Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, este jueves en Moncloa.
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN Dos líderes de izquierdas dinamitan la solidaridad en favor de los ricos Publicada 9 enero 2026 02:52hPara tratar de recomponer la mayoría de investidura perdida e insuflar vida a esta legislatura agonizante, Pedro Sánchez se ha lanzado a reconquistar a sus socios independentistas.
El primer paso para el deshielo ha sido satisfacer la exigencia de Oriol Junqueras de una audiencia con el presidente del Gobierno tras estallar el pasado diciembre el último caso de corrupción en el entorno del PSOE.
Como es costumbre en Pedro Sánchez, no le ha pesado, para intentar procurarse la perpetuación en el poder, restituir a un apestado de la política española.
Porque cabe recordar que, pese a la rehabilitación política otorgada este jueves por Sánchez (e iniciada con el indulto en 2021), el capitoste golpista sigue inhabilitado para ejercer cargos públicos, de resultas de la exclusión del delito de malversación de la Ley de Amnistía por el Tribunal Supremo.
Por añadidura del desdoro para la institucionalidad española que entraña recibir con honores a un convicto, el presidente ha pactado con él una medida de repercusiones trascendentales para el conjunto de los españoles. Dándose así la anomalía de que la financiación autonómica de la nación sea configurada por un independentista.
No es de recibo que el Gobierno acuerde bilateralmente un modelo de financiación para ser impuesto de forma unilateral al resto de comunidades autónomas. Un sistema diseñado, por si fuera poco, para beneficiar a una región sobre las demás.
Porque esto y no otra cosa es lo que supone el principio de ordinalidad cuya aplicación se ha preciado de forzar Junqueras, argumentando que "si Cataluña es la tercera en aportación, también lo sea a la hora de recibir".
Es decir, que la comunidad más rica va a ser también la que más cobre.
Por eso, es de una impostura superlativa la coartada esgrimida por Junqueras, que ha defendido que "es un buen modelo en el que nadie pierde y todo el mundo gana".
Entre otras cosas, porque el reparto de los 4.700 millones de más que ERC ha obtenido del Gobierno para Cataluña procede de las aportaciones de todos los españoles, a partir mayormente del exceso de recaudación fruto de las subidas de impuestos aplicadas al conjunto de la ciudadanía.
Es comprensible, por tanto, el sentimiento de agravio comparativo que han verbalizado las distintas comunidades autónomas del PP (a la que se ha sumado el gobierno socialista de Emiliano García-Page) al denunciar que el principio de ordinalidad atenta contra el principio de igualdad.
Lo que resulta rocambolesco es que dos partidos sedicentemente izquierdistas hayan pactado una ruptura de la solidaridad territorial en favor de una de las regiones más ricas.
Con razón ha lamentado García-Page que si se salta la "línea roja de la igualdad", se estaría haciendo "el mayor quebranto a la ideología del PSOE de toda su historia”.
Y todo por dotarse de munición de campaña, con vistas al nuevo ciclo de elecciones autonómicas en los que el PSOE afronta un pronóstico funesto.
Porque el acuerdo a la medida de los independentistas catalanes, que María Jesús Montero asumirá como propio este viernes en la presentación de la propuesta de financiación, no tiene visos de prosperar ante la mayoría absoluta de noes que le espera en el Congreso de los Diputados.
Se comprende la estrategia del PSOE, encaminada a divulgar el relato de que el PP boicotea un modelo de financiación que aporta recursos adicionales del Estado a sus comunidades. Pero se antoja inverosímil que pueda calar como baza electoral.
Porque el trato de favor a Cataluña arrancado por Junqueras corrobora que Sánchez sigue priorizando su continuidad personal sobre el interés general, para lo cual está decidido a redoblar la apuesta por la fórmula de pactar con el nacionalismo. Y con ello sólo logrará hundir aún más las ya exiguas posibilidades de sus candidatos autonómicos.