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El Gobierno quiere hacer permanente el blindaje ante los inversores de la UE y exigirá autorización previa para construir centros de datos e instalaciones energéticas
El Ministerio de Economía prepara una sustancial modificación del sistema de control de las inversiones extranjeras "para aclarar conceptos, mejorar procedimientos y, en general, adaptar la norma a las necesidades y al contexto internacional actual", reforma que en la práctica va a suponer un endurecimiento del llamado escudo anti-opas.
Desde 2020, cualquier adquisición extranjera significativa en un sector estratégico español debe ser autorizada por el Gobierno. Este blindaje, por ejemplo, ha servido al Ejecutivo de Pedro Sánchez para vetar la oferta pública de adquisición (opa) del grupo húngaro Magyar Vagon sobre Talgo o para condicionar la entrada de Saudi Telecom Company en Telefónica. En 2025, hasta 144 operaciones pasaron por ese escrutinio.
Pese a que ya se trata de un mecanismo de muy amplio alcance, como demuestra el número de inversores que pasan por esa ventanilla del Gobierno, el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, plantea tres grandes novedades.
Barrera europea
La primera es convertir el control actual a los inversores europeos, que es transitorio, en "permanente", como el que existe para los compradores del resto del mundo. Ahora mismo, el requisito de que las entidades de la Unión Europea (UE) pidan permiso para sus operaciones en España vence en diciembre de 2026.
El Gobierno pretende prorrogar esta medida temporal un año más, hasta final de 2027, y, mientras tanto, quiere sacar adelante la reforma legal para que esta restricción no tenga fecha límite.
Teóricamente, en la UE rige la libertad de movimientos de capitales, pero las luchas políticas entre los distintos países han provocado el despliegue de esos blindajes intracomunitarios. España, además de vetar la opa húngara sobre Talgo, impidió al grupo francés Vivendi comprar el 29,9% de Prisa y ahora mira con recelo la potencial compra de la aceitera Deoleo por un rival italiano.
Nuevos proyectos
El segundo gran cambio es la concreción y ampliación de los sectores "estratégicos" que protege el escudo. Economía propone incluir en esa lista a los centros de datos y, en paralelo, se va a extender el control -centrado ahora en la adquisición de participaciones en empresas en funcionamiento- a las inversiones greenfield, es decir, a los proyectos de construcción de nuevas infraestructuras, tanto tecnológicas como energéticas.
Esta medida crearía una nueva barrera para los multimillonarios planes para instalar data center en el país, sector sobre el que el Gobierno prepara un decreto con duras exigencias en cuanto a sostenibilidad.
Aprobación en dos fases
La tercera modificación afecta al procedimiento de autorización. La intención de Economía, que canaliza el escrutinio a través de la dirección general de política comercial y seguridad económica, es crear un procedimiento con dos fases, donde los casos más espinosos pasarán a una investigación en profundidad antes de que la Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX) eleve su propuesta al Consejo de Ministros.
También va a detallarse un mecanismo para prorrogar el procedimiento de autorización, que teóricamente solo puede durar tres meses, pero en muchas ocasiones se extiende más allá.
Para todo ello, el departamento que dirige el vicepresidente Carlos Cuerpo propone modificar dos normas: por un lado, la Ley 19/2003 sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior; y por otro, el Real Decreto 571/2023 sobre inversiones exteriores.
De momento, los cambios han salido a consulta pública, y después de leer la opinión de los interesados, el Gobierno podrá elaborar los proyectos de reforma para su aprobación legislativa.
La aplicación del escudo -y otros factores como el aumento de los costes de financiación- hizo que la inversión extranjera bruta directa en España bajara un 20% en 2025, hasta los 34.016 millones de euros. Aunque la gran mayoría de compras es aprobada, los expertos creen que puede disuadir el lanzamiento de operaciones sobre grandes empresas españolas.
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