La falta de presupuesto con la que el Ministerio del Interior atiende a las unidades especializadas de la Guardia Civil y Policía Nacional desde hace más de un año se ha hecho patente en la multitudinaria rave organizada en el embalse del Cenajo -ubicado entre los términos municipales de Férez y Hellín (Albacete)- el pasado día 31 de diciembre. Según denuncian varios jefes del operativo del Institutto Armado enviado al pueblo para intentar dispersar la celebración ilegal, Interior escatimó en medios y únicamente dispuso un grupo de 10 agentes antidisturbios.
«Quedamos vendidos. Poco pudimos hacer allí», relatan a este periódico. Los efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de Valencia -los antidisturbios de la Guardia Civil- fueron movilizados ante la magnitud de la celebración y la incapacidad de la plantilla de la zona para hacerle frente. Sin embargo, según denuncian algunos de sus miembros, el diseño del operativa «fue deficiente». Para empezar, el grupo no pernoctó en la zona sino que, insisten, se decidió que retonara a Valencia por la noche y fuera sustituido por otro la mañana del día siguiente. «De esta forma se evitaron pagar la pernocta, como llevan haciendo desde hace meses». El número de agentes destinado a dispersar, y en su defecto contener, la rave «era insuficiente». Una decena de antidisturbios -70 en total, según fuentes oficiales de la Guardia Civil- para una celebración que partió con la participación de más de 2.000 personas al principio y que subió hasta 3.000 a medida que pasaban las horas del nuevo 2026. Aunque no se dispone de un censo exacto de participantes, las mismas fuentes de la Benemérita calculan que la cifra de vehículos, entre los que predominaban furgonetas y autocaravanas, superó el millar.
Después de varios días de música ininterrumpida y ocupación del entorno natural, la rave ilegal del embalse del Cenajo comenzó a aproximarse a su fin hace dos días, con el abandono progresivo de asistentes y los problemas derivados del empeoramiento de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, ayer todavía quedaba en los alrededores un centenar de vehículos. La Guardia Civil los localizó en el cercano municipio de Socovos. En él, indican fuentes del dispositivo, se practicaron las primeras detenciones relacionadas con la fiesta. Entre los arrestados, figuraban varios de los organizadores de la rave. Precisamente, días atrás, en el intento de identificar a uno de los hombres a los que se le atribuye la convocatoria de la fiesta, el GRS vivió una situación tensa. «Paramos la furgoneta que conducía con la intención de proceder a su identificación. Opuso una fuerte resistencia. Ya estaba engrilletado pero una multitud de más de un centenar de personas vino hacia nosotros y tuvimos que irnos ante la inferioridad numérica», relata el responsable de uno de los dispositivos.
«Se nos echaron encima. Nos tuvimos que replegar porque nos mataban. Fue imposible», rememora la misma fuente, que recalca la «falta de previsión» de los jefes superiores a la hora de organizar el dispositivo. Los movimientos de esta convocatoria internacional comenzaron a detectarse la noche del pasado día 30 de diciembre. Según los datos facilitados por la Guardia Civil, una gran cantidad de vehículos procedentes de países como Francia y Dinamarca llegaron inicialmente a la localidad albaceteña de Tobarra, con la intención de instalarse en el entorno del pantano. Pese a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado lograron disolver este primer intento en la madrugada del día 1 de enero, los asistentes trataron de reubicarse en la pedanía de Cordovilla. Finalmente, el grupo consiguió asentarse en su ubicación en el pantano del Cenajo a última hora del 31 de diciembre para dar comienzo a la fiesta.
Hace justo un año se organizó otra macrofiesta no autorizada, denominada Big Fucking Party 2025, en las cercanías del aeropuerto de Ciudad Real, la cual llegó a congregar a miles de personas durante seis jornadas consecutivas. En anteriores ocasiones, los colectivos organizadores, principalmente provenientes de Bélgica, Francia y Reino Unido, escogieron ubicaciones como la provincia de Granada o la Región de Murcia. En 2024 fueron 8.000 personas las que participaron en la rave organizada en Fuente Álamo (Murcia) y, en 2023, 15.000 estuvieron en la primera edición, en La Peza (Granada). En ninguna de aquellas ocasiones se pudo evitar la concentración de personas en las celebraciones ilegales. El balance de estas raves suele ser de varios detenidos y decenas de sanciones por consumo de drogas.
En dispositivo, indican fuentes del Instituto Armado, estuvo integrado por 300 agentes de las Comandancias de Albacete, Murcia, Guadalajara, Toledo, Valencia, Sevilla y Zaragoza. Sin embargo, detallan desde el GRS, son efectivos sin la especialización de los antidisturbios ni su capacidad de disuasión. «Una vez más, la falta de previsión y los problemas económicos nos hizo poco eficientes».