El Ministerio de Transportes pide personarse en la investigación del accidente de Adamuz

El Gobierno da este paso judicial a fin de gestionar el dinero de las ayudas y los adelantos de las indemnizaciones a los afectados

Almudena Santos

La Abogacía del Estado ha solicitado formalmente al juzgado de Montoro personarse en la investigación por los accidentes de tren de Adamuz, en Córdoba, y ... de Gelida, en Barcelona. El Ministerio de Transportes da este paso tras haber aprobado, en el pleno celebrado a finales de enero en el Congreso, un Real Decreto para adelantar las ayudas económicas y las indemnizaciones a las víctimas. Con este movimiento judicial, el Estado se asegura poder reclamar y recuperar ese dinero una vez que el juez determine quiénes fueron los responsables del siniestro.

Con la entrada del Ejecutivo como actor civil en las diligencias previas que se están desarrollando ahora en los tribunales, el Gobierno se asegura un control directo en el procedimiento judicial. El objetivo es que, si la jueza da su visto bueno, pueda supervisar la gestión de los fondos públicos y defender sus intereses económicos en el caso.

El Ministerio de Transportes se suma así a todas las solicitudes, ya aceptadas, de personación que han recibido los magistrados. En el plano institucional, la Junta de Andalucía ya fue aprobado como actor civil, mientras que en el sector empresarial, la operadora Iryo ha sido admitida como perjudicada directa —a diferencia de Ouigo, cuya petición fue rechazada—. Por su parte, la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz —presidida por Mario Samper en representación de las familias de los 46 fallecidos y más de un centenar de heridos— mantiene una postura muy activa exigiendo responsabilidade. Este colectivo lidera actualmente un fuerte pulso contra el tribunal, tras recurrir la orden judicial de unificar obligatoriamente a las 148 representaciones de afectados bajo un solo abogado por considerarla inviable para defender sus intereses económicos individuales.

Al margen de los damnificados directos, el proceso se ha convertido en un complejo tablero político y social debido a la marea de acusaciones populares que han abonado los 3.000 euros de fianza exigidos por el tribunal para poder intervenir. Entre ellas destacan el partido político Vox —que reclama investigar de forma separada la retirada de cables y vías—, el sindicato de maquinistas SEMAF, y colectivos como Hazte Oír o la asociación Liberum.