Vincula al mapa de influencias de Zapatero el aval a la aerolínea aunque debía 451.954 euros a la Seguridad Social
Regala esta noticia Añádenos en Google Un avión de la aerolínea Plus Ultra, en una imagen de archivo. (Eduardo Ceevro/Efe)Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín
21/05/2026 a las 00:10h.«Se han detectado además indicios de que Plus Ultra habría aportado datos falsos, alterando la identidad del verdadero titular de una deuda pendiente para ... facilitar la obtención de la ayuda». El auto del juez José Luis Calama en el que levanta el secreto del caso, con la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, vuelve a colocar bajo sospecha uno de los puntos más controvertidos del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en marzo de 2021 para la aerolínea de capital venezolano: si la compañía cumplía realmente o no las condiciones exigidas para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI.
Calama tampoco acusa a José Luis Rodríguez Zapatero de haber hecho gestiones directas para que Plus Ultra obtuviera ese decisivo certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social. Pero la resolución sí que sitúa ese documento y la deuda previa de la compañía en unos momentos claves de la cronología del caso y de las supuestas gestiones atribuidas al exmandatario que los investigadores consideran relevantes para reconstruir cómo la aerolínea logró superar los filtros administrativos hasta recibir el auxilio público: la reunión del expresidente con José Luis Escrivá (ministro entonces de Inclusión y Seguridad Social) y Bartolomé Lora (presidente interino de la SEPI). El auto sitúa ese encuentro el 7 de septiembre de 2020. La cita se produjo una semana después de que Plus Ultra solicitara formalmente el rescate y en pleno debate sobre si la aerolínea cumplía los requisitos.
El juez recoge la reunión de Zapatero con el ministro de Seguridad Social y el presidente de la SEPI en pleno debate sobre los requisitos
Plus Ultra necesitaba acreditar que sí lo hacía para optar al rescate. Una de esas condiciones era «hallarse al corriente a 31 de diciembre de 2019 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes». La compañía aportó dos certificados fechados el 20 de agosto de 2020 que afirmaban que no tenía «pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social».
El problema, según el auto, es que la propia Tesorería General de la Seguridad Social informó después al juzgado de la existencia de una deuda. Calama recoge esa contradicción con una fórmula especialmente significativa: «A pesar de que, en la información obtenida a tenor de requerimiento judicial dirigido a la TGSS, esta informa de la existencia de una deuda». Esa cantidad ascendía a 451.954,79 euros y comprendía un periodo que iba desde julio de 2017 hasta mayo de 2020.
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José Luis Ábalos, y otra a través de Zapatero. La segunda, sostiene Calama, acabó adquiriendo un «papel predominante».
El dato cobra además relevancia porque el rescate de Plus Ultra ya fue investigado en una primera causa que acabó archivada en enero de 2023 sin que se apreciaran entonces responsabilidades penales en la concesión de la ayuda. Aquel procedimiento examinó la legalidad general del rescate e incorporó un informe pericial sobre si la aerolínea cumplía las condiciones exigidas para recibir dinero público. Pero la derivada concreta de la deuda con la Seguridad Social y la obtención del certificado que permitió a la compañía presentarse ante la SEPI no quedó desarrollada con el nivel de detalle que ahora recoge Calama.
El rescate de Plus Ultra ya fue investigado en una primera causa que acabó archivada en enero de 2023 sin que se apreciaran entonces responsabilidades penales
La resolución vuelve sobre ese flanco con documentación de la TGSS, datos del expediente de la SEPI y comunicaciones internas de la propia aerolínea. Una conversación del 25 de mayo de 2020 entre Roberto Roselli, consejero delegado de Plus Ultra, y Juan Antonio Cáceres Rodríguez, director de Recursos Humanos de la compañía, muestra que dentro de la empresa existía preocupación por la situación ante la Tesorería. Roselli preguntó si se podía aplazar el pago a la TGSS, lo que implicaba pedir «una segunda reconsideración sin tener todavía aprobada la de marzo». Cáceres advirtió de que la Seguridad Social «nunca ha visto con buenos ojos varias reconsideraciones de deudas en el mismo año» y añadió otro riesgo: «Además del riesgo de no poder aplicar las exoneraciones».
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