- La Airef advierte del escaso margen para mantener las ayudas a los carburantes y empeora su previsión de déficit
- El alza de los fertilizantes pone en riesgo la producción de alimentos este mismo año
Los agricultores aseguran que si el Gobierno se limita a extender las bonificaciones actuales al carburante en el decreto que aprobará el martes los precios seguirán aumentando.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa y vicepresidente primero del Gobierno, anunció ayer que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará un nuevo decreto en respuesta a la crisis de precios derivada del conflicto en Oriente Próximo, justo un día antes del vencimiento del decreto que aún permanece vigente y que, entre otras medidas, incluye una rebaja en el Impuesto sobre Hidrocarburos (IH) a la gasolina, al diésel -en este caso, ampliada a 20 céntimos por litro- y al gasóleo profesional.
Si bien las medidas de este nuevo decreto todavía no han trascendido, los agricultores recelan ante una posible extensión de las ayudas actuales, que en su opinión no servirán para contener los precios si no se complementan, en un contexto donde la inflación alcanzó en agosto el 4,3% y el alza de precios comienza a contagiarse del sector energético al conjunto de la cesta de la compra.
Según afirman a EXPANSIÓN fuentes del sector agrario, la rebaja de 20 céntimos por litro de gasóleo B -el que utilizan los agricultores en su actividad- vigente hasta el 30 de septiembre "ahora mismo no es suficiente", habida cuenta de que "si seguimos en esta espiral de aumento de precios, para diciembre la inflación ya se la habrá comido", como ha ocurrido con el descuento actual.
Según el histórico de precios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el coste del litro de gasóleo agrícola ha subido 48 céntimos desde el 30 de junio, cuando se aprobó la rebaja; y 60 céntimos -un 53,5%- desde el 27 de febrero, justo antes del estallido de la guerra entre Estados Unidos e Irán que mantiene cerrado el estrecho de Ormuz.
En riesgo la producción de alimentos y el transporte
Por ello, las asociaciones agrarias reclaman medidas fiscales más eficientes para el sector, como recuperar la bonificación en IRPF del 35% del gasóleo agrícola; o del 15% en fertilizantes, otro de los insumos que más han elevado su precio por el conflicto.
De lo contrario, las mismas fuentes aseguran que la viabilidad del campo corre peligro, al no poder los productores "repercutir el aumento de costes en origen", con el consiguiente alza en los precios finalistas de la cesta de la compra.
En la misma situación se encuentran el resto de carburantes, cuyos precios han crecido muy por encima de las rebajas fiscales que contempla el decreto que permanece vigente. El Gobierno decidió únicamente aplicar la cláusula de salvaguarda para elevar el descuento a 20 céntimos por litro en el caso del diésel; mientras que en el de la gasolina ha ido reduciéndose paulatinamente hasta los 5 céntimos actuales. En ninguno la rebaja cubre el incremento de precios registrado desde la entrada en vigor del decreto, por lo que ampliar temporalmente las mismas ayudas no serviría para contener la inflación, pese a que dejarlas decaer supondría asimismo un incremento inmediato en el coste de los carburantes.
Ante esta situación, desde la Federación de Asociaciones de Transporte por Carretera (Fenadismer) avanzan que en la reunión que mantendrán mañana con Cuerpo trasladarán al Gobierno que proceda "de forma urgente y excepcional" a intervenir el mercado de los carburantes, poniendo topes a los precios, de forma similar al modelo de control regulado que estuvo vigente hasta 1998.
El margen fiscal para ayudas al carburante se agota
Durante su intervención ayer en el Congreso de los Diputados, el vicepresidente primero del Gobierno avanzó que el nuevo decreto deberá ser convalidado por la Cámara Baja en un plazo de 30 días, y que vigilará el "impacto de segunda ronda en la cesta de los alimentos"; aunque llamó a mantener una mirada en el medio y el largo plazo para reducir la dependencia energética e impulsar la electrificación y la descarbonización.
Ello, en un contexto donde el margen fiscal del Gobierno para aprobar medidas de respuesta es cada vez más estrecho. La semana pasada, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Inés Olóndriz, advirtió de que la prolongación del conflicto en Oriente Próximo ha obligado al Ejecutivo a acometer gastos que "quizás sean coyunturales", si bien reconoció que "vemos un aumento en gastos que quizás son permanentes, y el gasto permanente necesita una financiación permanente".
Estas partidas, "si no se compensan con otras unidades de gasto", podrían comprometer el cumplimiento de la senda acordada con Bruselas, en un contexto donde "el margen ya es limitado" y el déficit, según las previsiones de la Airef, alcanzará el 2,7% a cierre del presente ejercicio.
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