- RICARDO T. LUCAS
El actual Gobierno ha batido todos los récords de producción regulatoria, provocando una inseguridad jurídica que resulta incompatible con la estabilidad de la que hace gala su presidente.
El presidente del Gobierno se ha negado a convocar elecciones anticipadas alegando que la estabilidad política permite un mejor desempeño económico. Una premisa que es discutible porque su Ejecutivo se ha visto sometido desde finales de 2023 a un vaivén parlamentario constante debido a las exigencias caprichosas de los partidos separatistas, que le ha impedido sacar adelante una parte considerable de las reformas comprometidas con las autoridades de Bruselas a cambio de los fondos de recuperación pospandemia. Y ello a pesar del abuso de la figura del real decreto-ley, prevista para situaciones de emergencia, pero de la que Sánchez ha hecho un salvoconducto para regular los más diversos asuntos, y también varios decretos ómnibus. El último fue rechazado el pasado enero por la mayoría del Congreso.
A esa inestabilidad política se ha sumado la incertidumbre regulatoria provocada por los continuos cambios de normas, especialmente en el ámbito fiscal y en el laboral, que conforman un rompecabezas difícil de resolver para las empresas que deben aplicarlas. A diferencia de lo que cree Moncloa, la abundancia normativa no garantiza una mejor regulación, sino todo lo contrario.
Las diferentes patronales han denunciado la enorme inseguridad jurídica que provocan los constantes cambios de normativa en nuestro país, y se ha convertido en el principal motivo de preocupación entre los empresarios. El pasado 13 de mayo, las ocho mayores asociaciones empresariales de La Rioja, Álava, Navarra, Burgos, Soria, Aragón, Cantabria y Asturias firmaron en Logroño un manifiesto reclamando mayor seguridad jurídica y certidumbre normativa. En el último Informe Perspectivas 2026 de KPMG y la CEOE, el 62% de los encuestados pedían un marco regulatorio más estable.
El ámbito fiscal concentra el mayor número de modificaciones normativas aprobadas desde 2018. Bajo mandato de la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, se han reformado e impulsado un total de 140 figuras tributarias, incluyendo el aumento de las cotizaciones sociales para taponar el agujero de las pensiones públicas.
Contrarreforma
Otro de los campos en el que la inflación legislativa ha alcanzado cotas nunca vistas es el laboral. Los abogados especializados en Derecho del trabajo denuncian que el Ministerio de Yolanda Díaz ha impulsado en los últimos dos años una suerte de contrarreforma laboral que, en la práctica, ha modificado sin consenso buena parte de los elementos nucleares de la reforma aprobada con el consenso de los agentes sociales a finales de 2021 y que fue ratificada por el Congreso de los Diputados a comienzos de 2022.
Por poner números al caos normativo provocado por el Ejecutivo de PSOE y Sumar, un reciente análisis del Instituto Juan de Mariana junto al Centro de Estudios, Formación y Análisis Social del CEU señala que un 84% de las 243 iniciativas con rango de ley aprobadas entre mediados de 2018 y el primer trimestre de este ejercicio son susceptibles de derogación total o de una reforma profunda, por su carácter innecesariamente intervencionista, su mala técnica normativa o su débil justificación funcional. A las que habría que sumar las miles de ordenes que emanan cada mes de los distintos ministerios. Según sus estimaciones, reducir esas duplicidades e ineficiencias implicaría un ahorro para las empresas y los hogares de unos 90.000 millones de euros, el equivalente al 5% del PIB.
Ante la maraña de leyes, el PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a elaborar un "inventario exhaustivo del derecho estatal" que permita localizar las normas derogadas tácitamente o ya obsoletas, con el fin de proceder a su derogación expresa y declarar formalmente su pérdida de vigencia. La oposición reclama la puesta en marcha de un Plan Nacional de Simplificación Normativa, alineado con los objetivos fijados en la Brújula de la Competitividad para la Unión Europea, bajo el principio de "una norma nueva, tres derogadas". Además, los populares reclaman en su iniciativa una reducción de las cargas administrativas como mínimo del 25%, y que en el caso de las pymes alcance al 35% de todas las obligaciones regulatorias que deben satisfacer en estos momentos.
Las desastrosas consecuencias de "legislar con los pies"
El exceso de normas aprobadas en los últimos años ha tenido efectos catastróficos en el ámbito social, dentro del que sobresale la conocida como Ley del Sólo Sí es Sí, que debido a su deficiente redacción abrió la puerta a la excarcelación de miles de personas condenadas por agresión sexual, y también en el económico con la Ley de Vivienda, que ha desplomado la oferta y disparado los precios de los alquileres en la mayor parte de las ciudades españolas. Son las consecuencias más visibles de lo que los juristas califican como "legislar con los pies", que también ha disparado la litigiosidad a causa de los defectos de redacción de demasiadas normativas y los costes de cumplir la creciente regulación. Frente a este modelo tan pernicioso para la economía nacional, la Comunidad de Madrid trata de erigirse como punta de lanza de una ofensiva desreguladora con la nueva Ley contra la Hiperregulación que, además de simplificar las normas autonómicas ya existentes, obligará a que las nuevas regulaciones regionales que se creen en el futuro vengan con "fecha de caducidad".
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