El fin de un mal registro

LA OLA

Pilar Martínez

Málaga

La noticia ha pasado casi de largo a nivel nacional porque el panorama político tiene como protagonistas problemas de mayor calibre y, sobre todo, de ... mayor sonrojo. Si la política estuviera centrada en la gestión y en los problemas de los ciudadanos quizá hubiera ocupado más de un titular el hecho de que el Tribunal Supremo haya anulado la obligación impuesta por el Ejecutivo español de inscribir en el Registro Único del Alquiler Turístico los inmuebles para poder comercializarlos en las principales plataformas del sector. Un censo que nunca debió existir. De hecho nació sentenciado por cinco comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, que presentaron sendos recursos ante el Supremo tras advertir reiteradamente al Ministerio que no tenía competencias para hacerlo y que de querer seguir para adelante con la propuesta bastaba con un volcado de las viviendas turísticas autorizadas en cada comunidad.

Como si el Registro Único fuese la varita mágica con la que poner fin a una crisis habitacional que sólo se soluciona con la habilitación de suelo para construir a velocidad de vértigo y con rebajas sustanciales de los impuesto con los que el Ejecutivo grava las obras, al menos, para ese colectivo de jóvenes condenados a vivir en casa de sus padres por más cualificados que estén. Al final se ha impuesto la ley, la lógica y la sensatez, pero la Federación de Viviendas Turísticas eleva a 160 millones la cuantía a la que puede ascender el aluvión de reclamaciones al Gobierno. En definitiva, la crónica de una ilegalidad anunciada.