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La mejora de salarios y bases de cotización, la revalorización de la cuantía máxima de la prestación y el acceso de los fijos discontinuos parados impulsan el desembolso. Sin contar la pandemia, es el mayor coste en doce años.
La mejora de los salarios con unas bases de cotización más elevadas, la revalorización de la cuantía máximas fijada por ley y el impacto de los fijos discontinuos inactivos están impulsando el gasto en prestaciones por desempleo en un contexto de reducción del paro. La factura acumulada entre los meses de enero y julio -último dato disponible- asciende a 14.695 millones de euros, lo que supone un gasto medio mensual que supera ligeramente los 2.000 millones. De este modo, en los siete primeros meses del año el Estado ha destinado a prestaciones a parados un 3,8% más que el mismo periodo del pasado ejercicio y un 22% más que hace cuatro años (12.051 millones entre enero y julio de 2022). Sin embargo, las listas del SEPE registraron a cierre de julio 2,31 millones de parados, 93.107 personas menos que en el mismo mes del pasado ejercicio (una caída de casi el 4%) y el nivel más bajo para este periodo de 2007.
Es decir, la estadística dibuja un escenario de caída del número de parados mientras aumenta la factura de las prestaciones. De hecho, este nivel de desembolso en los primeros siete meses de 2026 supone no solo el más elevado desde los exagerados niveles de pandemia, cuando el gasto estuvo altamente afectado por los ERTE especiales por covid -donde los trabajadores afectados tenían derecho a prestación sin consumir paro- llegando a alcanzar los 23.064 millones entre enero y julio de 2020, sino que hay que retroceder a 2014 para observar un nivel de gasto superior (15.406 millones en el periodo observado) si descontamos los episodios extraordinarios de la crisis sanitaria.
Ajeno a la regularización
Según establece la legislación, para tener derecho a la prestación contributiva por desempleo, los trabajadores en edad laboral -mayores de 16 años que no hayan alcanzado la edad ordinaria de jubilación- deben acreditar una cotización mínima de 360 días dentro de los seis años anteriores a la solicitud. Asimismo, es indispensable encontrarse afiliado y en alta (o situación asimilada) en la Seguridad Social y figurar formalmente inscrito como demandante de empleo. También exige hallarse en situación legal de desempleo -escenario que incluye a los afectados por un ERTE- y no percibir de forma simultánea ninguna pensión pública de la Seguridad Social que sea incompatible con la actividad laboral.
Con estos requisitos, uno de los elementos que por el momento están descartados como causa del incremento de la factura es el impacto del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, que estuvo en vigor entre el 15 de abril y 31 de junio de este año, al que se acogieron 1,17 millones de personas. Aunque el Ministerio de Trabajo reconoce que desde que se puso en marcha la regularización cerca de 40.000 personas han causado alta en el SEPE, recuerdan que estas no han tenido tiempo material para consagrar el derecho a prestación contributiva ni tampoco para el subsidio. Para poder acceder a esta renta asistencial se exige estar inscrito como demandante de empleo, carecer de rentas superiores al 75% del salario mínimo y haber cotizado al menos 3 meses (con cargas familiares) o 6 meses (sin ellas).
El Ministerio de Trabajo sí señala, no obstante, que los efectos de la absorción del colectivo operarán aún durante varios meses a medida que se vayan admitiendo los expedientes, momento en que las personas ya reciben los permisos de trabajo.
En cambio, una de las causas que sí apunta directamente a este aumento de la factura del 22% en cuatro años es el incremento de las cuantías. Este año, la prestación contributiva se sitúa en 1.225 euros al mes sin hijos a cargo, 1.400 euros con un hijo, y 1.575 euros con dos o más hijos a cargo. Respecto a 2022, todas estas cuantías han experimentado un incremento del 3,6%. Además, como se ha mencionado, la otra parte del motivo asociado a la revalorización es al parte de la mejora de los salarios y de las bases que dan derecho a una mayor cuantía (el importe de la prestación parte del 70% de la base reguladora durante los primeros 180 días y el 60% a partir del día 181, sin poder superarse los máximos). Así, mientras que la cuantía media en 2022 se situaba en 862,3 euros mensuales, esta ascendía en junio de este año a los 1.000 euros, lo que supone un incremento del 16% (137,7 euros más).
Los fijos discontinuos
En este punto, para aproximar el impacto de los fijos discontinuos inactivos sobe la factura de las prestaciones por desempleo, cabe recordar que estos trabajadores que interrumpen su trabajo tienen la peculiaridad que no aparecen como afiliados a la Seguridad Social pero tampoco se suman al paro. Sin embargo, tienen derecho a cobrar la prestación por desempleo. Esta condición hace que puedan cobrar el paro, sin aparecer como tal en las listas del SEPE.
Entre julio de 2022 y 2026, el total de beneficiarios de prestaciones por desempleo ha aumentado un 5,6%, pasando de 1,75 millones a 1,85 millones personas (un incremento de 98.767 beneficiarios). Este crecimiento está impulsado principalmente por la prestación contributiva, que registró un notable aumento del 21% (+170.269 personas) al subir de 810.390 a 980.659 perceptores; mientras que los beneficiarios del subsidio experimentaron una subida más moderada del 7% (+53.667 personas), pasando de 758.439 en 2022 a 812.116 en 2026. Por lo que buena parte del incremento del volumen de beneficiarios de la prestación contributiva responde al acceso de estos fijos discontinuos parados.
Aunque no existe una estadística de este universo de trabajadores, que no aparecen ni como empleados ni como parados, las cifras más aproximadas las ofrecen los demandantes de empleo con relación laboral una vez descontados los trabajadores en ERTE. Según Randstad, este dato sitúa a los fijos discontinuos parados en 884.323 personas -si se suman al paro registrado, elevaría la cifra de lo que se denomina el desempleo efectivo a los 3,2 millones en agosto de 2026-.
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