El Partido Popular está decidido a desentrañar las presuntas irregularidades cometidas en la sociedad estatal Correos, dependiente de la Sepi, durante la etapa en la que Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, tuvo cargos de responsabilidad en la misma. Se trata de una acción política, a través del Congreso, que se activa en paralelo a las investigaciones ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid y por la Audiencia Nacional sobre las actividades supuestamente delictivas de la ex militante socialista.
Los populares exigen al Gobierno que les proporcione la relación completa de los contratos formalizados por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos con proveedores durante el tiempo en el que Díez fue directora de Relaciones Institucionales de la empresa pública, así como el listado íntegro de los inmuebles propiedad de la misma que fueron vendidos o arrendados a terceros y la intervención que tuvo ella en la negociación de esas operaciones.
Además, reclaman al actual presidente de la entidad, Pedro Saura, la realización de una auditoría interna de todos esos contratos y negociaciones en los que pudo intervenir Díez mientras fue responsable del área de Gestión de Administración Local en la Secretaría General y del Consejo y posteriormente como directora de Relaciones Institucionales.
El PP plantea estas exigencias a través del Congreso después de que la UCO se personara el pasado día 12 en las sedes de Correos y de varios organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica requiriendo documentación relacionada con contratos y subvenciones sospechosos de estar relacionados con la trama por la que fue detenida la ex militante del PSOE.
El enchufe
Para entonces, Leire Díez ya arrastraba problemas por haber mantenido encuentros con distintas personas detenidas por corrupción con el objetivo de conseguir información contra mandos de la UCO para desacreditarlos. Los populares hacen hincapié en que algunas de estas actividades presuntamente irregulares «fueron realizadas mientras trabajaba como directora de Relaciones Institucionales» de Correos, donde, recalcan, «fue descaradamente enchufada» por el entonces presidente de la sociedad estatal, Juan Manuel Serrano, a quien Pedro Sánchez nombró en 2018 «por los únicos criterios de amistad y afinidad política, a sabiendas de que no reunía las mínimas condiciones de experiencia y solvencia para gestionar la empresa pública».
El PP afirma que la gestión de Serrano fue «desastrosa». Recuerda que «en su mandato de cinco años, avalado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y por la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Belén Gualda, dejó en Correos un balance de pérdidas superiores a los mil millones de euros, con el consiguiente quebranto para la Hacienda pública».
Los populares no se quedan aquí en el reproche. Hacen hincapié en que después de los registros llevados a cabo por la Guardia Civil, han seguido publicándose en los medios un rosario de presuntas irregularidades atribuidas a Leire Díez.
"Ofrecía su influencia"
Así, señalan las informaciones sobre los inmuebles históricos de Correos que eran «enseñados por la ex directora de Relaciones Institucionales» mientras Vicente Fernández, ex presidente de la Sepi, «ofrecía su influencia» en la misma «como garantía». Aludiendo a esta noticia, el PP incide en que «la trama proponía a los empresarios ayudas de la empresa pública Sepides para la adquisición y la puesta en marcha del negocio que fueran a instalar en el inmueble».
También se hacen eco de la investigación por parte de la UCO de la supuesta «adjudicación a dedo de un contrato de 18,1 millones de euros para el suministro de pantallas y demás servicios aparejados para su implantación, su mantenimiento y su gestión de contenidos en la red de oficinas de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos en todo el territorio nacional, a través de un contrato de arrendamiento tecnológico».
Y añaden a todo ello las noticias que afirman la existencia de una «queja interna» remitida desde el ámbito de Correos a la Sepi «poniendo en cuestión las contrataciones que realizaba la compañía durante la etapa de Leire Díez, así como que esta «facilitó negocio en Correos a un socio del ex presidente de la Sepi -Vicente Fernández- firmando ella misma los acuerdos que le permitían vender gafas en toda la red postal», como publicó este diario.
Auditoría interna
Los populares dan por hecho que tras el registro en el Congreso de sus preguntas y reclamaciones al Gobierno, se conocerán más irregularidades, e insisten en que el actual presidente de Correos, Pedro Saura, debe realizar «una auditoría interna» de todos los contratos y negociaciones en los que, de una u otra forma, hubiera intervenido Leire Díez.
La conocida como fontanera del PSOE está imputada en dos procedimientos: uno se sigue en el Juzgado de Instrucción número 9 de Plaza de Castilla por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias junto al empresario Javier Pérez Dolset y, el otro, en la Audiencia Nacional, en el que se le investiga por prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Es en este segundo procedimiento en el que Díez está acusada de haber impulsado, junto a Fernández, negocios, contratos y subvenciones a empresas a cambio de comisiones.