerdán haber puesto a disposición de la trama medios del partido para que maniobraran contra jueces, fiscales y agentes de la UCO. El riesgo alcanza ahora al partido como entidad jurídica. Anticorrupción considera solicitar la imputación del partido por la actuación de responsables con capacidad de decisión.
5. Plus Ultra
José Luis Calama investiga en la Audiencia Nacional la concesión de 53 millones de euros de ayuda pública a la aerolínea y el papel de José Luis Rodríguez Zapatero. La causa analiza si el expresidente medió para obtener el rescate y recibió contraprestaciones a través de sociedades relacionadas con Julio Martínez Martínez, las que habrían sido utilizadas para otros trabajos, supuestamente camuflados como consultorías del expresidente.
6. Las joyas de Zapatero
El registro del despacho del expresidente abrió otro frente judicial para el entorno de Pedro Sánchez: la procedencia de las lujosas joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho en Ferraz. La investigación trata de definir si hubo delitos fiscales y de contrabando. El expresidente, tras varios meses de silencio, confesó que eran un regalo del rey Abdalá de Arabia Saudí.
7. Begoña Gómez
El procedimiento sobre la esposa del presidente examina si su posición facilitó su actividad en la Universidad Complutense y si utilizó recursos públicos para intereses privados. Incluye el trabajo de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el programa informático desarrollado para la Cátedra de Transformación Social Competitiva.
8. David Sánchez
La contratación del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz finalizó en un juicio sobre la formación y modificación del puesto que desempeñó. La investigación alcanzó también a cargos de la institución, entre ellos Miguel Ángel Gallardo, antiguo líder del PSOE extremeño. David Sánchez fue condenado a nueve años de inhabilitación.
9. Álvaro García Ortiz
El caso del entonces fiscal general surgió de la divulgación de datos tributarios confidenciales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La disputa afectó a un correo de su defensa que proponía un pacto con la Fiscalía y reconocía la comisión de delitos fiscales. Tras ser condenado, García Ortiz tuvo que dejar su cargo.
El análisis
El adelanto electoral modifica el panorama político, pero las investigaciones judiciales prosiguen su curso y las sentencias conservan sus efectos. La llamada a las urnas no da por terminados los procesos que incumben al Gobierno, al PSOE y al círculo cercano del presidente.
Pedro Sánchez se enfrenta a la posibilidad de que esos asuntos retomen el núcleo de la discusión antes del 29-N. Su desarrollo puede protagonizar la campaña y determinar su porvenir político después de los comicios.
Caso mascarillas
José Luis Ábalos y Koldo García afrontan penas de prisión por la trama que se aprovechó de las adquisiciones de urgencia de la pandemia.
El Supremo sentenció el 22 de junio a 24 años y tres meses de prisión al exministro Ábalos y a 19 años y ocho meses a su exasesor Koldo García.
El dictamen prueba que el ministro de Transportes, su asesor y Víctor de Aldama idearon un esquema para favorecer negocios particulares a cambio de gratificaciones.
Koldo mintió en el Supremo: tenía el número personal del presidente Sánchez guardado en el móvil como "Número 1"El beneficio del ministro no se restringió a los acuerdos. El Supremo dio por confirmados pagos mensuales de 10.000 euros para sus gastos, el alquiler de una vivienda para Jésica Rodríguez y viviendas vacacionales costeadas por empresarios del círculo de la trama.
La pena también abarca el uso de empresas estatales para beneficiar a personas cercanas al entonces ministro. El proceso aglutina así adjudicaciones, pagos privados y determinaciones tomadas desde un departamento con capacidad para gestionar grandes sumas de dinero público.
José Luis Ábalos y Koldo García en el banquillo del Tribunal Supremo. EFE
La resolución del 22 de junio impuso importantes condenas para Ábalos y García. Ambos siguen en prisión, mientras Aldama recibió cuatro años y medio y consiguió la suspensión del ingreso por su confesión y colaboración con la Justicia.
La causa prosigue para otros implicados en la Audiencia Nacional. El 11 de septiembre, Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche atribuyeron a un desacierto que el primer contrato figurara fechado antes de la convocatoria formal y negaron tener conocimiento de las comisiones.
El día que Aldama convirtió a Sánchez en el "número 1" de una organización criminal que controlaba a Gobierno y PSOEObras públicas
La investigación sobre obras públicas analiza supuestos arreglos y comisiones ligados a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Esta parte permanece activa y tiene como punto principal las adjudicaciones a constructoras y el flujo del dinero a través de sociedades del entorno de los investigados.
El Tribunal Supremo la remitió a la Audiencia Nacional el 2 de febrero, después de que Ábalos renunciara a su escaño de diputado. La pérdida del fuero permitió que Ismael Moreno retomara la instrucción sobre empresarios, antiguos funcionarios y exdirectivos de Acciona y Servinabar.
La Guardia Civil halló un acuerdo confidencial que atribuía a Cerdán el 45% de la empresa navarra, ligada al empresario Antxon Alonso y participante en proyectos junto a Acciona.
La tesis policial sugiere que esa estructura posibilitó encauzar fondos procedentes de adjudicaciones favorecidas por la conspiración.
Los contratos del PSOE con los abogados de Cerdán y Koldo: "de 15.000 a 25.000 al mes" por "asesorar y analizar litigios"El informe sobre el patrimonio divulgado en julio añadió un matiz personal. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuantificó en 323.178 euros los desembolsos y ganancias supuestamente recibidos por Cerdán y su núcleo familiar entre 2015 y 2024.
El siguiente paso consiste en reconstruir los movimientos bancarios y conectarlos con contratos específicos. Moreno ha autorizado pesquisas sobre cuentas familiares y ha solicitado documentación fiscal de empresas constructoras para verificar el origen y destino de los capitales.
Víctor de Aldama llegando al Tribunal Supremo antes de una de las sesiones del juicio. Europa Press
Las finanzas del PSOE
Ismael Moreno investiga en una pieza secreta las supuestas anomalías en las finanzas del PSOE. El caso comprende el estudio de pagos en efectivo y las declaraciones de Víctor de Aldama sobre operaciones petrolíferas venezolanas que, según su versión, estuvieron vinculadas a la financiación del partido.
La investigación abarca la documentación de los pagos en metálico efectuados por la formación entre 2017 y 2024. Aldama testificó en julio, tras una primera comparecencia en marzo en la que proporcionó información al juez y al fiscal.
El juez presenta a Zapatero como intermediario en la venta de petróleo venezolano, incluso al Partido Comunista ChinoUno de los documentos presentados corresponde a una cuota de petróleo de PDVSA, la compañía estatal venezolana. El empresario asegura que Delcy Rodríguez le entregó el sobre en 2020 y relaciona su contenido tanto con el PSOE como con la Internacional Socialista.
Además, según contó en exclusiva este periódico, la UCO sigue el rastro de un viaje de Koldo García a Venezuela con el propósito de montar con la ayuda del Gobierno chavista un banco que usara la trama para mover y lavar el dinero de las mordidas.
Sánchez observa a Santos Cerdán, ante la mirada de Patxi López, en el Congreso Europa Press
Leire y las cloacas
Santiago Pedraz investiga una presunta operación para entorpecer procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez.
La causa sitúa a Leire Díez como ejecutora de las maniobras y a Santos Cerdán como supuesto responsable de proporcionar respaldo político, económico y logístico.
El informe de Anticorrupción conocido este viernes describe intentos de conseguir información confidencial y desprestigiar a jueces, fiscales y agentes.
El juez vuelca el móvil del ex jefe de Gabinete de Sánchez: 10.000 mensajes con Leire Díez y nuevos indicios contra el 'One'Las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen sostienen que recursos de Ferraz habrían servido para proteger los intereses del partido y del Gobierno.
Entre los indicios figuran reuniones en la sede socialista, pagos por medio de intermediarios y documentación presuntamente elaborada para justificar desembolsos. El informe atribuye a Cerdán haber encargado actuaciones a Díez y haberle transferido dinero a través de consultorías y trabajos en diferido a través de despachos de abogados ligados al partido.
Las pesquisas también incluyen las presiones sobre quienes investigaban a familiares del presidente. El 8 de octubre, Beatriz Biedma, instructora de la causa de David Sánchez, declaró como perjudicada ante Pedraz y relató seguimientos y la angustia que padeció durante aquel procedimiento.
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado. Europa Press
Plus Ultra
José Luis Calama investiga en la Audiencia Nacional si José Luis Rodríguez Zapatero percibió comisiones por mediar a favor de Plus Ultra. La aerolínea recibió en 2021 una ayuda de 53 millones de euros públicos, otorgada por el Gobierno de Pedro Sánchez para afrontar las repercusiones de la pandemia.
El procedimiento examina la participación del expresidente y los pagos canalizados a empresas del socio, y supuesto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez.
Zapatero alega que quienes le vinculan a Plus Ultra lo hacen hoy como 'estrategia de defensa' pero las pruebas contra él están en whatsapps de hace seis añosEn julio, los antiguos directivos de Plus Ultra comunicaron al juez que habían abonado facturas por servicios inexistentes para ocultar la retribución de esas gestiones. Su relato vincula los desembolsos con una comisión equivalente al 1% del rescate.
Las declaraciones de septiembre corroboraron esa explicación. Julio Martínez Sola y Roberto Roselli confirmaron un pago de 530.000 euros y ubicaron a las sociedades de Martínez Martínez como destinatarias de los abonos.
Roselli también declaró que el entorno al que identificó con Zapatero les adelantó la aprobación del rescate la semana anterior. Ambos antiguos directivos admitieron, sin embargo, ignorar las gestiones específicas del expresidente.
La instrucción sigue en curso. Calama rechazó en septiembre la solicitud de Zapatero de invalidar la investigación y descartó las violaciones de derechos alegadas por su defensa.
Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente, están citadas como investigadas para el 30 de noviembre, el día siguiente de las elecciones.
Las joyas árabes de Zapatero que el perito del juez tasa en 1,2 millones alcanzarían un valor de 2,3 millones en el mercadoLas joyas
Las joyas encontradas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz, frente a la sede de PSOE, constituyen una pieza separada del procedimiento de Plus Ultra.
José Luis Calama investiga su origen y posibles delitos fiscales y de contrabando. La Policía las halló el 19 de mayo en la caja fuerte del expresidente. Una primera estimación de Ansorena fijó el precio de todo lo encontrado en 1,3 millones de euros.
Zapatero reveló en septiembre que las piezas más valiosas fueron un obsequio del rey saudí en 2007. Mencionó que desconocía su precio y que permanecieron guardadas, sin uso, junto a otros recuerdos y enseres familiares.
Para sustentar esa versión, solicitó confirmación a la Corte Real saudí a través de la Embajada y pidió al juez una comisión rogatoria al no haber podido lograr las pruebas.
Cinco empresas chavistas vinculadas a Delcy ingresaban dinero en una de las sociedades que pagó al 'Grupo Zapatero'El origen de ese regalo plantea, además, una cuestión sobre su manejo institucional. El Código de Buen Gobierno aprobado durante su mandato establecía obligaciones respecto a los obsequios recibidos por los altos cargos.
La defensa cuestiona también la tasación. Sostiene que el informe llevado a cabo no permite determinar automáticamente el valor que las joyas tenían cuando supuestamente fueron entregadas, casi dos décadas antes.
La última decisión de Calama, del 6 de octubre, mantiene el segundo peritaje encargado a la joyería Yanes. El juez rechazó el recurso de Zapatero contra la designación de la joyería y su petición de que un perito propio estuviera presente durante el examen.
Begoña Gómez y Pedro Sánchez, en la noche de primarias, el 21 de mayo de 2017 en la sede del PSOE en Ferraz. GTRES
Begoña Gómez
La esposa de Pedro Sánchez afrontará en los próximos meses un juicio con jurado popular por presunta malversación y tráfico de influencias. La causa examina si utilizó su posición como cónyuge del presidente del Ejecutivo para impulsar su actividad profesional y si destinó recursos públicos a intereses privados.
El centro del procedimiento se sitúa en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense y en el quehacer de Cristina Álvarez, su asistente en Moncloa.
La investigación analizó reuniones, patrocinios empresariales y el desarrollo de un software informático para pequeñas y medianas empresas.
Sánchez dice que Begoña quiso evitar los "conflictos de interés" pero a los pocos meses ya hacía negocios desde la MoncloaJuan Carlos Peinado acordó el 21 de septiembre enviar el asunto a juicio. El instructor sostiene que la condición de cónyuge del presidente facilitó la proyección de Gómez y decisiones favorables a sus proyectos.
El juez también examinó el papel de Álvarez en actuaciones relacionadas con esa actividad. La Fiscalía mantiene una postura opuesta a la acusación popular. En su escrito, que se hizo público el 7 de octubre, volvió a solicitar la absolución de Gómez y Álvarez porque considera que los hechos no son un delito.
El juicio está fijado para 2027, sin fecha precisa aún.
David Sánchez
El hermano de Pedro Sánchez cuenta con una sentencia de nueve años de inhabilitación por prevaricación, apelada por su defensa y por la Fiscalía.
La Audiencia Provincial de Badajoz consideró que la Diputación había creado un cargo para beneficiar a David y que luego modificó sus responsabilidades al margen del procedimiento legal.
El músico consiguió en 2017 una plaza de coordinador de los conservatorios. El tribunal examinó su posterior transformación en la Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas y las decisiones administrativas que hicieron posible esta evolución.
La Fiscalía sostiene que la condena al hermano de Pedro Sánchez vulnera la presunción de inocencia: "No hay prueba"La resolución del 14 de julio también condenó al expresidente de la Diputación y antiguo líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, a 18 años de inhabilitación.
Emilio Cortés, el abogado de David Sánchez, interpuso un recurso el 8 de octubre. Argumenta que su cliente fue investigado por su relación de parentesco con Pedro Sánchez y denuncia que las indagaciones vulneraron sus derechos fundamentales.
El Fiscal General del Estado
Álvaro García Ortiz fue hallado culpable de divulgar información confidencial de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El asunto afectaba al deber de confidencialidad del máximo responsable de la Fiscalía y ha derivado en los últimos días en un debate sobre el posible indulto por parte del Ejecutivo antes de las elecciones del 29-N.
Pedro Sánchez recibe al fiscal general Álvaro García Ortiz en la Moncloa. EFE
El origen reside en un correo electrónico de la defensa de González Amador que proponía un pacto y reconocía delitos fiscales. La difusión de esa información en marzo de 2024 y una nota posterior de la Fiscalía iniciaron el proceso contra quien en ese momento dirigía la institución.
El Supremo dio a conocer el veredicto el 20 de noviembre de 2025, por cinco votos a favor y dos en contra. Impuso dos años de inhabilitación para el puesto de fiscal general, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros.
Jueces y juristas, escandalizados tras el globo sonda de Sánchez y Bolaños sobre un indulto a García Ortiz antes de eleccionesLa sentencia, publicada en diciembre, consideró quebrantado el deber de confidencialidad tanto por la filtración del correo como por la nota pública. García Ortiz renunció su cargo y mantiene su rechazo a la condena, mientras Sánchez ha defendido su inocencia.
La gestión del indulto incluyó en mayo un dictamen favorable de María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo. Su propuesta apoya perdonar la porción pendiente de la inhabilitación especial.
El informe invoca la falta de beneficio personal, las repercusiones profesionales de la condena y el propósito de proteger el prestigio de la institución.
La última novedad proviene del propio Pedro Sánchez. En una entrevista con elDiario.es respondió "no lo descarto" al ser preguntado sobre la concesión del indulto al ex Fiscal General antes del 29-N.
Sánchez dice que "es hora de que el Parlamento se parezca a la calle" y no descarta indultar al fiscal general antes del 29-NLas propuestas
La corrupción no ha vuelto a España por falta de leyes. Ha vuelto porque quien llegó a la Moncloa prometiendo regeneración estiró hasta los límites de la elasticidad constitucional los resortes que permiten ejercer el poder sin responsabilidad.
El contrato de 2018 era explícito. La moción de censura se justificó en la sentencia de la Gürtel y en la idea de la tolerancia cero contra la corrupción.
Siete años después, este es ya el Gobierno más corrupto de la historia de la democracia y, sin ninguna duda, aquel en el que la corrupción ha merodeado más cerca de la cúspide del poder político, que es el presidente del Gobierno.
La respuesta, por tanto, no puede ser otra comisión ni una agencia de integridad designada por quien ya colonizó la Fiscalía.
Del despacho de Cerdán a la cloaca de Leire: así montó el PSOE la "organización criminal" para salvar a Sánchez y familiaTiene que ser institucional, y tiene que dolerle al poder.
1. Una Fiscalía que no dependa del Gobierno.
El fiscal general lo elegiría el Congreso por tres quintos, con un mandato de cinco años no renovable y un cese solo por causa legal, previo informe del Consejo General del Poder Judicial.
Quedarían prohibidas las instrucciones en causas concretas y el Ministerio Público tendría presupuesto propio.
2. Sacar a la familia del presupuesto público.
Cónyuge, pareja, hermanos e hijos del presidente y de los ministros no podrían ser contratados por la Administración ni por una empresa pública, ni ocupar una plaza creada a medida, ni dirigir una cátedra patrocinada por quien licita con el Estado, ni recomendar ante un organismo cuya cúpula nombra el Gobierno.
Declaración patrimonial ampliada y dos años de enfriamiento al dejar el cargo.
El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y Miguel Ángel Gallardo, ex líder del PSOE extremeño, en la Audiencia de Badajoz. Efe
3. Cerrar la puerta por la que entraron las mascarillas.
Incluso en emergencia sanitaria, dos ofertas comparables, aval no dispensable y titular real publicado en 48 horas.
El Tribunal de Cuentas fiscalizaría esos contratos en noventa días. La empresa sin actividad previa en el sector quedaría fuera, y quien adjudique saltándose el filtro respondería por prevaricación.
Narbona admite que Leire la llamó para dar "información útil" y ella la remitió a Cerdán, que no vio "nada interesante"4. Responsabilidad del partido.
Auditoría externa anual de formaciones y fundaciones que reciban dinero público, prohibición de las liquidaciones en metálico por encima de un umbral bajo y un delito específico cuando la caja del partido pague operaciones "de cloaca" para desacreditar a jueces, fiscales o a la Unidad Central Operativa.
Si hay pagos acreditados, la imputación de la persona jurídica deja de ser excepcional. El secretario de Organización rendiría cuentas como un alto cargo.
5. Blindar a quien investiga.
Mandato fijo para los jefes de la UCO y de Anticorrupción y nombramiento que no dependa del ministro investigado.
Nuevo delito de obstrucción cuando un cargo o un empleado del partido presione, filtre o encargue informes para tumbar una causa abierta.
Miembros de la policía, frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz. EFE
6. Recortar el privilegio y el bloqueo.
Aforamiento sólo para los actos del cargo, no para la vida privada ni para los delitos comunes.
7. Devolver al Código Penal la malversación que había antes de diciembre de 2022.
La Ley Orgánica 14/2022, pactada con ERC como peaje de la legislatura, partió el delito en tres.
La apropiación con ánimo de lucro se mantuvo en el artículo 432. El uso temporal de caudales públicos, si se reintegran, bajó a una horquilla de seis meses a tres años.
Y el desvío a un fin público distinto del consignado quedó en un tipo más leve, el artículo 433, pensado para quien no se lleva el dinero a casa.
Recuperar la definición anterior significa una sola malversación, con la pena de prisión y la inhabilitación de antes, haya o no lucro personal. El delito de malversación no puede salir más barato por el hecho de que la beneficiada sea una causa política y no una cuenta en el extranjero.
La Fiscalía sugiere que pedirá imputar al PSOE tras el 29-N y complica que Sánchez siga en Ferraz si pierde la Moncloa8. Cerrar el atajo por el que una condena firme deja de serlo.
El indulto es del Gobierno, no del Tribunal Constitucional: en 2021 la Moncloa ya lo usó con los condenados del procés. La reforma tiene dos partes.
La primera devuelve al Constitucional a su papel: control de la ley y amparo de derechos fundamentales, nunca tercera instancia penal. No podrá ordenar a la Sala Segunda que dé por extinguida una condena de malversación, cohecho o prevaricación si el debate es de legalidad ordinaria.
Anular una sentencia penal firme del Supremo exigirá una mayoría cualificada, no el bloque de siete que reproduce la mayoría parlamentaria que nombró a esos magistrados.
Quien haya sido fiscal general o ministro quedará impedido, durante un mandato entero, para presidir el órgano y para ponente en causas que afecten a su antiguo Gobierno o a sus socios de investidura.
Sánchez confía la Estrategia a la fracasada Montero; el programa a Narbona, amiga de Leire, y la gestión a la imputada FuentesLa segunda ata el derecho de gracia. El indulto particular no podrá alcanzar los delitos de corrupción (malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación) ni aplicarse a quien no haya cumplido una parte efectiva de la pena.
El expediente será público, con informe vinculante del tribunal sentenciador y sin la fórmula, ya gastada, de la concordia.
Una amnistía de ese alcance, si alguna vez se plantea, requerirá una mayoría cualificada y quedará fuera del canje de una investidura.
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