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Sólo la Generalitat catalana acepta la propuesta de Montero para reformar el modelo.
Las dificultades para lograr el consenso de todos los gobiernos autonómicos han sido el principal freno para la reforma del modelo de financiación autonómica que lleva pendiente desde el año 2014. Un hecho que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aprovechó para criticar con dureza al anterior gobierno del PP, durante la presentación de su propuesta de nueva financiación regional acordada sólo con ERC por haber "desaprovechado", a su juicio, la mayoría absoluta de la que dispuso Mariano Rajoy entre 2011 y 2015.
Pero la mayor dificultad entonces residía en el hundimiento histórico de los ingresos públicos debido a la crisis financiera mundial (que situó a nuestro país al borde de un rescate como los de Irlanda, Grecia, Portugal o Chipre), lo que impedía incrementar las transferencias anuales de recursos a las administraciones territoriales. Esto es, en esencia, lo que propondrá Montero, aprovechando los récords consecutivos de recaudación tributaria, a los consejeros autonómicos de Hacienda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra mañana.
Esta "generosidad" no ha logrado, sin embargo, el consenso que buscaba la ministra, sino todo lo contrario: excepto Cataluña, que pasa por ser la gran beneficiada con las modificaciones en la financiación propuestas por el Ministerio, el resto de las comunidades han rechazado de plano su reforma. Incluidas las gobernadas por el PSOE, especialmente Castilla-La Mancha, una de las grandes perjudicadas por el modelo todavía vigente, pero también Asturias y Cantabria, incluso aunque Montero anunció que se incluirá un fondo específico para asegurar que esta última región reciba al menos los mismos recursos que hasta ahora.
Los ejecutivos regionales discrepan no sólo del fondo de la reforma, que privilegia a la Generalitat catalana con más financiación y fondos ajustados a sus necesidades particulares, sino sobre todo de las formas utilizadas por el Gobierno de Sánchez, pactando los cambios a espaldas de los dirigentes autonómicos (únicamente ha negociado con ERC, que ni siquiera forma parte del gobierno de Cataluña), y ofreciéndosela al resto como un plato cocinado. El agrio recibimiento a la propuesta de Hacienda hará que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se convierta un polvorín, aunque sólo será informativo, pues el Ministerio ha postergado la votación sobre la reforma para intentar sumar algún apoyo.
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