Antón Costas, presidente del CES, y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
Empleo Hoy El Consejo Económico y Social acusa a Yolanda Díaz de impedir consensos en la nueva ley de prevención de riesgos laboralesEl ente denuncia el escaso plazo con el que cuenta para debatir la norma, que aprueba con "hondas discrepancias".
La patronal, en el dictamen, mantiene su rechazo a varios puntos de la reforma legislativa.
Más información: Trabajo expulsa a la CEOE de la negociación de la Prevención de Riesgos Laborales por su actitud "inasumible y de rémora"
Eduardo Ortega Socorro Publicada 30 julio 2026 02:24h Las clavesLas claves Generado con IA
El anteproyecto de ley de prevención de riesgos laborales sigue su camino. Al menos con una parte de ellos. El Ministerio de Trabajo cerró el texto tras expulsar de la negociación a la patronal. Una falta de consenso que también se ha notado en el Consejo Económico y Social (CES).
El órgano consultivo presidido por Antón Costas, y que es el más relevante en materia económico-laboral, acusa al departamento de Díaz de no favorecer el debate y el consenso a la hora de desarrollar esta norma.
Así lo recoge el dictamen que ha emitido el CES sobre el proyecto normativo, en el que denuncia el escaso plazo con el que ha contado para analizarlo y reconoce "hondas discrepancias" entre sus miembros respecto a su contenido.
Trabajo expulsa a la CEOE de la negociación de la Prevención de Riesgos Laborales por su actitud "inasumible y de rémora""El CES considera que la solicitud de dictamen (...) debería haberse producido con un plazo más amplio que el señalado de quince días", indica el texto.
El Consejo alude a "la complejidad y la relevancia de la regulación de la prevención de riesgos laborales, y de los temas objeto de modificación".
Indica que "la insuficiencia del plazo señalado, a juicio de este Consejo, no encuentra justificación en la posible urgencia por presentar el correspondiente Proyecto de Ley en las Cortes".
Esto "ha impedido explorar posibles vías de consenso sobre otras materias concretas de un proyecto normativo que incorpora muchos y complejos cambios, lo que habría sido necesario en aras de proponer mejoras en aspectos específicos de la futura normativa", añade.
Miles de personas se concentran ante la CEOE contra la siniestralidad laboral: "Queremos salud, no un ataúd"Unos consensos que, en este texto, no han sido posibles. Pese a ello, el Consejo considera que es necesario (e incluso urgente) renovar la normativa de prevención de riesgos laborales. Y valora buena parte del borrador de Trabajo.
Sin embargo, hay importantes disensos respecto a parte de sus medidas. Desacuerdos que han estado protagonizados por los representantes de la patronal y en aspectos que ya había rechazado en el Diálogo Social.
Concretamente, el Reglamento de los Servicios de Prevención que recoge el borrador. Según las organizaciones empresariales presentes en el CES, su "contribución a la mejora de la seguridad y salud en el trabajo en nuestro país es más que discutible". De hecho, denuncian que esta propuesta supone una "ruptura implícita de la lealtad institucional".
No ofrece "soluciones a las cuestiones más problemáticas de la regulación actual, entre otras, el complejo sistema de responsabilidades empresariales que se establece y los problemas derivados de la aplicación a las pequeñas y medianas empresas".
Garamendi acusa a Díaz de haber vuelto al "monólogo social" con la Ley de Prevención de Riesgos LaboralesLas organizaciones empresariales denuncian también la "inseguridad jurídica" que supone el reglamento y el incremento de cargas "organizativas y burocráticas", así como de la "responsabilidad empresarial".
La creación del agente territorial centra también la polémica. Se trata de una figura que se crea con esta legislación y que se crea para supervisar la prevención laboral en micropymes y pequeñas empresas (de menos de 10 trabajadores). Es decir, entidades que no cuentan con representación sindical o delegados de prevención propios.
Se supone que deberían ser nombrados de forma conjunta por sindicatos y patronales, pero los empresarios consideran que esto una injerencia en la actividad del sector privado, sobre todo porque la figura tiene "una finalidad sindical".
"La introducción de esta nueva figura no está justificada, ni se ha demostrado que contribuya de manera eficaz a reducir la siniestralidad laboral, pudiendo generar un incremento innecesario de la carga burocrática del sistema, especialmente cuando no se definen con precisión sus funciones, su dependencia orgánica ni los mecanismos para evitar solapamientos con otras figuras con competencias en la materia, como la Inspección de Trabajo y Seguridad Social", indican las empresariales CEOE y Cepyme en el informe del CES.