El escándalo por el desahucio de Maricarmen solo es el preludio de la batalla política por la crisis de la vivienda antes de las elecciones. Sánchez tira de populismo para recuperar terreno.
Que vaya tomando nota Feijóo de lo que le espera si finalmente gana las elecciones generales el próximo año y llega a gobernar, porque lo del desahucio de Maricarmen es solo el aperitivo. La crisis de la vivienda va a ser a partir de ahora un campo de batalla político. Que sepa Feijóo que en la España que va como un cohete hay decenas de miles de dramas como el de esta abuelita que, en la antesala de las elecciones, van a ser usados como armas electorales.
Pareciera en las últimas horas que a Maricarmen la hubieran sacado de su casa a patadas el propio Feijóo ayudado por Abascal, Ayuso y Almeida y todo para saciar el apetito de un lobo, llámese fondo buitre, que en realidad resulta ser una pyme madrileña con ánimo de lucro.
Lo cierto es que a Maricarmen la desahuciaron este miércoles 50 antidisturbios enviados por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre –hombre de total confianza de Pedro Sánchez–, para cumplir la sentencia emanada de dos leyes impulsadas y aprobadas por el Partido Socialista de Felipe González. La primera, el decreto de Miguel Boyer de 1985, que acabó con las prórrogas forzosas en los contratos de arrendamiento y, la segunda, la Ley de Arrendamientos promovida por Josep Borrell en 1994, cuyo objetivo era ir finiquitando aquellos contratos de renta antigua que instauró Franco y que ahora Irene Montero, sin atribuírselo al dictador por supuesto, toma como modelo universal.
No se trata de criticar la ley de Boyer, ni la de Borrell, ambas socialistas, que lo único que pretendían era ir suprimiendo privilegios que creaban ciudadanos de primera y de segunda, sino la hipocresía de unos políticos que tres décadas después han hecho de la demagogia su forma de vida. Ayer el Gobierno estaba haciendo escorzos con tirabuzones para atribuirle la penuria de Maricarmen también a Franco, aunque es probable que ella en su fuero interno todavía le esté dando las gracias al dictador por haberla permitido gozar de un alquiler en muy buenas condiciones en la mejor zona de Madrid, ahorrándose el tremendo esfuerzo que supone para cualquier español medio comprarse una vivienda con su correspondiente hipoteca.
El bulo de la maldición franquista que pesaba sobre Maricarmen lo extendió con especial vehemencia la ministra de Igualdad y doctora en Derecho, Ana Redondo. Dijo la ministra que Maricarmen iba a ser desahuciada porque en 1956 las leyes machistas de Franco impedían a la mujer casada (no así a la soltera o viuda) firmar contratos de arrendamiento (cierto) y que eso había provocado que no hubiera una sino dos subrogaciones del contrato (una desde su padre hacia su madre y otra de su madre a ella), la segunda de las cuales dejaba a la inquilina a la intemperie.
La segunda parte del argumento es un bulo porque Ana Redondo oculta que la Ley de Arrendamientos de 1994 establece que los hijos solo podrán subrogarse el contrato por dos años, y da igual que sea la primera o la segunda vez que esto ocurre, con lo que Maricarmen llevaba 32 años colgada de la brocha por una legislación impulsada no por Franco sino por el PSOE. La versión 'fake' de Redondo fue repetida en Televisión Española en horario de máxima audiencia por David Broncano en su programa 'La Revuelta'.
El Gobierno ha visto en el caso de Maricarmen una oportunidad para contrarrestar el problema que tiene en Ceuta por la ocupación de la ciudad llevada a cabo por 15.000 inmigrantes, por las joyas de Zapatero (ayer por fin el expresidente recordó después de cuatro meses que se las había regalado el difunto rey de Arabia Saudita) y por el juicio con jurado a Begoña Gómez, la esposa del presidente, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
En estas circunstancias Sánchez se ha lanzado con todo a pesar de las contradicciones que le persiguen, tales como que el PSOE se abstuviera recientemente cuando Sumar propuso prohibir a los fondos buitre comprar inmuebles. Lo hizo en un ataque de responsabilidad, porque Carlos Cuerpo le advirtió que una medida de este tipo ahuyentaría a los inversores que este país necesita para construir la vivienda que se necesita.
Tras lo ocurrido con Maricarmen, el PSOE ha desistido ya de buscar una solución real al problema de la vivienda y empieza a utilizarla como arma arrojadiza electoral, con la tentación de ahondar en esas medidas populistas que le proponen sus socios y que agravan el problema. Aprovechando el drama de Maricarmen, Sumar quiere recuperar la idea recientemente rechazada de topar los alquileres e incluso propone la expropiación del piso en el que vivía la abuela, retorciendo hasta el extremo la interpretación del artículo 33,3 de la Constitución, que precisamente lo que protege es la propiedad.
¿Por qué la empresa propietaria no ha querido que Maricarmen siguiera en el piso a pesar de que el pianista James Rhodes se había comprometido a pagar el alquiler a precio de mercado? Es una hipótesis incompleta porque no se conocen los detalles de la oferta real de Rhodes, pero la razón bien pudiera estar de nuevo en la regulación. El proteccionismo que dificulta echar a un vulnerable, cargando el coste no sobre el Estado sino sobre el propietario, provoca que a cualquier persona que esté en esas circunstancias le sea casi imposible alquilar un piso en cualquier ciudad de alta demanda. Y esto no se va a solucionar hasta que se ponga fin al problema real, que no es otro que un déficit estructural que el Banco de España cifra en 750.000 viviendas.
El caso de Maricarmen no es ni único ni mucho menos el más sangrante. De hecho tanto la Comunidad de Madrid como el propio Ayuntamiento de la capital le han ofrecido alternativas habitacionales que pueden parecer razonables. De ahí que de nuevo la vehemencia y el altavoz que ha tenido el drama de Maricarmen apunte a una representación política perfectamente orquestada. No se explica de otra manera porque cada año se practican en España más de 25.000 desahucios, de los cuales casi 7.000 son en Cataluña, frente a 2.119 en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué entonces esta batalla ha empezado precisamente por Maricarmen y en Madrid? La guerra sucia se ha desatado de cara a las elecciones.
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