La decisión de la jueza de la dana de prorrogar otros seis meses la instrucción de la causa no solo tiene consecuencias en el ámbito judicial. Aunque esperada por todos, la resolución de Nuria Ruiz Tobarra trasciende las paredes del juzgado de Catarroja en la medida en que sus efectos golpearán de lleno a la política. La prórroga supondrá continuar con la investigación de la gestión de la tragedia más allá del próximo 30 de octubre, lo que la llevará inevitablemente a abril de 2027.
Es decir, a las puertas de la campaña de las elecciones autonómicas, que deberían celebrarse en mayo si Juanfran Pérez Llorca no decide adelantarlas. Los partidos de la izquierda, por tanto, tendrán fácil meter la dana en campaña, si bien el mayor problema podría explotarle al PP en pleno debate sobre la confección de las listas. ¿Qué hacer con un Carlos Mazón que hasta la fecha mantiene su aforamiento como diputado en las Cortes Valencianas?
En su auto, notificado a las partes este lunes, la magistrada subraya que "la causa es de gran complejidad y su objeto es de extrema gravedad". Pero la prórroga se justifica, a su juicio, porque además está pendiente la respuesta de Estados Unidos a la comisión rogatoria con la que se pretende recuperar los mensajes de WhatsApp borrados del móvil del ex jefe de gabinete de Mazón.
"No es descartable que una eventual aportación de la información solicitada al procedimiento", apunta la jueza, "pueda fundar la necesaria práctica de algún tipo de prueba relacionada con la investigación de la causa". La magistrada -pendiente aún de la resolución de las quejas que presentaron contra ella los investigados al Consejo General del Poder Judicial, que ha decidido aplazarla- mantiene viva la esperanza de hallar algún indicio contra el ex presidente de la Generalitat.
Pero, según confirman las fuentes jurídicas consultadas, la realidad es que con la instrucción no ha aflorado ninguna prueba que vincule a Mazón con el retraso del ES-Alert, sobre el que pivota toda la investigación. Al menos, de momento, y así lo entendió el propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, que rechazó su imputación.
La jueza se vio obligada a elevar exposición razonada al TSJ contra el ex presidente precisamente por su condición de aforado como diputado autonómico. Y aquí es donde el PP se puede encontrar en una encrucijada. Mazón, que evitó la citación como testigo -con obligación de decir la verdad- personándose en la causa, puede perder el aforamiento vinculado al escaño en el momento en que se disuelvan las Cortes Valencianas.
El PP podría, en todo caso, situarlo en la Diputación Permanente, lo que en principio le permitiría mantenerse como aforado. La operación, en consecuencia, no estaría exenta de riesgo para los populares, que tendrían de nuevo que asumir el coste de amparar a un ex presidente cuya expulsión del grupo parlamentario siguen pidiendo las principales asociaciones de víctimas de la dana.
De ahí que este no sea el único frente que se le pueda abrir al PP. Con la jueza de la dana manteniendo viva la llama de la investigación judicial, el PP tendrá que afrontar el debate de las listas electorales. En el partido no hay duda de que no pueden permitirse llevar el nombre del ex presidente en las listas. Otra cosa es la voluntad que exprese Mazón llegado el momento.
En el PP no quieren oír aún hablar de listas, pues el propio Llorca está a la espera de ser confirmado por Génova como el candidato del PP a la Generalitat. Desde el entorno del presidente el único mensaje que se transmite es el de tranquilidad, pese al intento de PSOE y Compromís de exprimir el tema de la dana.
De hecho, Mazón tendrá que volver a comparecer en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados el lunes 21 de septiembre, mientras que la ex consejera imputada Salomé Pradas y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, tendrán que repetir también el próximo día 28.