A la misma hora en la que este diario empezaba a desvelar el sumario del caso Leire, Pedro Sánchez concluía en Barcelona las jornadas del Círculo de Economía entre aplausos y guiños de complicidad del empresariado catalán, dictando un discurso en el que evitó toda referencia a la corrupción, como si la cloaca del PSOE y sus ramificaciones no fueran con él -cosas de Santos Cerdán-, y anunciaba que reactivaba el proyecto de presupuestos de 2027 con la voluntad de reconstruir la mayoría con los nacionalistas.
La coincidencia en el tiempo de las nuevas muestras de la corrupción del núcleo fundacional del sanchismo, que habría constituido una organización criminal dentro del PSOE para «proteger a Sánchez» atacando a jueces, fiscales, policías, periodistas y empresarios poco afines, con este ejercicio público de cinismo del presidente del Gobierno -arropado por el establishment catalán-, ofreció un retrato de conjunto grotesco y muy preocupante. En tanto que la negación que hace Sánchez de la realidad corrupta que acecha a su Gobierno, partido y familia es, en realidad, la negación del Estado de derecho.
Cada vez que Sánchez resta toda importancia a las causas judiciales abiertas, sin apenas dar una mínima explicación o señal de sincera preocupación, el líder del PSOE está restando al mismo tiempo toda legitimidad legal y moral a la labor de los jueces, fiscales y fuerzas del orden. Y al ignorarlos, Sánchez trasciende la denuncia de un supuesto lawfare -el concepto de «guerra judicial» que el independentismo catalán introdujo en España en 2017 y que ahora verbalizan diariamente los acólitos sanchistas más matones, como Óscar Puente u Óscar López- para situar directamente al poder judicial al otro lado del muro que el presidente del Gobierno levantó hace ocho años con el fin de diferenciar entre demócratas y fachas, entre los suyos y el resto de los españoles.
El catedrático Ignacio Sánchez Cuenca defendía esta semana en su tribuna de El País desconfiar de la imparcialidad de la Justicia, «por el doble rasero policial y judicial», y, por consiguiente, confiar en la honorabilidad del presidente del Gobierno.
No obstante, la decisión de Sánchez de expulsar al poder judicial y policial independiente de un perímetro democrático que dibuja, claro, el mismo -emulando al independentismo catalán que tacha de «fuerzas de ocupación» a jueces, fiscales y policías- sigue la misma lógica de guerra sucia y tiene los mismos objetivos que el comando que montó Cerdán en el PSOE: liquidar profesional y civilmente a los funcionarios del Estado que les estorban para garantizarse la impunidad. Y por lo tanto, refuerza la sospecha de que Sánchez lo sabía todo del presunto Comando Santos y de la existencia de este Deep State socialista para un terrorismo político de baja intensidad.