Lleva este martes al Consejo de Ministros una ley que considera nulos los ceses de empleados que informen de ilegalidades así como de sus familiares
Regala esta noticia Añádenos en Google Yolanda Díaz, en el Congreso. (E. P.)Madrid
27/07/2026 Actualizado a las 18:12h.Era, junto con el recorte de la jornada, otra de las grandes promesas de legislatura de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz: reformar el despido para ... encarecerlo, estableciendo indemnizaciones más elevadas y a la carta, es decir, en función del daño causado al afectado. Esto tampoco será posible, pero Díaz se propone actuar, de forma unilateral –sin pasar por la mesa de diálogo social–, sobre las causas para, en este caso, blindar a los trabajadores que denuncian casos de corrupción o prácticas ilegales en su empresa, para que no puedan ser despedidos ni sufrir ningún tipo de represalia por ello, como exigirles una sanción, cambiarles de centro, denigrarles a otro puesto o rebajarles el sueldo. Como le sucedió a la funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla Ana Garrido por denunciar acoso laboral. Y no solo ellos, esta protección se ampliará a sus familiares y también será extensiva a cualquier empleado público, ya sea funcionario, interino o personal laboral.
«Muchísimos» casos
Para ello, el anteproyecto de ley modifica un total de cinco artículos del Estatuto de los Trabajadores para así poder ampliar las causas de nulidad del despido, tanto objetivo como disciplinario, si media una denuncia por corrupción, algo que afectará tanto a empresas del sector público como al sector privado. Desde el Ministerio de Trabajo sostienen que aprueban una nueva ley –que deberá pasar el filtro del Congreso, por lo que se complica su puesta en marcha definitiva– en la que «se establecen garantías de impunidad» en los supuestos de relaciones laborales que tengan que ver con denuncias por casos de corrupción, como puede ser informar de vertidos ilegales, gastos ilícitos por parte de directivos, ilegalidades fiscales, cohechos... evitando así que la represalia sea el despido; es más, fija expresamente que, en caso de suceder, el juez tiene la obligación de calificar este cese de nulo, con el objetivo también de incentivar las denuncias.
Aunque no hay cifras oficiales, desde el departamento de Díaz señalan que son «muchísimos» los trabajadores que se despiden por este motivo.
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