El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acto de la Policía Nacional. EFE
España INTERIOR El Gobierno bloquea la jubilación anticipada de Policía y Guardia Civil por su coste para las arcas públicasMoncloa rechaza dar su conformidad a la ley del PP que pretendía aplicar un coeficiente reductor del 0,20 a los agentes y también a Vigilancia Aduanera.
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Brais Cedeira Publicada 10 septiembre 2026 17:37h Actualizada 10 septiembre 2026 17:38h Las claves Síguenos Las claves Generado con IAEl Gobierno ha bloqueado la tramitación de la proposición de ley que pretendía reconocer la jubilación anticipada a los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil por la peligrosidad de su trabajo.
El Ejecutivo ha comunicado al Congreso su disconformidad con la iniciativa por el impacto que tendría sobre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social, impidiendo así que pueda continuar su tramitación parlamentaria.
La propuesta, presentada por el Grupo Popular, planteaba modificar la Ley General de la Seguridad Social para incorporar a los policías nacionales, guardias civiles y funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera entre los colectivos que pueden beneficiarse de coeficientes reductores de la edad de jubilación.
El texto fue registrado el pasado 29 de mayo y el Congreso dio al Gobierno hasta este jueves, 10 de septiembre, para fijar su criterio.
El documento remitido ahora por el Ejecutivo a la presidenta del Congreso de los Diputados señala expresamente que "la aprobación de la Proposición de Ley es susceptible de producir tanto una disminución de los ingresos como un incremento de los gastos presupuestarios".
Por este motivo, el Gobierno no presta su conformidad a la tramitación, al amparo del artículo 134.6 de la Constitución.
La iniciativa del PP establecía un coeficiente reductor del 0,20. Esto supondría reducir la edad ordinaria de jubilación en un periodo equivalente al 20% de los años completos efectivamente trabajados en estos cuerpos. El texto fijaba además que, en ningún caso, se podría acceder a la jubilación por debajo de los 60 años, o de los 59 años para quienes acreditasen 35 o más años de actividad efectiva y cotización.
El Gobierno sostiene que la aplicación de este sistema tendría un doble efecto económico: por un lado, aumentaría el gasto en pensiones, al comenzar a cobrarse las prestaciones antes; por otro, se produciría una pérdida de ingresos por cotizaciones como consecuencia de la salida anticipada del mercado laboral.
El Supremo ordena al Gobierno que la jubilación anticipada en la Policía tenga las mismas condiciones que en los MossosSin embargo, esta decisión del Ejecutivo contraviene una sentencia dictada hace un año por el Tribunal Supremo, en la que obligaba al Gobierno a corregir la discriminación a la que venían sometiendo a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, al negarles el derecho a la jubilación anticipada del que sí disfrutan la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y los policías locales.
Impacto
Para calcular ese impacto, el Ejecutivo reconoce que sería necesario disponer de un estudio específico sobre la peligrosidad del trabajo de los funcionarios de Vigilancia Aduanera, con información sobre su movilidad y mortalidad. Sin embargo, ante la ausencia de esos datos, realiza una estimación tomando como referencia al colectivo de la Policía Nacional.
Bajo el supuesto de que Vigilancia Aduanera presenta una composición por edades y unos salarios similares a los de la Policía Nacional, el Gobierno calcula que sería necesario aplicar un tipo adicional de cotización del 10,6% para compensar el coste del sistema.
El documento parte además de un escenario de unos 2.500 efectivos de Vigilancia Aduanera durante todo el periodo para realizar sus cálculos. El propio informe explica que tanto los mayores gastos en pensiones como los mayores ingresos derivados de las cotizaciones adicionales tendrían que reflejarse presupuestariamente en las partidas correspondientes.
En concreto, el Ejecutivo señala que el incremento de las cotizaciones se imputaría al régimen general de la Seguridad Social, distinguiendo entre las cuotas de los empleadores y las cuotas de los trabajadores.
La cuestión de la jubilación anticipada de Policía Nacional y Guardia Civil lleva años pendiente de una solución legislativa. El Real Decreto 402/2025 estableció el procedimiento para determinar coeficientes reductores para colectivos sujetos al Régimen General y puso en marcha una mesa técnica para estudiar el caso de estos cuerpos.
Con su decisión de este jueves, el Gobierno no entra a valorar en el documento la conveniencia o no de reconocer la peligrosidad de la actividad policial, sino que utiliza el impacto presupuestario como argumento para impedir que la proposición de ley del PP pueda seguir adelante en los términos planteados.
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