El curso arranca oficialmente el 10 de septiembre, pero la agenda empezará antes con varias citaciones como los empresarios de Plus Ultra o la gerente de Ferraz
Regala esta noticia Añádenos en Google El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ante el Comité Federal de junio. (EP) 06/09/2026 a las 00:04h.El inicio oficial del curso judicial está fijado para el 10 de septiembre, con el acto de Apertura del Año Judicial. Sin embargo, los jueces ... de la Audiencia Nacional reactivarán antes algunas de las causas que afectan de lleno al PSOE. El foco estará puesto en el 'caso Plus Ultra', con las citaciones del expresidente de la aerolínea Julio Martínez Sola y de su exconsejero delegado Roberto Roselli, y en el denominado 'caso Leire' o 'caso cloacas', con las declaraciones como investigados de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y del abogado Ismael Oliver, entre otros. La presión judicial sobre los socialistas no se limita a estas causas. Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, apuró hasta este viernes la presentación de su escrito final de defensa, cuyo plazo expiraba el lunes, en un procedimiento condicionado por la jubilación del juez Juan Carlos Peinado el 27 de septiembre.
Más allá de los juicios orales y las fases de instrucción, el Tribunal Supremo celebrará el lunes una vista para estudiar las medidas cautelares solicitadas en relación con la ley de nietos, mientras mantiene pendiente la resolución de los incidentes de nulidad planteados contra la sentencia del 'caso mascarillas', en el que fueron condenados el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. El Tribunal Constitucional, por su parte, comenzará el 22 de septiembre a deliberar sobre los recursos de amparo de dirigentes del 'procés' a los que el Supremo denegó la aplicación de la ley de amnistía.
Caso Plus Ultra
La investigación del 'caso Plus Ultra' encara el inicio del curso judicial con un nuevo revés para José Luis Rodríguez Zapatero, después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haya rechazado el incidente de nulidad planteado por el expresidente para dejar sin efecto las actuaciones practicadas en la causa. El magistrado considera que no se vulneraron sus derechos fundamentales y avala la continuidad de unas pesquisas en las que se investiga su presunta implicación en el rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI a la aerolínea durante la pandemia.
Antes del parón estival, además, la investigación dio un vuelco con el cambio de estrategia de algunos de los investigados: el empresario y amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, el expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola y el exconsejero delegado Roberto Roselli remitieron escritos al juez mostrando su disposición a colaborar. La agenda se retoma el lunes con la comparecencia de Martínez Sola, seguida el martes por la de Roselli. Tras estos interrogatorios, quedarán pendientes nuevas diligencias sobre el rastro del dinero público y la eventual citación de otros intermediarios para determinar si existieron delitos de tráfico de influencias o cohecho en la concesión de las ayudas.
Durante la comparecencia de Martínez Martínez, fuentes judiciales ya apuntaron a la posible citación de empresarios venezolanos relacionados con la red como uno de los próximos pasos de la investigación. Mientras tanto, siguen sobre la mesa incógnitas como el origen de las joyas halladas por la Policía en la caja fuerte de Zapatero y está pendiente que Calama fije fecha para las declaraciones de sus dos hijas y de su secretaria, Gertrudis Alcázar.
Caso cloacas
La investigación del 'caso Leire', que gira en torno a una presunta red vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para entorpecer causas judiciales que afectaban al entorno socialista, afronta nuevas diligencias después del clonado del teléfono móvil del que fuera jefe de Gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano, y de la orden de rastrear la contabilidad de Ferraz. La causa se encuentra en pleno análisis de la documentación intervenida y de los indicios sobre la supuesta financiación de las 'cloacas del PSOE'.
El procedimiento se reactiva el miércoles con dos citaciones clave. Comparecerá la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, para aclarar si la formación encubrió o simuló pagos para sostener el entramado. Una vez termine, declarará el exabogado de Koldo García Ismael Oliver. Al día siguiente está previsto el interrogatorio del exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos, investigado por el presunto chivatazo con el que habría alertado a Koldo García de que la Unidad Central Operativa (UCO) le estaba investigando. También acudirá el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, para explicar las presiones denunciadas en el marco de la causa contra David Sánchez.
Caso Koldo
El 'caso Koldo' afronta el nuevo curso con varias líneas de investigación todavía abiertas en la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno, que ya interrogó la semana pasada a dos empresarios como testigos, mantiene las pesquisas sobre el presunto amaño de contratos de obra pública, la compra de material sanitario y, bajo secreto, los pagos en efectivo realizados en el PSOE entre 2017 y 2024. Esta última pieza busca determinar el origen de los fondos y si pudieron utilizarse para ocultar dinero de procedencia irregular, mientras la investigación sobre Santos Cerdán y el resto de implicados continúa avanzando.
Caso Begoña Gómez
La causa contra Begoña Gómez afronta un mes de septiembre decisivo después de que su nuevo abogado, Jaime Campaner, apurase hasta el viernes la presentación del escrito final de defensa, cuyo plazo vencía el lunes. Con este trámite ya cumplido, el foco se sitúa ahora en las decisiones que pueda adoptar el juez Juan Carlos Peinado antes de su jubilación, el próximo 27 de septiembre. El magistrado encara así sus últimas semanas al frente de una causa llena de polémica que queda a las puertas de su resolución y cuyo siguiente paso será el auto que determine la apertura de juicio oral.
Caso David Sánchez
La causa contra David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, reactiva su tramitación en septiembre a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva los escritos de aclaración sobre su sentencia del pasado 14 de julio, en la que condenó al hermano del presidente del Gobierno a 9 años de inhabilitación y al que fuera secretario general del PSOE en Extremadura a 18, ambos por prevaricación administrativa. Una vez que la Sala pacense subsane los errores materiales planteados por las defensas, se activará el plazo para formalizar los recursos de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), donde Sánchez buscará su absolución denunciando la nulidad de la incautación de correos y la falta de pruebas de cargo.
Ceuta
La investigación abierta en la Audiencia Nacional por la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio afronta ahora el debate sobre la competencia del tribunal, después de que la Fiscalía haya avalado este viernes que la jueza María Tardón continúe al frente de las pesquisas. El informe del Ministerio Público, que no es vinculante, aprecia indicios de posibles delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio y lesiones por imprudencia grave y organización o grupo criminal, y sostiene que, aunque parte de la planificación y coordinación se habría desarrollado en Marruecos, la ejecución y los principales efectos se produjeron en territorio español. La decisión definitiva sobre si la Audiencia Nacional es competente corresponderá, en todo caso, a la magistrada, que ya analiza los informes remitidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil.
No es el único frente judicial en este sentido, un juez ha abierto también diligencias previas contra el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, para investigar si incurrió en un delito de prevaricación omisiva. La querella llegó como consecuencia de la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en las que aseguró que a esta institución habían llegado los avisos del CNI de una convocatoria para el cruce fronterizo a Ceuta.
Operación Kitchen
La conocida como 'Operación Kitchen', la presunta trama parapolicial del Gobierno de Mariano Rajoy que trató de destruir pruebas sobre la financiación irregular del PP, encarará en este arranque de curso su desenlace definitivo, pendiente de la sentencia tras concluir el juicio oral a finales de julio. El fallo del tribunal fijará la responsabilidad penal de la cúpula de Interior, con peticiones de condena que alcanzan los 15 años de cárcel para el exministro Jorge Fernández Díaz y su exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, además de señalar el alcance de las penas para el comisario retirado José Manuel Villarejo o el que fuera chófer del extesorero popular Luis Bárcenas.
La familia Pujol y 'Gürtel'
La Audiencia Nacional tiene pendiente, además, otras dos sentencias con gran carga política: la del juicio contra la familia Pujol y la de la última pieza del 'caso Gürtel'. El proceso contra los hijos del expresidente catalán quedó visto para sentencia en mayo, después de 38 sesiones, y la Fiscalía mantiene peticiones de entre ocho y 29 años de prisión para los siete hijos. El expresident, de 95 años, quedó fuera del procedimiento por su deterioro cognitivo.
También está pendiente el fallo de la última pieza de Gürtel, en la que se juzgó la presunta financiación irregular del PP a través de la denominada 'caja B' y para la que la Fiscalía llegó a solicitar 77 años de prisión para el empresario Francisco Correa.
Caso Lezo
El PP afronta además el inicio del juicio oral de una de las principales piezas del 'caso Lezo', centrada en la compra presuntamente irregular de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001. El tribunal analizará a partir de este lunes el supuesto sobreprecio pagado en la operación y el presunto reparto de comisiones mediante una red societaria en el extranjero. El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González no está acusado en esta pieza, por lo que no se sentará en el banquillo de los acusados, por la rama relativa al campo de golf del Canal de Isabel II, hasta octubre.
Caso Montoro
La instrucción del 'caso Montoro' afronta un hito procesal el 14 de septiembre con la vista señalada para resolver la cuestión de competencia territorial que mantiene pausada la causa. Tras la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias —por una red para favorecer a clientes afines mediante cambios legislativos a la carta—, se determinará si la causa debe continuar su curso en los juzgados de Tarragona o inhibirse en favor de los juzgados de Madrid o de la Audiencia Nacional.
Ley de nietos
El Tribunal Supremo celebra el lunes una vista por los recursos promovidos contra la ley de nietos, que facilita el acceso a la nacionalidad a descendientes de españoles que tuvieron que abandonar el país por supuestos contemplados por la Ley de Memoria Democrática. La Sala analizará en concreto las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa, Hazte Oír y Vox en relación con determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La decisión del alto tribunal permitirá conocer si adopta alguna medida provisional mientras resuelve el fondo de los recursos.
Ley de aministía
A partir del 22 de septiembre, el Tribunal Constitucional comenzará a deliberar sobre los recursos de amparo presentados por dirigentes del 'procés' a los que el Tribunal Supremo denegó la aplicación de la ley de amnistía. La corte de garantías abordará en primer lugar el de exconseller Jordi Turull y posteriormente deberá pronunciarse sobre otros independentistas condenados, entre ellos Carles Puigdemont.
Las resoluciones serán especialmente relevantes para determinar si el Constitucional avala el criterio mantenido por el Supremo o, por el contrario, establece que la amnistía debe aplicarse también a los delitos por los que estos dirigentes quedaron excluidos de la medida.
El alcalde de Móstoles
La presión judicial sobre el PP tendrá otro episodio a partir del 9 de octubre, cuando está prevista una comparecencia del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, en el procedimiento en el que se investigan presuntos delitos relacionados con una denuncia por acoso sexual, acoso laboral y revelación de secretos. Tras rechazarse las pretensiones de archivo planteadas hasta ahora, el procedimiento continúa abierto a la espera de nuevas diligencias, entre ellas la declaración del propio dirigente popular como investigado.
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