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El Gobierno aborta el decreto de alquileres al constatar que nacía muerto con el "rechazo frontal" de Junts y de Podemos

El Gobierno aborta el decreto de alquileres al constatar que nacía muerto con el "rechazo frontal" de Junts y de Podemos
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Moncloa renuncia a llevar el que congelaba alquileres hasta 2028 y reformaba la ley del suelo este martes al Consejo de Ministros. Más información: El decreto de PSOE y Sumar que congela alquileres hasta 2028 nace muerto: Junts ya votó en contra y Podemos lo rechaza.

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en la bancada del Gobierno en el Congreso, con gesto serio. Efe

Política El Gobierno aborta el decreto de alquileres al constatar que nacía muerto con el "rechazo frontal" de Junts y de Podemos

Moncloa renuncia a llevar el que congelaba alquileres hasta 2028 y reformaba la ley del suelo este martes al Consejo de Ministros.

Más información: El decreto de PSOE y Sumar que congela alquileres hasta 2028 nace muerto: Junts ya votó en contra y Podemos lo rechaza.

Publicada 27 julio 2026 11:33h Actualizada 27 julio 2026 11:54h Las claves

Las claves Generado con IA

El Gobierno ha decidido no llevar este martes al Consejo de Ministros el real decreto de vivienda pactado por PSOE y Sumar para congelar los alquileres hasta 2028. Moncloa asume que el texto nacía muerto al no contar ni con el apoyo de Junts ni con el de Podemos, imprescindibles ambos para convalidar la norma en el Congreso.

La decisión se ha tomado tras constatar, en las últimas horas, que las advertencias de los morados y el rechazo explícito de Junts, expresado este mismo lunes a primera hora por su portavoz Míriam Nogueras, no eran sólo un gesto negociador, sino un veto real al paquete tal y como estaba redactado.

Ante la perspectiva de una nueva constatación de su minoría, de otro decreto tumbado en la Cámara y de una nueva inseguridad jurídica para miles de contratos de alquiler, el Ejecutivo opta por frenar la aprobación y retrasarla a después del verano.

Fuentes gubernamentales admiten que el decreto de vivienda se había convertido en un símbolo de la fragilidad de la legislatura: un texto presentado como "escudo para los inquilinos" que, sin embargo, evidenciaba la ruptura definitiva de Junts y el distanciamiento con Podemos, ya en modo precampaña.

El movimiento de abortar la aprobación inmediata busca ganar tiempo. En teoría, para recomponer puentes, y rehacer el equilibrio entre socios. Pero sobre todo, para usarlo como parte de la precampaña del Gobierno, junto a unos Presupuestos que tampoco lograrán apoyos, ya que Junts confirmó el jueves su no a la senda déficit.

L'habitatge s'ha convertit en l'ascensor social espatllat de la classe mitjana catalana. Tenim damunt la taula propostes concretes que augmenten l'oferta real en comptes de limitar-se a repartir el poc que queda. La feina està feta. Executem-la: https://t.co/O3O2FqCiyc

— Miriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) July 27, 2026

El Gobierno ha acordado trasladar la aprobación del decreto de Vivienda "al mes de septiembre", para lograr "un acuerdo con las fuerzas parlamentarias", confirman fuentes de Moncloa.

La primera consecuencia de este giro es que el decreto ni siquiera se debatirá en la mesa del Consejo de Ministros, pese a que la aprobación estaba prevista desde la semana pasada, tras alcanzar un acuerdo en el que PSOE asumía medidas muy intervencionistas, que rechaza Junts, y Sumar tragaba con la reforma de la ley del suelo, que no acepta Podemos.

Prórroga hasta 2028

El texto ahora congelado incluía la prórroga forzosa de los contratos de alquiler hasta 2028, la inclusión de las habitaciones y los alquileres de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos, la subida al 21% del IVA de los pisos turísticos y cambios profundos en la ley del suelo.

Precisamente esa reforma urbanística, que afecta a recursos contra planes, derechos de reversión y agilización de proyectos, es la que Podemos considera un "traje a medida" para grandes corporaciones.

Todas las anteriores medidas "contra los pequeños propietarios" y "absolutamente contraproducentes para la oferta de pisos" son las que Junts ve como una amenaza para el mercado de la vivienda y la seguridad jurídica.

"Tras semanas intensas de negociación", explican fuentes del Gobierno, "el Ministerio de Vivienda se reafirma en la posibilidad de un acuerdo amplio y transversal" para sacar adelante un "ambicioso paquete de medidas que de estabilidad a quien vive de alquiler" y que "impulse la oferta de vivienda asequible".

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A pesar del "rechazo frontal" tanto de Podemos como de Junts al texto, las citadas fuentes gubernamentales agradecen "la responsabilidad y generosidad de todos los grupos".

Según el Ejecutivo, "el acuerdo está más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura". Y atribuyen a "la premura en el calendario" como obstáculo principal para el acuerdo, "dada la complejidad del texto".

A partir de septiembre el Ejecutivo intentará trocear o reformular el paquete, consciente de que la prórroga de alquileres cuenta con apoyo social y sindical.

Meses de tensión

El decreto de vivienda que PSOE y Sumar habían cerrado tras meses de tensión interna se presentaba como una pieza clave de la agenda social del Gobierno, con la promesa de congelar los alquileres hasta 2028 y reforzar los topes intervencionistas en zonas tensionadas.

El borrador, remitido a los grupos la semana pasada, ampliaba la prórroga forzosa de los contratos, garantizando extensiones obligatorias para los inquilinos cuyos contratos vencieran antes de junio de 2028 y evitando subidas de precio durante ese período.

Además de la prórroga, el texto incluía por primera vez el tratamiento del alquiler por habitaciones como un todo: así, la suma de los alquileres por piezas no podía superar el precio total de la vivienda.

Asimismo, los inquilinos avanzaban en amparo jurídico por encima de los caseros en devoluciones de fianzas y reparaciones, que pasan a correr a cargo del propietario cuando derivan del uso ordinario.

Incentivos y suelo

Otro bloque del decreto se dirigía a movilizar vivienda asequible mediante incentivos fiscales y una línea de avales del ICO de hasta 2.000 millones para financiar vivienda social y construcción industrializada, además de la obligación de publicar el índice de referencia en los anuncios de pisos en alquiler.

La parte más polémica, y a la postre detonante del bloqueo, era la reforma de la ley del suelo, con cambios en los recursos contra instrumentos de planeamiento y en el régimen de cancelación de derechos de reversión en terrenos expropiados.

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Podemos anunció que ni se sentaría a negociar si no se retiraba de antemano esa parte del articulado.

Para los morados, esos ajustes abren la puerta a "legalizar proyectos urbanísticos irregulares con efectos retroactivos" y a "reducir los controles sobre futuros desarrollos".

Dimisión y elecciones

Junts, por su parte, mantiene desde noviembre de 2025 una "ruptura definitiva" con Sánchez, y solo está dispuesto a apoyar normas negociadas específicamente con ellos y que, según su propia doctrina, "favorezcan a Cataluña" o se negocien expresamente con la formación de Carles Puigdemont.

El recuerdo del precedente de febrero —cuando Junts tumbó junto al PP y Vox el llamado "decreto ómnibus" con medidas antidesahucios, escudo social por la guerra y subida de pensiones— pesa ahora en cada movimiento de Moncloa.

Entonces, la caída de la norma dejó en el limbo miles de renovaciones forzosas y disparó la litigiosidad, un escenario que el Gobierno quiere evitar ahora y que ha pesado en la decisión de no arriesgarse a otro decreto sin mayoría clara.

Con el decreto de vivienda aparcado hasta después del verano, el Ejecutivo afronta un verano de resistencia con la necesidad de recomponer relaciones con Junts, que ya ha votado junto a PP, Vox y UPN para exigir la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas.

La vivienda, convertida en terreno de batalla entre socios y aliados, será uno de los primeros test a la vuelta del verano de la legislatura... o de la precampaña.

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