David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a su salida este jueves de la Audiencia de Badajoz. EFE
Tribunales De Alonso a Zamarriego: los 10 jueces que acorralan al entorno de Sánchez y el PSOEMagistrados del Supremo, de la Audiencia Nacional y de Juzgados de Instrucción, a cargo de las causas y decisiones judiciales que inquietan al Gobierno.
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Javier Corbacho Publicada 29 mayo 2026 02:45h Las clavesLas claves Generado con IA
No es uno. No son dos, ni tres. Al menos diez son los jueces que investigan o han investigado recientemente supuestas irregularidades en el entorno del PSOE. E, incluso, a familiares directos dePedro Sánchez.
De la A, de Alonso, a la Z, de Zamarriego, constituyen ya casi un abecedario, al que se van sumando nuevas letras y que atenaza desde hace meses tanto al partido como al propio Gobierno.
Durante las pasadas semanas, los avances de una instrucción eclipsan a los de otro procedimiento, conocidos apenas unos días antes. Así, una y otra vez. Caso Begoña, caso Zapatero, caso Leire, caso Zapatero, caso Begoña,...
De hecho, hasta los apelativos con los que se conocen estas causas judiciales mutan o se hacen más largos según se amplía la investigación y salpica a nuevos nombres. Pasó con el caso Koldo, rebautizado después como caso Koldo/Ábalos y, luego, como caso Ábalos/Cerdán.
El listado de jueces que atenaza al Gobierno tampoco se ciñe únicamente a Madrid. Se extiende más allá de la Villa y Corte. E incluye tanto a magistrados cuyas investigaciones aún son incipientes como a instructores que ya han propuesto juzgar a personajes del entorno político y personal de Sánchez.
Pedraz ('Leire', 'Hidrocarburos')
Este miércoles, EL ESPAÑOL publicó el auto del juez Santiago Pedraz que describía una supuesta operación, "con cargo a los fondos" del PSOE, destinada a boicotear, precisamente, las causas judiciales incómodas tanto para la formación política como para el Gobierno.
Al frente de estas maniobras, el magistrado situó a Leire Díez, la conocida como fontanera del Partido Socialista. Y, tras esta operación, a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Es decir, el que era, hasta mediados del pasado año, hombre fuerte de Sánchez en la cúpula socialista.
El auto de Pedraz sobre los pagos del PSOE a Leire apunta a una operación de Cerdán para "atacar" a Peinado y a la juez del caso del hermano de SánchezPero los investigados en esta causa, conocida como caso Leire, van más allá de estas dos personas. En esa lista figuran, entre otros, la gerente del PSOE, Ana Fuentes; el exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández.
También, los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver y el empresario Javier Pérez Dolset.
No obstante, Pedraz ya avanzó que podrían sumarse a ese listado el diputado socialistaJuanfran Serrano y el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez José Manuel Serrano.
Sobre ambos existen, según detalló el magistrado, "indicios de su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan".
Este jueves, apenas un día después de conocerse el mencionado auto, Sánchez solicitó comparecer en el Congreso de los Diputados para "informar de la situación política".
De forma oficial y pública, el PSOE ha negado haber "ordenado o amparado conductas ilícitas" como las descritas por Pedraz.
Por otro lado, este mismo juez instruye el llamado caso Hidrocarburos, relativo a una supuesta trama de mercantiles que defraudó más de 200 millones de euros.
Entre las investigadas se encuentraCarmen Pano, la empresaria que declaró que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz.
Biedma ('caso Hermanísimo')
Una de las juezas que la trama Leire marcó, supuestamente, como objetivo fue Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.
Según detallaba el auto, el objetivo de Cerdán era torpedear la investigación del llamado caso Hermanísimo, en el que estaba investigado David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.
Precisamente, este jueves, 28 de mayo, comenzó en la Audiencia Provincial pacense el juicio de este procedimiento.
Músico de profesión, David Sánchez está acusado de haber disfrutado de una plaza artística en la Diputación de Badajoz concedida ad hoc, según la tesis de Biedma, por Miguel Ángel Gallardo, quien fuese presidente de la corporación provincial y líder del PSOE extremeño.
Gallardo también se sentó este jueves en el banquillo de los acusados, junto al músico y otros cargos de la Diputación. Algunos, militantes del PSOE.
Otro de los acusados en este juicio es Luis Carrero, el antiguo asesor de Moncloa que, en 2023, pasó a trabajar en el ente provincial. La tesis de Biedma es que su contratación fue un enchufe, que fue solicitada por David Sánchez.
En una de sus resoluciones, la instructora del caso subrayó la "capacidad de influir" de Pedro Sánchez sobre el PSOE de Badajoz cuando, en 2017, su hermano fue contratado en la Diputación.
Casualidad o no, la fiscal Begoña García sí defendió este jueves, durante la primera sesión del juicio, la labor de Biedma, de quien dijo que "no hay duda de su imparcialidad" y de la "legalidad" de su investigación.
De proseguir el juicio —la defensa de David Sánchez ha solicitado la nulidad de la causa—, serán tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Badajoz los que deban dictar la futura sentencia.
Peinado ('caso Begoña')
El juez Juan Carlos Peinado también es otro de los mencionados como objetivos de los ataques de la trama de Leire Díez y Santos Cerdán.
El pasado mes de abril, este magistrado propuso queBegoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, sea juzgada por cuatro supuestos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
Peinado planteó que sea un jurado popular, compuesto por nueve ciudadanos legos en Derecho, el que decida sobre la culpabilidad o inocencia de la mujer del presidente del Gobierno.
Y no sólo de la suya, sino también de la también investigada Cristina Álvarez, principal asesora de Gómez en el Palacio de la Moncloa.
La tesis de Peinado es que la mujer de Sánchez aprovechó que su marido se convirtió en presidente del Gobierno para beneficiarse de tal circunstancia en favor de sus negocios privados, en cuya gestión también participó Álvarez.
Calama ('caso Zapatero')
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga al expresidente del GobiernoJosé Luis Rodríguez Zapatero, tótem del socialismo, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
El magistrado le ubica como "líder" de una supuesta red criminal dedicada a intermediar con la Administración a cambio de comisiones ilegales y en favor de ciertas empresas.
Principalmente, la aerolínea Plus Ultra, que, en marzo de 2021, recibió un rescate por valor de 53 millones de euros públicos.
Entre otras diligencias, Calama autorizó el registro del despacho de Zapatero, ubicado en la madrileña calle de Ferraz, a escasos metros de la sede nacional del PSOE.
"Zapatero va a vigilar la limpieza de las elecciones jajaja": las 28 principales menciones de la UDEF al expresidenteAllí, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional hallaron 103 joyas custodiadas en una caja fuerte.
El juez también autorizó a la UDEF a llevarse una copia de todos los e-mails, fechados desde marzo de 2020 hasta la actualidad, que almacenase el correo electrónico profesional de José Luis Rodríguez Zapatero.
Dicha cuenta, con el dominio propio (@presidentezapatero.com), era gestionada por Gertrudis Alcázar, la secretaria del expresidente del Gobierno, apodada en el entorno socialista como Gertru.
Calama también solicitó a los agentes una copia de los buzones del e-mail profesional de las dos hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa.
Moreno ('Koldo', 'Cerdán', 'Tickets')
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga el llamado caso Koldo, que comenzó centrado en la figura de Koldo García, antiguo asesor del Ministerio de Transportes y hombre para todo de José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE hasta 2021.
Ambos, supuestamente, habrían formado parte de una red dedicada al amaño de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. Entre otros, varias adjudicaciones de obras, adjudicadas a ciertas constructoras.
En esa misma trama también se integraría Santos Cerdán, cuya voz figura en un audio repartiendo, aparentemente, mordidas derivadas de estos amaños.
Por otro lado, el juez Ismael Moreno investiga en el llamado caso Tickets, instruido bajo secreto de sumario, supuestas irregularidades en la contabilidad del PSOE.
Puente ('caso Ábalos')
Ábalos y Koldo ya han sido juzgados por primera vez. De hecho, se encuentran a la espera de la sentencia que les condene o les absuelva.
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente investigó a ambos —mientras el primero todavía era diputado y, por tanto, estaba aforado— por varios delitos de corrupción.
Desde el pasado 7 de abril hasta este reciente 6 de mayo fueron juzgados ante la Sala Segunda, presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta.
La Fiscalía Anticorrupción pide para el exministro 24 años de cárcel y una multa de casi cuatro millones de euros. Le acusa de haber amañado la contratación de una empresa en 2020, durante la Covid-19, para el suministro de mascarillas al Ministerio de Transportes.
En esas mismas fechas, Ábalos era secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez.
Durante la instrucción de este procedimiento, también conocido como caso Mascarillas, Puente interrogó como testigo a Mariano Moreno, exgerente del PSOE.
El magistrado le reprendió con dureza por los escasos controles aplicados por el partido a la hora de reembolsar gastos a sus trabajadores y altos cargos.
Actualmente, tanto Ábalos como Koldo continúan en prisión provisional a la espera de sentencia.
Alonso ('caso Sendaviva')
El Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona, cuya titular es la juez Rebeca Esther Alonso, investiga por cohecho y tráfico de influencias al empresario Carlos Vidaurre Oraven, dueño de Adentro Construimos SL.
Esta causa, el llamado caso Sendaviva, abarca, por un lado, las obras de reconstrucción del parque Sendaviva, ubicado en la Ribera de Navarra, tras el incendio de 2022 y, por otro, los trabajos realizados por la citada constructora en un piso del parlamentario socialista Ramón Alzórriz.
El Juzgado investiga si el Gobierno de Navarra, presidido por la socialista María Chivite, troceó en varios contratos menores una misma obra para adjudicar, en conjunto, cerca de 800.000 euros a Adentro Construimos SL durante las obras de reconstrucción del parque, localizado a 80 kilómetros de Pamplona.
Las cuatro adjudicaciones se articularon como contratos menores, con importes por debajo de los 200.000 euros. Uno de ellos, de hecho, asciende a 199.999 euros, un euro por debajo del límite legal.
En paralelo, la semana pasada, la juez Alonso ya ha remitido la querella que dio origen a esta causa, presentada por Vox, al Tribunal Superior de Justicia de Navarra para que valore si asume la investigación sobre Alzórriz, al estar aforado.
En este procedimiento también figura como investigado el exgerente de Parquenasa, Rubén González Martínez de Morentin, la sociedad que gestiona Sendaviva y que está participada por NICDO, dependiente del Gobierno de Navarra.
El dueño de Adentro Construimos, Carlos Vidaurre, es un nombre conocido en el entorno socialista navarro. El empresario remodeló la sede del Partido Socialista de Navarra (PSN).
Y también se ocupó de las obras de reforma de un piso adquirido por el ya exportavoz socialista Ramón Alzórriz en 2024.
La juez Alonso ha dejado, días atrás, el Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona. Se ha incorporado a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra.
Cortés ('caso Forestalia')
Tras una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) que se saldó con seis detenidos, un Juzgado de Teruel indaga en una supuesta red de corrupción medioambiental relacionada con certificados de parques eólicos y fotovoltaicos.
Entre los investigados se encuentran Fernando Samper, el dueño de la empresa Forestalia, y Eugenio Domínguez, exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica.
La investigación se centra en los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Supuestamente, Domínguez, mientras ocupó responsabilidades en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, habría influido de manera irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales en la provincia de Teruel a cambio de comisiones ilegales.
Pastor ('caso Adamuz')
El Juzgado de Instrucción número 3 de Montoro (Córdoba) investiga las causas del accidente de tren ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas.
La Guardia Civil ha concluido que una fractura de la vía fue lo que provocó el siniestro.
Aunque, por el momento, no hay ningún político investigado, el PP sí ha cargado, a raíz de la apertura de este procedimiento, contra el actual ministro de Transportes, Óscar Puente.
Por su parte, víctimas del siniestro han solicitado repetidamente la dimisión de este último.
A lo largo de la investigación, se han producido varios desencuentros entre Adif, la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias, y la juez titular del Juzgado, Cristina Pastor.
Por otro lado, en un informe, la Guardia Civil subrayó que la fractura de la vía se produjo la noche previa al siniestro y que el sistema de alertas no avisó debido a un problema en la señalización.
El sistema está configurado de forma que no era tan sensible como para detectar esa fractura precisa.
En dicha zona, una sensibilidad mayor del sistema de alertas provocaría continuas falsas alarmas. Debido a esto, está configurado con un umbral de alerta muy bajo (0,780 voltios).
Como la tensión tras la rotura de la vía tan sólo bajó a 1,5 voltios, el sistema no emitió una alerta, porque, aunque el bajón fue brusco, la cifra no alcanzó dicho umbral.
Zamarriego ('caso Fontanera')
Desde octubre de 2025, el juez Arturo Zamarriego (Juzgado de Instrucción 9 de Madrid) ya investigaba las maniobras de Leire Díez para desbaratar las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.
La UCO participó, entre otras causas, en la instrucción del caso Begoña, del caso Hermanísimo y del caso Ábalos. En este último, al alimón con Anticorrupción.
No obstante, la investigación de Pedraz a Leire Díez —centrada, en un inicio, en un supuesto amaño de expedientes por valor de más de 130 millones— acabó confluyendo con este procedimiento.
Ahora bien, durante la instrucción de esta causa, Zamarriego ha interrogado como testigo, entre otros, al actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, destacado dirigente socialista.
También ha tomado declaración a Zarrías o a Santos Cerdán y ha ordenado al PSOE que aclare por qué pagó a la fontanera de Ferraz.