El tribunal que juzga la operación Kitchen ha escuchado este martes la declaración de un cura, ex policía y ex magistrado amigo de Jorge Fernández Díaz, que envió al ex ministro del Interior los mensajes que recibía del también acusado Francisco Martínez.
El ex secretario de Estado de Seguridad envió un mensaje al testigo, Silverio Nieto, indicando que le habían pedido en la Audiencia Nacional que entregara las actas notariales con mensajes de "instrucciones muy claras y explícitas" de los operativos policiales. Añadía Francisco Martínez que hacerlo "necesariamente conllevará la citación de Jorge y probablemente de Rajoy".
El sacerdote lo reenvió inmediatamente al ex ministro, que le contestó. "Para nada, yo nunca me he dirigido a Francisco Martínez por correos electrónicos y en ningún caso le he dado instrucciones sobre operativos policiales. Eso me respondió".
Nieto ha explicado que conocía a los dos altos mandos de Interior acusados por la operación Kitchen, particularmente al ex ministro. "Es una persona religiosa, suele asistir a misa diaria, cambiaba de iglesia por razones de seguridad y algunas veces iba a la iglesia en donde un servidor está destinado".
También conocía el testigo a Enrique García Castaño, el comisario que en la Audiencia reconoció la existencia de la operación para robar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas el material que pudiera perjudicar al partido. El sacerdote reenviaba al ex ministro y al comisario lo que le llegaba del secretario de Estado, que según ha dicho contactaba con él porque estaba "desamparado". "Entiendo que por mi condición de religioso".
Un silencio "extraño"
El fiscal ha insistido en que recordara qué había hablado con los tres protagonistas sobre la operación Kitchen, pero el testigo -con obligación de decir verdad- ha mantenido que nunca comentaron nada. Todo se limitó al envío y reenvío de los mensajes localizados en la investigación. Al fiscal de Anticorrupción le ha parecido "extraño" que eso fuera así.
El siguiente en comparecer ha sido Diego Pérez de los Cobos, conocido como coordinador del dispositivo frente al referéndum ilegal del 1-O y que durante la operación Kitchen (2013 a 2015) era director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Eso ponía bajo la responsabilidad del coronel de la Guardia Civil ya jubilado la gestión de los fondos reservados. Se emplearon para pagar al chófer de Bárcenas, que informaba de sus movimientos a los acusados: 2.000 euros al mes y una pistola.
Ha declarado que "nunca" detectó "ninguna irregularidad" en sus siete años en el puesto. No recordaba ninguna operación con un nombre como Kitchen o Cocinero o Bárcenas, aunque como solía recibir datos de uno o dos centenares de operaciones, pudiera ser que hubiera sido así.
Su papel quedaba algo lejos de la operativa diaria como para arrojar luz sobre el caso: "Mis funciones eran de cajero, una función documental y no de control sobre el uso último de esos gastos".
A preguntas de la defensa del chófer, ha dicho que no era algo "extraordinario" pagar una mensualidad a un confidente. Ni que unidades policiales distintas se ocultaran información. Y que, en ocasiones, las investigaciones policiales no acaban en un juzgado al no lograrse avances.
Las defensas de los mandos policiales acusados sostienen que se trató de una operación legal para localizar los fondos aún ocultos del ex tesorero del PP. En contra de ello, la Fiscalía, la familia Bárcenas y las acusaciones del PSOE y Podemos resaltan que la Udef, la unidad que ya investigaba el caso Gürtel, nunca tuvo noticia de que existieran seguimientos al entorno del ex tesorero con esa intención. Eso implica, consideran, que se trató de un operativo ilegal que no buscaba esclarecer los hechos, sino proteger al Partido Popular.