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El sector experimenta un aumento del 59% en la inversión de las marcas, pero la vigilancia de la Agencia Tributaria amenaza se cierne sobre estos emprendedores.
El negocio de los influencers ha dejado de ser una promesa para convertirse en una industria millonaria en España, superando ya la barrera de los 400 millones de euros de facturación anual. Sin embargo, este crecimiento exponencial, impulsado por una inversión de las marcas que ha escalado un 59 % en el último año -alcanzando los 125 millones-, avanza sobre un terreno pantanoso. Según revela el informe Likes que facturan: influencers frente al reto de una gestión profesionalizada, presentado por MAIO Legal, el sector navega en una marcada inseguridad jurídica, donde el éxito comercial colisiona frontalmente con una estructura fiscal y laboral que muchos creadores de contenido aún no saben gestionar.
A pesar de que el Gobierno aprobó en 2024 un decreto para regular la figura de los macro-influencers (aquellos con más de un millón de seguidores y 300.000 euros de ingresos), la realidad es que el grueso del sector opera en un limbo. La Agencia Tributaria (AEAT) ha tomado nota de este volumen de negocio y ha dejado de considerar esta actividad como residual.
El punto crítico del informe reside en la relación de los creadores con el Fisco. El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2025 ya marcó un punto de inflexión al incorporar los "nuevos modelos de negocio digitales" como un área prioritaria de investigación. Esto significa que Hacienda ha ampliado su foco de inspección, consciente del impacto económico que manejan perfiles que, en muchos casos, siguen operando con una mentalidad amateur.
"Para madurar como industria, es clave que el creador de contenido profesionalice la gestión de su actividad", advierte Carmen Pérez Andújar, socia del área de Litigación de MAIO Legal. La experta señala un error de concepto fundamental. Muchos influencers siguen instalados en la idea del "hobby lucrativo", cuando la realidad exige una transición hacia la "empresa unipersonal".
Esta falta de profesionalización se traduce en errores básicos que pueden acarrear graves sanciones, desde la falta de alta censal en Hacienda y la Seguridad Social, hasta la incorrecta aplicación de las retenciones del IRPF o una gestión deficiente del IVA en las facturas emitidas a las marcas.
Otro de los grandes focos de tensión es el cambio de residencia fiscal, popularizado por la marcha de grandes creadores a países con tributación más laxa que la española. Los expertos advierten que el traslado no siempre es la panacea financiera. Existe un riesgo real de doble imposición. Según la normativa aplicable, un creador podría verse sujeto a impuestos tanto en su nuevo país de residencia como en aquellos territorios donde se generan sus ingresos o donde reside su audiencia principal, complicando su situación patrimonial en lugar de aliviarla.
Relación laboral
Más allá de los impuestos, la relación laboral de los influencers con las marcas plantea dudas que rozan la figura del "falso autónomo". Aunque la mayoría cotiza en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la autonomía real es cuestionable cuando una marca dicta el "qué, cómo y cuándo" se publica un contenido a cambio de una remuneración fija.
La volatilidad de los ingresos -sujetos a los caprichos del algoritmo y a la fugacidad de la fama- deja a los creadores sin una red de protección social adecuada. En este sentido, Javier Echávarri, socio director de la firma en Zaragoza, compara la situación de los influencers con la del deporte profesional. Al igual que los atletas de élite cuentan con regulaciones específicas y sindicatos que protegen carreras cortas e inestables, el sector digital demanda un marco propio.
El informe concluye que es urgente la creación de una asociación sectorial que unifique la voz de los creadores ante los reguladores para evitar sobresaltos.
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