La lupa, gabardina y gorra, en el armario. Primero fue José Luis Ábalos. Después Santos Cerdán. Y ahora Francisco Salazar. Tres personas del núcleo de máxima confianza de Pedro Sánchez envueltas en escándalos: los dos primeros por una presunta trama corrupta; el tercero denunciado por sus subordinadas en La Moncloa por acoso sexual. El anillo de poder quemado. Y ante el fuego, La Moncloa y Ferraz buscan levantar un cortafuegos acogiéndose, en los tres casos, a una misma máxima: al presidente del Gobierno «no se le puede pedir responsabilidad in vigilando». O lo que es lo mismo, que no se le pueden exigir responsabilidades porque no hay existido un deber especial de vigilancia. «Los entornos o las personas que puedan estar al lado no son responsables de la conductas reprochables de una persona».
El caso Salazar, sobre todo su gestión, se ha convertido en un tiro en el pie del PSOE con muchas derivadas que están provocando un desgaste, daño y malestar interno. Es, además, de las pocas veces que se visualiza contestación interna en un partido muy jerarquizado y donde Sánchez presenta un férreo control de la estructura. Y, más allá del hecho en sí de que un alto cargo del Gobierno y del PSOE, muy cercano a Sánchez, sea denunciado por acoso sexual, provoca un boquete inmenso en una de las patas que sustenta al PSOE: el voto femenino.
Corrupción y feminismo son dos de las patas que sustentaron la llegada de Sánchez a La Moncloa. Y son dos asuntos en los que se han destapado escándalos que implican a las personas en las que había depositado su confianza y el devenir del PSOE. Pero en el Gobierno y en la dirección del partido tejen una red de seguridad sobre el jefe del Ejecutivo y secretario general socialista para ponerlo a salvo de un fuego que no para de acumular focos. «Lo de in vigilando no puede ser», señalan fuentes gubernamentales, alegando que, por ejemplo, los casos de Cerdán o Salazar eran muy difíciles de detectar. «La gente no puede ser responsable de las conductas inapropiadas de algunos», añaden.
El salvavidas al que se aferran en el equipo de Sánchez es que en todos los casos se actuó «cuando se tuvo conocimiento de los hechos». «Cualquier organización o partido no está exento de tener a personas que usen su posición política para lucrarse, que cometen actitudes absolutamente irreprochables como hemos ido conociendo. Las organizaciones se diferencian en cómo reaccionan» cuando se conocen los casos, expuso ayer Pilar Alegría, portavoz del Gobierno. Defienden los socialistas su «contundencia» y que se les apartó, antes incluso de que pesara sobre ellos procesamiento alguno.
Precisamente Sánchez se refirió por primera vez ayer en público a este escándalo marcando distancias con el PP a la hora de afrontar este tipo de casos. «El feminismo nos da lecciones todos los días, a mí el primero. Y la gran diferencia entre la derecha y la izquierda es que nosotros cuando recibimos esas lecciones pedimos perdón y actuamos en consecuencia», afirmó durante un acto aunque sin mencionar de forma explícita a quien fue su hombre de confianza.
De momento, ahí es donde se pone el límite a las responsabilidades políticas autoexigidas. Pero el caso Salazar está produciendo un «daño» que todos asumen. Una muestra de la gravedad es que el propio presidente asumió «en primera persona» el «error» -que no la responsabilidad- en la gestión, sobre todo el que se tardaran cinco meses en contactar con las mujeres que presentaron los escritos en el canal anónimo del PSOE denunciando acoso sexual.
Ahora, con una rebelión interna que no sólo atañe a las feministas -donde hay voces que piden ir a la Fiscalía, en contra del criterio de Ferraz por el momento-, con un cuestionamiento de la labor de Rebeca Torró, secretaria de Organización o con el foco puesto en ministras candidatas como María Jesús Montero o Pilar Alegría -por su cercanía a Salazar-, Sánchez quiere cerrar esta crisis cuanto antes. De ahí que se espera que en las próximas horas el Órgano contra el Acoso del PSOE finalice un duro informe sobre las denuncias, donde respalde a las víctimas y, como establece el protocolo socialista, ponga a su disposición asesoramiento y acompañamiento legal. Ese informe se remitirá a Organización.
«Esto se arregla con contrición y transparencia», reconocen fuentes socialistas al más alto nivel. De momento, en La Moncloa tienen pensado volver a reunir a sus trabajadores para recordarles los canales anónimos de denuncia que están a su disposición y la manera de proceder si observan comportamientos inadecuados. Y es que las víctimas, pese a que eran trabajadoras en el gabinete de Presidencia, prefirieron ir a denunciar al canal anónimo del PSOE. Fuentes gubernamentales informan que a día de hoy siguen sin tener constancia de ninguna denuncia:«No podemos hacer más de lo que estamos haciendo».