Zupiria acusa a la Policía Nacional de excederse y la delegada del Gobierno defiende los arrestos al tratarse de un «delito de odio» denunciado ante ese cuerpo
Regala esta noticia Añádenos en Google Varios radicales increpan a aficionados de la selección española en la Gran Vía de Bilbao. (Ignacio Pérez)Olatz Barriuso
29/07/2026 a las 08:18h.Los hechos que han motivado la queja pública del consejero de Seguridad sucedieron el pasado domingo 19 de julio, durante la marcha a favor de la Selección de fútbol de Euskadi convocada en la capital vizcaína. Allí, el joven seguidor de la selección española sufrió un ataque por parte de un grupo de radicales. Después de encajar el primer golpe, cayó al suelo, donde recibió patadas y puñetazos. Consiguió refugiarse debajo de un banco mientras sus acompañantes, tres chicas, trataban de evitar que continuase la agresión.
La Policía Nacional acusa ahora a los presuntos autores por lesiones y desórdenes públicos, pero también por un delito de odio, una cuestión clave que la Delegación del Gobierno esgrime para rebatir los argumentos de Zupiria y defender las competencias del cuerpo dependiente del Ministerio del Interior para practicar las correspondientes diligencias «hasta el final» y llevar a cabo, en último término, los arrestos. Después de desplazarse a un centro de salud, la víctima acudió a dependencias de la Policía Nacional para interponer una denuncia. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones en las próximas horas. Apunta al colectivo '7baietz' como convocante de una marcha en la que también participaron colectivos radicales de la izquierda abertzale como GKS, Jardun y el grupo de animación del Athletic Iñigo Cabacas Herri Harmaila, entre otros. Un grupo afín celebró ayer en Muskiz una concentración en repulsa por las detenciones los dos jóvenes, que ayer el juez dejó en libertad con cargos, bajo la acusación de un delito de odio, y dos más de lesiones y desordenes públicos.
«Escrupulosa y respetuosa»
En declaraciones a este medio, la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, defendió la actuación «absolutamente respetuosa y escrupulosa» de la Policía Nacional, que «colabora en el día a día con la Ertzaintza y ellos lo saben». En este caso, sin embargo, las actuaciones no se derivaron a la Policía autonómica, como sucede cuando se denuncian ante las fuerzas de seguridad del Estado ofensas comunes como robos, altercados o desórdenes públicos, cuya investigación es competencia exclusiva de la Ertzaintza. «En este caso, la Policía Nacional, al tratarse de un delito de odio, comprueba que tiene competencias y actúa. Por eso las asume hasta el final, detiene a los agresores y los pone a disposición judicial», explica Garmendia, que recalca que el cuerpo estatal es «competente» en este tipo de delitos, igual que sucede, por ejemplo, cuando se denuncian agresiones a un árbitro en los campos de fútbol. De hecho, esta tipología delictiva tiene alcance nacional, con fiscales especializados y una Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD), dependiente del Ministerio del Interior.
En su intervención, Zupiria quiso defender la actuación de la Policía autonómica, que ha levantado también ampollas internas. El pasado jueves, durante la celebración del Consejo de la Ertzaintza, el sindicato Euspel pidió explicaciones por la coincidencia de la manifestación de seguidores radicales de la selección vasca con las personas que querían ver el partido en la pantalla gigante del Parque de Doña Casilda, instalada por el PP, a donde pudieron llegar los exaltados. Zupiria recalcó que la Ertzaintza instruye una amplia investigación, basada en las denuncias recibidas, testimonios, vídeos y fotografías y que está ponderando posibles delitos de atentado a la autoridad, lesiones, amenazas, alteración del orden público, uso de arma blanca y también delitos de odio. De hecho, el consejero consideró esos comportamientos «totalmente intolerables» y lamentó que se hayan buscado «razones políticas» para «atacar al prójimo», lo que puede constituir, subrayó, un delito de odio.
En todo caso, insistió en que las detenciones llevadas a cabo por la Policía son una extralimitación de funciones que «supera las responsabilidades» del cuerpo en Euskadi, donde mantiene sus competencias en materia de extranjería, inmigración o expedición del DNI y del pasaporte. «Lo que le corresponde a la Ertzaintza y a la Policía Nacional o la Guardia Civil está recogido en el Estatuto de Gernika y después hubo un acuerdo político en 1989. Y para aplicarlo vino después otro acuerdo político para que adaptaran sus efectivos a las responsabilidades que les quedaban. Y creo que lo de ayer (por el lunes) supera esas responsabilidades y así quiero denunciarlo», subrayó el consejero de Seguridad.
El pacto al que se refiere, suscrito en 1989 por los gobiernos de Felipe González y José Antonio Ardanza, reservaba a la Ertzaintza las funciones de Policía integral para el mantenimiento del orden público, prevención y persecución de delitos e investigación como policía judicial ordinaria de los delitos cometidos en Euskadi.
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