- SERGIO SAIZ Nueva York
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La mano derecha de Maduro toma las riendas del país en calidad de presidenta interina con el visto bueno de Washington, que la mantendrá en el poder "mientras siga las reglas de juego" para asegurar una "transición segura".
La hasta ahora vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, toma las riendas del Gobierno en calidad de presidenta interina tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos durante una operación militar en la madrugada del sábado. El relevo en el poder cuenta, de momento, con el beneplácito de Washington, que plantea una tutela del país de manera directa, pero en remoto, supervisando los próximos pasos de Rodríguez, que jurará hoy el nuevo cargo ante la Asamblea Nacional.
El nombramiento también ha sido avalado por el Tribunal Supremo de Venezuela, que el fin de semana declaró la "ausencia temporal" del mandatario latinoamericano y ordenó que la vicepresidenta se haga cargo del Ejecutivo, en aplicación del artículo 234 de la Constitución, que permite suplir al presidente por un periodo inicial de hasta 90 días, prorrogable otros 90 con autorización de la Asamblea Nacional.
La Sala Constitucional del Alto Tribunal justificó la decisión como una medida cautelar "urgente y preventiva" destinada a garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la nación. Así, y aunque ayer ya había asumido las riendas del Ejecutivo, está previsto que Delcy Rodríguez jure hoy el cargo ante la Asamblea Nacional, coincidiendo con el inicio del nuevo periodo legislativo, asumiendo todas las atribuciones inherentes a la presidencia mientras se aclara el futuro político del país.
El presidente norteamericano dejó claro el sábado que "EEUU gobernará Venezuela" hasta que se pueda garantizar una "transición segura y adecuada", sin plantear un calendario concreto.
La designación de Rodríguez no es casual. Según fuentes estadounidenses y venezolanas implicadas en los contactos previos, la Administración Trump lleva semanas explorando un relevo alternativo ante la negativa de Maduro a abandonar el poder y aceptar un exilio negociado.
Aunque ella ha negado colaborar con la Casa Blanca y ha insistido en que Maduro "es el único presidente legítimo" de Venezuela, desde Washington han insistido en que han abierto una línea directa con Rodríguez, que seguirá al frente del país siempre que "juegue según las reglas" fijadas por Trump.
Con 56 años, llega a la presidencia interina con un perfil forjado en la gestión económica. Hija de un histórico militante de izquierda y formada en Francia, fue ganando peso en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro hasta convertirse en la arquitecta del giro económico que permitió una tímida recuperación de la producción petrolera pese al endurecimiento de las sanciones. Esa trayectoria es lo que le ha valido ahora el apoyo de EEUU, que la considera una interlocutora más pragmática.
Aun así, no hay que olvidar que Rodríguez es una figura central del chavismo y nunca se ha desmarcado de la represión ni de la corrupción del régimen. De hecho, en su primera intervención tras asumir el poder interino, insistió en exigir la liberación de Maduro y trató de preservar la lealtad de las Fuerzas Armadas y de los sectores más duros del Gobierno.
El apoyo de Washington a Rodríguez contradice las declaraciones del propio presidente de EEUU, que el sábado aseguró que "no se puede permitir que nadie cercano a Maduro asuma el poder". Sin embargo, Washington cree que, de momento, es la mejor opción para garantizar una transición pacífica en Venezuela.
Además, Trump insistió también en que no ve a la opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina, asumiendo el poder en Venezuela porque "no tiene ni el apoyo ni el respeto suficiente" para liderar una situación tan compleja como la actual.
División
La reacción internacional ha sido inmediata y, a la vez, profundamente dividida. El Consejo de Europa lanzó ayer una dura advertencia sobre el peligroso precedente que sienta la intervención militar estadounidense. Su secretario general, Alain Berset, alertó de un "orden mundial emergente en el que la fuerza se normaliza y la ley se convierte en arma", subrayando que cualquier uso de la fuerza en el territorio de otro Estado plantea serias dudas desde el punto de vista del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas.
Francia si bien no está conforme con la operación militar, el presidente, Emmanuel Macron, calificó ayer la salida de Maduro como una buena noticia, pero insistió en que la transición debe ser pacífica, democrática y respetuosa con la voluntad popular expresada en las elecciones de 2024. París reclama un papel central para Edmundo González Urrutia, a quien considera el presidente legítimo.
China ha sido uno de los actores más críticos con Washington. Pekín exigió la "liberación inmediata" de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y denunció la operación como una violación flagrante del derecho internacional.
En España, tampoco hay consenso. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, rechazó de forma tajante que el futuro del país pase por Delcy Rodríguez, a la que calificó como "mano derecha" y cómplice de Maduro.
Desde el Ejecutivo, se ha hecho una "condena rotunda" de la operación, mientras que sus socios de gobierno piden incluso que España rompa con la OTAN. Nuestro país se ha ofrecido a mediar en el conflicto, aunque en Washington la propuesta ha caído en saco roto.
Maduro y su esposa, a la espera de juicio en una cárcel de Nueva York
Tras ser capturado en una operación relámpago bautizada como Resolución Absoluta, Nicolás Maduro se encuentra actualmente detenido en un centro penitenciario federal de Brooklyn, en Nueva York, tras un largo periplo desde Caracas que incluyó Guatánamo entre sus paradas técnicas.
En Nueva York, tanto él como su esposa, Cilia Flores, serán puestos a disposición de la justicia federal estadounidense, tras una ampliación de la acusación presentada por la Fiscalía, que incluye cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas. La investigación se remonta a 2020 y fue impulsada por la Agencia Antidroga (DEA), que ha sido quien ha liderado la operación militar para encajarla en el derecho internacional como lucha contra el narcotráfico.
En los próximos días, el líder venezolano y su esposa comparecerán ante un juez federal en Manhattan, en un proceso que puede prolongarse durante meses, en el que se enfrentan incluso a una posible condena de cadena perpetua.
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