Política andaluza
El Consultivo tumba la licencia del Algarrobico tras dos décadas de parálisisEl dictamen vinculante obliga a Carboneras a anular el permiso de 2003 y acerca el derribo del hotel.
Regala esta noticia Añádenos en Google El hotel, de 21 plantas y 411 habitaciones ha cambiado por completo la imagen de una playa virgen en el litoral levantino de la provincia de Almería. (Chema Artero)Sevilla
29/05/2026 a las 09:39h.El horizonte administrativo de la playa de Carboneras puede haberse despejado con la resolución de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía. El órgano ... autonómico ha dictaminado de forma unánime que la licencia de obras concedida en enero de 2003 para levantar el hotel de El Algarrobico es nula de pleno derecho. Este pronunciamiento, de carácter preceptivo y vinculante, obliga al Ayuntamiento de Carboneras a ratificar la invalidación definitiva de la autorización urbanística en una próxima sesión plenaria, lo que desbarata el armazón legal sobre el que permanece erguido el complejo de veintiuna plantas edificado por la promotora Azata del Sol en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
La inspección minuciosa de la planimetría original del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, publicada en el boletín oficial autonómico, demostró que la parcela gozaba de la protección C1, correspondiente a áreas naturales de interés general. Esta circunstancia inhabilitaba los terrenos para cualquier desarrollo residencial u hotelero. El permiso municipal vulneró una normativa de rango medioambiental superior que prevalecía sobre las competencias locales. A este argumento se añade la transgresión evidente de la Ley de Costas de 1988, que fijaba una franja de protección de cien metros respecto a la línea marítima. El proyecto del inmueble se cobijó en un plan parcial aprobado poco antes de la entrada en vigor de la norma estatal que reducía ese margen a apenas veinte metros.
Plan sectorial
El Consejo Consultivo determina que el Ayuntamiento carbonero debió adaptar el plan sectorial a las exigencias estatales antes de otorgar la conformidad al proyecto. El incumplimiento de esta directriz derivó en una ocupación indebida del dominio público marítimo-terrestre. El organismo desestimó las alegaciones de la constructora, que esgrimía el transcurso de más de veinte años como impedimento para anular el acto. Los juristas aclararon que los plazos de caducidad carecen de vigencia en este supuesto, pues la demora responde a la densa litigiosidad que mantuvo ocupadas a las partes en las dos últimas décadas. El texto valida el informe emitido en marzo por la secretaría municipal y deja para un procedimiento posterior la cuantificación de las eventuales indemnizaciones a las que pudiera aspirar la firma privada, alegando que la entidad local carece de medios para abordar ese cálculo ahora.
La resolución debilita la posición de la promotora frente a futuras reclamaciones de compensación económica
La resolución debilita la posición de la promotora frente a futuras reclamaciones de compensación económica, pues la nulidad desde el origen priva al constructor de la condición de poseedor de un derecho consolidado. Azata del Sol llegó a exigir setenta millones de euros en litigios pretéritos, una cifra que los colectivos ecologistas consideran neutralizada tras el pronunciamiento. La organización Greenpeace reaccionó al dictamen instando al pleno municipal a ejecutar el mandato con celeridad para que entren las máquinas de demolición. La entidad ambientalista recordó que ya no subsisten mamparas burocráticas para retrasar el derribo de una edificación que definen como el emblema de la desmesura urbanística costera.
Compromiso de Montero
La resolución altera los equilibrios políticos en la gestión del conflicto, marcado históricamente por el cruce de reproches entre las diferentes esferas administrativas. El escenario actual contrasta con el panorama de febrero de 2025, cuando la entonces vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, acudió a la zona para anunciar una declaración de utilidad pública que permitiera la expropiación parcial de las parcelas estatales. Aquel anuncio, coincidente con una ofensiva de la Junta de Andalucía respecto a la ampliación de espacios protegidos en Doñana, buscaba disputar la hegemonía de la gestión ambiental andaluza. El compromiso de Montero de que la demolición se iniciaría ese mismo año nunca se llegó a cumplir.
La Junta censuró entonces aquella iniciativa por considerarla una maniobra unilateral ajena a los acuerdos de la comisión mixta de seguimiento. El Ejecutivo autonómico sostuvo que la vía de la expropiación amenazaba con eternizar el conflicto en los juzgados y que la senda más eficiente requería la anulación de la licencia por parte del Consistorio, opción que ahora suscribe el Consultivo. Las dos administraciones pactaron en 2011 un protocolo de colaboración que distribuye las tareas del desmantelamiento: el Estado central asumirá el coste del derribo y la retirada del hormigón, valorados en siete millones de euros según informes técnicos, mientras que la Junta gestionará el reciclaje de los residuos y la regeneración ambiental de la playa. La corporación local deberá convocar ahora la sesión plenaria que extinga de forma definitiva el permiso de 2003 y ponga fin a la existencia jurídica del hotel.
comentarios Reportar un error