Extraños compañeros de viaje para una legislatura instalada en lo insólito. El PSOE se ha aliado con todas las derechas del Congreso, del PP a Vox, pasando por el PNV, y se ha enfrentado a sus socios de izquierdas, empezando por Sumar. ¿El motivo? Cumplir una de las exigencias de Junts y sacar adelante una ley sobre multirreincidencia que endurecerá el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El objetivo de esta reforma legal es imponer penas más duras contra los delincuentes que reiteran en los hurtos, y que por mucho que son detenidos por la Policía siguen cometiendo delitos y disparan la inseguridad en las grandes ciudades, así como la imagen de actuar con impunidad.
La unión contra natura de diputados socialistas y de todas las fuerzas políticas de la derecha en la Comisión de Justicia del Congreso permitió ayer respaldar por 31 votos a favor, cinco en contra y una abstención el dictamen de dicha proposición de ley y sitúa el aumento de los castigos a los delincuentes reincidentes al borde de la aprobación. Sólo queda un último paso por dar, que es la votación final en el Pleno del Congreso. Es algo que sucederá a la vuelta de Navidad. Como tarde, en febrero si no se habilita enero para la actividad parlamentaria.
La ley de multirreincidencia, que presentó Junts en marzo de 2024, es una de las exigencias que aparecen en la lista de «incumplimientos» de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes y que llevaron a Carles Puigdemont a anunciar la ruptura de las relaciones con el Gobierno y la retirada de su apoyo en las votaciones del Congreso. Por eso, ahora que la norma esté encarrilada y al borde de la aprobación más de un año después de estar congelada, es un nuevo gesto de Sánchez para cumplir con Junts en busca de la reconciliación.
Sólo una vez que el presidente del Gobierno se vio contra las cuerdas y con la legislatura a punto del colapso, el PSOE reaccionó y decidió desbloquear esta ley en su avalancha de gestos para recuperar el favor de Junts. El Partido Socialista apostó, así, por avanzar rápidamente en la tramitación y hasta la semana pasada aceptó cuatro enmiendas endureciendo la ley para garantizar que se construía esta nueva y extraña mayoría en el Congreso.
El pliegue de los socialistas a Junts solivianta a sus principales aliados parlamentarios de izquierdas y en primer lugar a su socia en el Ejecutivo, Yolanda Díaz. Sumar acusa al PSOE de haber «comprado» el «marco» de la derecha con esta concesión y de entregarse al punitivismo.
Por su parte, Podemos advierte de que este tipo de medidas permite a Junts «competir en xenofobia» con Vox y Aliança Catalana y que son puro «populismo punitivo» contra el «robagallinas». También están en contra de esta reforma del Código Penal fuerzas como EH Bildu.
De este grupo se escinde ERC, que si bien critica muchos aspectos de la ley, dice que no quiere parecer «incomprensivo» con la creciente alarma social por este problema y lamenta la falta de voluntad para propiciar un acuerdo amplio. Eso sí, afea al PSOE «dónde está» al salir retratado en la foto con los partidos de la derecha.
En cuanto al contenido de la proposición de ley, que en comisión este miércoles aprobó otra batería de enmiendas del PP, establece que quien cometa un hurto, si antes ha sido condenado como autor de otros tres hurtos, siempre y cuando la suma total conjunta del valor de los objetos sustraídos sume 400 euros, podrá ser condenado con pena de cárcel. «Hasta esta modificación, los autores de hurtos menos leves, nunca podían ser condenados con ingreso en prisión», se justifica en el texto.
Además, el hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años «si los objetos sustraídos fueran dispositivos móviles informáticos o de comunicación, o dispositivos electrónicos o tecnológicos».
Entre las medidas incorporadas la semana pasada, una es para endurecer las condenas a quienes hubieran sido condenados al menos por tres delitos de la misma naturaleza y siendo al menos uno de ellos leve.
También está el poder imponer una orden de alejamiento a una persona durante la investigación de un delito. Ya sea para proteger a la víctima o para evitar la reiteración del delito. Se podrá imponer de manera cautelar la prohibición de acudir a un determinado lugar, ya sea un barrio, un municipio, una provincia u otra entidad local, o incluso una autonomía.
A la hora de justificar esta iniciativa, reclamada por sus alcaldes y concejales, Junts recoge un informe de los Mossos en los que se cuantifica que en Barcelona hubo en 2022 283 personas multirreincidentes que habían sido detenidas 2.270 veces por estar implicadas en 5.602 hechos delictivos. Principalmente, robos violentos y hurtos. «Los cinco multirreincidentes más activos en la ciudad de Barcelona fueron detenidos en 117 ocasiones, y entre todos acumulaban 178 antecedentes»