Cuenta atrás judicial para Zapatero y el PSOE: llegan los testimonios clave de los jefes de Plus Ultra y la gerente

Julio Martínez, Roberto Roselli y José Luis Rodríguez Zapatero. Pablo Lanzillotta

La declaración de la gerente, Ana María Fuentes, es la diligencia que falta antes de que el juez decida sobre la imputación por la financiación de las cloacas.

Julio Martínez Sola y Roberto Roselli ratificarán sus escritos en el 'caso Plus Ultra' e indicarán que pagaron a Zapatero por lograr el rescate.

Más información: Así se fraguó el pacto de los dos Julio Martínez y Roselli para desvelar el papel de Zapatero en el rescate de Plus Ultra

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La Audiencia Nacional retoma esta semana la ronda de declaraciones de los casos Plus Ultray cloacas.

Una semana judicial en la que se dará el último paso antes de la más que posible imputación del PSOE en el caso cloacas por haber pagado a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver.

La declaración de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, este miércoles día 9 es la última diligencia prevista antes de que el partido posiblemente sea imputado como persona jurídica por el juez Santiago Pedraz.

Antes, este lunes y martes, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº4, José Luis Calama, tomará declaraciones a los que fueran presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y consejero delegado de la compañía, Roberto Roselli.

Tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, Martínez Sola presentó un escrito el pasado mes de julio en el que indicaba que colaboraría con la Justicia y desvelaría el rol del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate a la aerolínea, por parte de la SEPI, valorado en 53 millones de euros.

Martínez Sola indicó al magistrado que Zapatero puso a Julio Martínez como interlocutor. El expresidente de Plus Ultra señaló que, tras hablar con el testaferro tuvo "la plena conciencia de que iba a cobrar la mordida por las gestiones a realizar" y la compañía pagó 530.000 euros.

En esta misma línea siguió el presunto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez -Julito-. El empresario aseguró ante el magistrado Calama ser el instrumento utilizado por el exlíder del Ejecutivo para cobrar la comisión del rescate de la entidad.

Tanto Martínez Sola como Roselli ratificarán sus confesiones y cooperarán con la Justicia, tal y como sostienen sendos escritos remitidos al juzgado instructor de la causa y que obran en poder de este periódico.

Ambos directivos admitieron el pasado mes de julio el pago del 1% del rescate a Plus Ultra, valorado en 530.000 euros. Este 7 y 8 de septiembre refrendarán estas versiones en sede judicial.

Según ha podido conocer este periódico, Martínez Sola y Roselli ofrecerán más detalles en sus declaraciones de la intervención de Zapatero en el rescate de Plus Ultra y señalarán directamente al expresidente del Gobierno como jefe de Julito Martínez Martínez.

Para esta colaboración con la Justicia, fue clave la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Ábalos que se conoció el pasado 22 de junio y el modo en que el empresario Víctor de Aldama evitó entrar en prisión debido a su cooperación en la investigación.

El expresidente Zapatero desconocía hasta la exclusiva publicada por EL ESPAÑOL el pasado 19 de julio el pacto entre los directivos de Plus Ultra y el que fuera su lugarteniente.

Las declaraciones de Martínez Sola y Roselli apuntalarán la realizada por el llamado testaferro de Zapatero y contradirán la versión que hasta el momento ha ofrecido el expresidente del Gobierno.

El PSOE y la imputación

Por otro lado, también habrá novedad en el caso cloacas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tomará declaración el próximo miércoles 9 de septiembre a la exgerente del PSOE, Ana María Fuentes, y al abogado Ismael Oliver.

Ferraz pagó 125.000 euros al abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, quien se encuentra imputado en la causa, y 22.500 euros al letrado Oliver.

Según sostiene la Guardia Civil este pago al abogado Oliver tuvo como destinataria final a Leire Díez, la denominada fontanera.

El propio Teijelo entregó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado cinco facturas que giró al Partido Socialista entre enero y mayo de 2025.

Sin embargo, dos de ellas, valoradas en 53.000 euros, no figuran en la contabilidad de la formación. Según el PSOE, nunca se llegaron a pagar.

La hipótesis que la UCO sostiene es que las notas de encargo pudieron simular servicios jurídicos y que parte de los fondos terminó en manos de Díez para financiar las operaciones de la cloaca contra jueces, fiscales y guardias civiles incómodos para el Gobierno.

Pedraz autorizó el análisis de seis cuentas del PSOE, dentro de un rastreo mucho más amplio sobre sociedades, abogados y antiguos dirigentes.

La declaración de Fuentes es el último paso antes de la posible imputación del partido en la causa por haber financiado las prácticas ilegales de la fontanera y el exsecretario de Organización Santos Cerdán.

Presiones a la UCO

Un día después, el jueves 10 de septiembre, será el turno de Leonardo Marcos, el ex director general de la Guardia Civil.

Marcos figura también como investigado en el caso cloacas por las posibles presiones sobre mandos de la UCO.

La actual directora general del Cuerpo, Mercedes González, y su mano derecha, el DAO Manuel Llamas, también constan como investigados en esta causa.

El magistrado Pedraz también ha citado a declarar este jueves, aunque en calidad de testigo, al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca.

El objetivo de su testifical es dilucidar si la Fiscalía General del Estado intervino en la tramitación de una denuncia interpuesta contra la fontanera Leire Díez y su maniobra de desacreditación contra la juez Beatriz Biedma, instructora de la causa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

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