Parece lejano, pero no ha pasado ni un mes desde el mitin de la ex ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en, por ejemplo, Cádiz. En la imagen que ilustra este artículo aquel mitin tuvo lugar en la campaña de las elecciones andaluzas y ambos pedían el voto al PSOE "para defender lo público". Lógicamente, como mejor se defiende es pagando los impuestos que corresponden, sobre todo las grandes fortunas. Y Zapatero la tiene al tasarse en 1,3 millones de euros el espectacular despliegue de joyas que custodiaba en la caja fuerte de su despacho.
Pese a esa fortuna y a ese proselitismo con quien ha dirigido la Hacienda pública en España durante ocho años, el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, le imputa varios posibles delitos fiscales e incluso de contrabando. Tantos, que dice verse obligado a abrir una pieza separada al margen de la instrucción de Plus Ultra, donde ya atribuía a Zapatero el liderazgo de una trama de blanqueo y tráfico de influencias.
El aluvión de delitos fiscales que afronta Zapatero, según el auto judicial, es considerable. "La posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante, en tanto que la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico", sostiene el magistrado instructor.
¿Puede aún regularizar Zapatero y salvar este aluvión con una multa? No, a la vista del artículo 305 del Código Penal que menciona el propio juez y que sólo permite arreglarse con Hacienda de forma voluntaria si no se ha producido aún querella o actúa "o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".
Demasiado tarde, por tanto para borrar responsabilidad penal. Así lo interpreta el veterano inspector de Hacienda y ex portavoz económico de Ciudadanos, Francisco de la Torre. Éste comenta a este diario que, con el matiz lógico de que todo es presunto por ahora y que la carga de la prueba la tiene la acusación, no cabría regularizar ya sin más: "Si no ha presentado ya las declaraciones complementarias, de acuerdo con el artículo 305.4 del Código Penal ya no puede regularizar. A partir de ahora si declara y paga se considera una atenuante, pero ya no elimina la responsabilidad penal".
Quedaría entonces por ver contra qué impuestos y en cuántos años ha podido cometer delitos fiscales Zapatero. De la Torre coincide con la apreciación inicial del juez de que puede haber una ganancia no justicada de patrimonio en el IRPF, que si excede (con un tipo del 46%) de los 120.000 euros sería un delito contra la Hacienda Pública. Pero subraya que "los factores claves serían la antigüedad y el origen". Habrá que ver prescripción posible y en cuántos ejercicios se han producido rentas no declaradas.
Otro punto delicado es el de haber introducido las joyas en España de esta cuantía sin control aduanero con efecto de fraude superior a 150.000 euros, lo que implicaría delitos de contrabando.
Impresionante e histórico abanico delictivo en todo un ex presidente del Gobierno, por tanto, si el juez logra probar que, como sostiene en el auto, no hay justificación de Zapatero por ahora para esta fortuna encubierta. Y políticamente, resuenan aún demasiado las palabras de Zapatero con apoyo entusiasta de Montero y del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en aquellos mitines en favor de "proteger lo público"·