La Abogacía del Estado utiliza especialmente las acusaciones públicas de Ábalos y de la entonces vicepresidenta primera, María Jesús Montero, contra la unidad para justificar la información reservada ordenada el 12 de mayo de 2025. Ese mismo día, la dirigente socialista y entonces número dos del Gobierno señaló a los funcionarios de la Guardia Civil porque eran quienes custodiaban los wasaps entre Ábalos y Pedro Sánchez.
Llamas utiliza declaraciones de Ábalos y Montero para sostener que era razonable investigar si la filtración procedía de la UCO
La principal línea de descargo se apoya en siete informaciones publicadas entre el 28 de mayo de 2024 y el 12 de mayo de 2025. Las dos primeras se refieren a la pieza abierta por el juez Juan Carlos Peinado por la filtración de un informe de la UCO en el caso Begoña Gómez y a las pesquisas sobre el hermano de Sánchez. Llamas las utiliza para defender que las filtraciones de diligencias judiciales podían ser investigadas por decisión del magistrado responsable.
Los otros cinco recortes se centran en los dispositivos de Ábalos y en sus conversaciones con Sánchez. En esas informaciones, publicadas en octubre de 2024, se indicaba que la UCO tenía en su poder memorias USB que contenían los wasaps intercambiados por ambos desde 2017.
El Mundo publicó el 11 de mayo de 2025 las conversaciones que sirvieron de pretexto para poner bajo sospecha a la UCO. Las informaciones aportadas por Llamas acreditan que, un día después, el propio Ábalos acusó a la unidad de filtrar los mensajes y que Montero responsabilizó ante la prensa a quien tenía el deber de custodiarlos. La vicepresidenta afirmó que los chats debían haberse mantenido a resguardo o haber sido eliminados.
El dato central es que el general jefe de Armas, Explosivos y Seguridad recibió el encargo de instruir la información reservada ese mismo 12 de mayo. La Abogacía del Estado cita las afirmaciones de Ábalos y Montero como elementos que hacían razonable comprobar si la filtración podía proceder del material custodiado por la UCO. No aporta, sin embargo, ningún indicio policial que atribuya la difusión a alguno de sus agentes.
Llamas ha entregado además a Pedraz cuatro mensajes intercambiados entre el 11 y el 13 de mayo de 2025 con el general Alfonso López Malo, entonces jefe de la Jefatura de Policía Judicial, de la que depende orgánicamente la UCO. En el primero, remitido a las 9.11 horas del día 11, López Malo comunicó que los investigadores estaban comprobando de nuevo los escritos y diligencias enviados al juzgado en la operación Delorme. Llamas contestó tres minutos después: «OK, gracias».
A las 12.57 horas, López Malo confirmó que en los informes y diligencias remitidos al órgano judicial no había «nada relativo a los dispositivos a los que se refiere el señor Ábalos». Añadió que la UCO revisaba discos duros, memorias USB, teléfonos y tabletas «por si apareciera lo publicado en el diario El Mundo».
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