El Gobierno valenciano, cuyas riendas acaba de coger Juanfran Pérez Llorca, aprobó recientemente el decreto que prorroga los presupuestos de la Generalitat de 2025 para el próximo año. Fuentes del Consell admiten que el choque entre PP y Vox a cuenta del ciclo electoral no propicia ahora la firma de un acuerdo presupuestario. Las cuentas de 2025, según recuerdan además estas fuentes, entraron en vigor en junio, por lo que el Ejecutivo autonómico cree que tiene aún margen para aprobar unas nuevas. Llorca no renuncia a tener sus propios presupuestos, aunque para ello tendrá que lidiar con una patata caliente de la que advierte la auditoría de las cuentas.
La Sindicatura de Cuentas, el órgano fiscalizador de la Generalitat, revela en su informe correspondiente al ejercicio 2024 -el primero completo del ex presidente Carlos Mazón- que los presupuestos incluyen hasta 1.737 millones de ingresos ficticios. Es decir, dinero que se presupuesta para gastar sin que en realidad haya una previsión de que vaya a obtenerse.
«El déficit derivado de la inclusión de las previsiones iniciales de ingresos no ajustadas a la realidad de su ejecución al cierre del ejercicio 2024 asciende, al menos, a 1.737,8 millones de euros», advierte en su auditoría la Sindicatura, que insiste en que esta operación «inadecuada» aumenta el déficit presupuestario y la necesidad de la Generalitat de recurrir al endeudamiento. Y ello porque, según resume el órgano fiscalizador, «los ingresos previstos no se obtienen y los gastos que se financian sí que se realizan».
Es más, la auditoría de las cuentas menciona expresamente que «la Generalitat debe incluir en sus presupuestos iniciales únicamente las previsiones de ingresos que de forma razonable se espera obtener". La Sindicatura se refiere en concreto a las transferencias procedentes del Estado: tanto las derivadas del sistema de financiación autonómica como de la financiación estatal de las prestaciones de la dependencia. Al órgano fiscalizador de la Generalitat no le convencen sus excusas, esto es, el argumento de «la infrafinanciación y falta de compensación de costes de servicios esenciales» por parte del Estado.
Se da la circunstancia de que el recurso de hinchar la previsión de ingresos aun sabiendo que se trata de dinero que el Gobierno central nunca compensará no es nuevo. El gobierno de izquierdas que presidió el socialista Ximo Puig fue el que se inventó la llamada «partida reivindicativa», que venía a ser lo mismo: dinero que se pintaba como ingresos en los presupuestos con el argumento de que era el que le correspondía a la Comunidad Valenciana si el sistema de financiación autonómica fuera justo.
Era una partida presupuestaria, por tanto, de la que debía disponer la Generalitat si el Estado transfiriese lo que le toca por población. Sin embargo, el PP de Mazón -cuando estaba en la oposición- siempre fue muy crítico con esta «partida reivindicativa», precisamente por considerarla dinero «ficticio». Pero esto no evitó que, años después, el propio Ejecutivo de Mazón inflase la previsión de ingresos ante la imposibilidad de cubrir el coste de los servicios públicos con las transferencias del Estado.
Así que ahora será Llorca el que tenga que lidiar con esta patata caliente. En su informe, la Sindicatura de Cuentas no niega la «insuficiencia presupuestaria» de la Generalitat. Admite incluso que se produce sobre todo en las compras sanitarias y prestaciones farmacéuticas y en las ayudas a la dependencia: «La insuficiencia de los créditos presupuestarios iniciales para atender las necesidades de gestión de estas áreas obliga a acudir a la aprobación de modificaciones presupuestarias por cuantías significativas que ponen de manifiesto la deficiencia en esa presupuestación inicial».
Pero, además, la Sindicatura apunta al Gobierno central al señalar que, «a pesar del incremento en 2023 y 2024 de los ingresos del sistema de financiación, básicamente por el IRPF e IVA, estos continúan siendo insuficientes para cubrir las obligaciones reconocidas totales y no cubren el gasto presupuestario». La consecuencia no es otra que un déficit presupuestario de la Generalitat que «se viene financiando mediante el endeudamiento de préstamos del FLA, teniendo en cuenta la baja cobertura del resto de ingresos no financieros».
De hecho, en su reunión con Pedro Sánchez en Moncloa, Llorca volvió a insistir en la necesidad de aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica que sustituya al actual modelo caducado. Y, sobre todo, reclamó un fondo de nivelación transitorio que equipare a la Generalitat con el resto de comunidades. De momento, sin éxito.