La Moncloa quiere acometer una nueva reforma de la Constitución en esta legislatura. En este caso, para blindar el derecho al aborto de las mujeres en la sanidad pública. En octubre, cuando el Ejecutivo anunció su intención y presentó el texto para someterlo a examen de los órganos consultivos, como el Consejo de Estado, el PP ya mostró su posición contraria alegando que "ya está permitido y regulado en España, además de avalado por una sentencia firme del Tribunal Constitucional". Ahora, el Gobierno manda al Congreso el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución. "En la sanidad pública no está garantizado", esgrime Ana Redondo, ministra de Igualdad.
La iniciativa llega en un momento político en el que tienen que dirimirse los pactos entre el PP y Vox en distintas comunidades -Extremadura, Aragón, Castilla y León- para determinar la gobernabilidad de estos territorios. Un contexto importante y sobre el que pivota gran parte de la decisión de ir adelante con esta iniciativa, que necesita del apoyo de los populares para ser validada en el Congreso. El Ejecutivo apela al "movimiento ultrareaccionario que ha puesto en la diana los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a nivel global. También en España". Recuerdan en el Ejecutivo lo sucedido recientemente en Elche, donde el PP y Vox se unieron para derogar cualquier ley que permita el aborto.
Esta iniciativa está pilotada por los ministerios de Igualdad, Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y Sanidad. El Consejo de Estado dio luz verde a la intención del Gobierno, pero avisó de que habría que contemplar la interrupción voluntaria del embarazo en el capítulo de derechos fundamentales, lo cual llevaría a disolver las Cortes. Esto es, lo recomendable sería blindarlo como un derecho fundamental y no como un derecho a la protección de la salud, para lo que habría que modificar el artículo 15 y no el 43 de la Carta Magna.
Para obviar esta recomendación, el Gobierno argumenta que la libertad de decisión de la mujer queda protegida por los artículos 10.1 y 15 de la Constitución Española, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, estableciendo que los poderes públicos deben garantizar su ejercicio en condiciones de igualdad real y efectiva.
"Lo que está en riesgo es la dimensión prestacional (del derecho al aborto) en la sanidad pública", ha explicado la ministra de Igualdad. "Lo que importa es blindar lo que está en riesgo. Y lo que está es el ejercicio a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres en buena parte de España. Cuando una mujer va a un centro privado se expone a insultos y hostigamiento de grupos que esperan en la calle. Cuando va a un hospital público nadie sabe a lo que va y su libertad es total y absoluta".
El texto que se va a incluir en la Carta Magna ha sido modificado tras el paso por el Consejo de Estado. Lo que se presentó en octubre de 2025 era añadir el siguiente punto 4 en el artículo 43: "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres".
Lo que se propone ahora es: "Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio". "El texto antes era más farragoso. Ahora es más claro que el presentado, aunque el contenido es el mismo. Se pretende el blindaje del derecho al aborto. Eso se mantiene intacto", ha expuesto Redondo tras la reunión del Consejo de Ministros.
A partir de este momento, la reforma impulsada por el Gobierno seguirá los cauces establecidos, conforme al procedimiento previsto en el artículo 167 de la Constitución, y requerirá la aprobación por mayoría de tres quintos (210 votos en el Congreso) tanto en el Congreso como en el Senado. En caso de descuerdo, sería necesaria la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado que propondría un nuevo texto, que se sometería de nuevo a votación. De no lograrse, el texto podría aprobarse, por mayoría de dos tercios de los votos en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.