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El gigante tecnológico alerta sobre una industria sumergida que mueve miles de millones y propone al Gobierno británico una solución radical: que las plataformas recauden el IVA a todos los vendedores, sin excepciones.
En un movimiento poco habitual, Amazon ha hecho un llamamiento público al Gobierno del Reino Unido para que reforme urgentemente las normas actuales del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con el objetivo de combatir el fraude fiscal y nivelar el campo de juego para las empresas británicas legítimas. La compañía asegura que un cambio en la regulación podría generar hasta 700 millones de libras (unos 830 millones de euros) adicionales al año para las arcas públicas.
Actualmente, bajo las reglas de "vendedor considerado" (Deemed Reseller) introducidas en 2021, los mercados en línea como Amazon están obligados a recaudar y remitir el IVA únicamente de las ventas realizadas por comerciantes extranjeros. Los vendedores establecidos en el Reino Unido son responsables de gestionar sus propios impuestos directamente con la hacienda británica (HMRC).
Sin embargo, Amazon advierte que esta distinción ha creado una "laguna legal" que está siendo explotada por actores fraudulentos.
El coste del fraude
Según un análisis independiente encargado por Amazon, se estima que hasta 3.200 millones de libras en ventas anuales a través de todos los mercados en línea en el Reino Unido provienen de "malos actores" que evaden el IVA.
El modus operandi consiste en que empresas extranjeras afirman falsamente estar establecidas en el Reino Unido para evitar que la plataforma retenga el impuesto automáticamente. La compañía ha detectado un aumento en el uso de empresas pantalla, documentos falsificados y toda una industria sumergida dedicada a eludir el régimen actual.
"A pesar de las medidas del Gobierno y los fuertes controles de los mercados en línea, estas tácticas en evolución hacen que sea cada vez más difícil detectar y prevenir el fraude", señala el comunicado de la empresa. Esto deja a los vendedores honestos en desventaja y sobrecargados por verificaciones de diligencia debida.
La propuesta: un modelo universal
Para solucionar esto, Amazon propone que las reglas de Deemed Reseller se apliquen a todos los vendedores, independientemente de si tienen su sede en el Reino Unido o en el extranjero.
La empresa argumenta que este cambio cerraría inmediatamente la brecha del fraude, simplificaría la carga administrativa tanto para la HMRC como para los vendedores legítimos, y crearía un entorno más justo para las más de 100.000 pequeñas y medianas empresas (pymes) que operan en su plataforma.
Este modelo de recaudación universal ya se aplica con éxito en países como Suiza y está siendo considerado por la Comisión Europea. Amazon insta al gobierno británico a incluir esta medida en el próximo Presupuesto de Otoño, señalando que esperar a la integración de sistemas fiscales, que podría tardar entre 5 y 10 años según el Comité de Cuentas Públicas, es demasiado tiempo.
Inversión y compromiso con el Reino Unido
Desde la implementación de las normas actuales en 2021, Amazon ha recaudado más de 6.000 millones de libras en ingresos por IVA de vendedores extranjeros para el gobierno británico. La compañía subraya que continúa invirtiendo fuertemente en tecnología de análisis de datos e inteligencia artificial para detectar documentos falsos y validar la autenticidad de los negocios.
Paralelamente a su propuesta fiscal, Amazon reafirmó su compromiso económico con el país, anunciando planes para invertir 40.000 millones de libras en el Reino Unido durante los próximos tres años. Esta inversión se destinará a la creación de miles de empleos a tiempo completo, la apertura de cuatro nuevos centros logísticos y dos nuevas oficinas corporativas en Londres.
"Las pequeñas empresas son la columna vertebral de la economía del Reino Unido", afirmó la compañía, destacando que el año pasado las pymes británicas lograron 3.800 millones de libras en exportaciones a través de su tienda. Con esta reforma, Amazon busca asegurar que estas empresas puedan competir en igualdad de condiciones sin verse amenazadas por la competencia desleal del fraude fiscal.
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