«El Ministerio está en este momento comprometido con la recuperación de la zona afectada por la dana con cuantiosas inversiones que cuentan con prioridad absoluta en nuestros programas presupuestarios». Con este argumento despachaba el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en una carta fechada el 6 de febrero y a la que ha tenido acceso este diario, la petición de ayuda de la Generalitat para la modernización de dos depuradoras de Alicante.
Se trata de las infraestructuras de Monte Orgegia y Rincón de León, dos proyectos para la reutilización del 100% del agua considerados de «interés general del Estado» y calificados de «urgentes y prioritarios» por el propio Gobierno de España. Sin embargo, en su misiva dirigida al conseller valenciano de Agricultura y Agua, Miguel Barrachina, lo que plantea ahora Morán es postergar unas actuaciones valoradas en 350 millones de euros.
¿Por qué? Según interpretan fuentes de la Generalitat, porque al Gobierno de España se le ha pasado el plazo para ejecutar en tiempo unas obras que tendrían que estar acabadas el próximo mes de junio. Es decir, «no hay dinero porque se han perdido los fondos europeos», lamentan fuentes del departamento de Barrachina. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica han evitado responder a las preguntas de este diario.
Lo cierto es que Barrachina ya intentó contactar con Morán el pasado mes de octubre, cuando le informó por escrito de que «la Generalitat considera que la ejecución y puesta en marcha de estas actuaciones resulta absolutamente imprescindible». «Existe un grave riesgo de que la aplicación del principio de recuperación de costes comprometa seriamente su viabilidad real», advertía ya el conseller, por lo que se ofrecía a «incrementar la colaboración financiera» a pesar de que las obras son «competencia exclusiva del Gobierno central».
La respuesta del Gobierno, sin embargo, ha provocado indignación en la Generalitat porque apunta a un aplazamiento de las inversiones, sin concreción de fechas ni vías de financiación. Según Morán, «la vía más adecuada para avanzar en estos dos proyectos pasa por valorar, en el marco del nuevo ciclo de planificación, su posible inclusión bien en el programa operativo FEDER 2021-2027, bien en los nuevos instrumentos de financiación que pueda poner en marcha la Unión Europea».
En palabras del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, «un sabotaje del Gobierno de España a la provincia de Alicante». En esta línea, el Ejecutivo valenciano lamenta que la decisión del Ministerio que dirige Sara Aagesen llegue después de que la Generalitat haya cumplido «su parte del trato». Es decir, la preparación de un proyecto que en realidad ya había aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez hace meses a través de un decreto de urgencia y necesidad para la defensa del vertido cero. Con la nueva polémica, por tanto, la Generalitat abre un nuevo frente con el Gobierno por la política hídrica, clave en una provincia como Alicante.