'Txeroki', saliendo de prisión por primera vez para disfrutar de su régimen de semilibertad, el pasado febrero. UNANUE/ Europa Press
Política CONGRESO DE LOS DIPUTADOS El PP registra una ley contra las excarcelaciones de etarras: deberán arrepentirse por escrito y las víctimas serán escuchadasLa proposición de ley orgánica deroga el art.100.2, exige aval judicial previo para la salida de prisión, y pone fin a la "vía exprés" que usa el Gobierno vasco.
Además, obliga a los etarras a pagar la responsabilidad civil a sus víctimas y a colaborar con la Justicia en los 379 crímenes de ETA aún sin esclarecer, el 43%.
Más información:El PP registra una ley para que los homenajes a terroristas de ETA se castiguen igual que la apología del franquismo.
Alberto D. Prieto Publicada 27 mayo 2026 02:45h Las clavesLas claves Generado con IA
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso una proposición de ley orgánica para blindar el cumplimiento efectivo de las penas de los condenados por terrorismo.
El texto, impulsado por la vicesecretaria Cuca Gamarra y firmado por la portavoz Ester Muñoz el 14 de mayo, exige que cualquier terrorista que aspire al tercer grado o a la semilibertad haga una "declaración expresa, pública e inequívoca de perdón" a sus víctimas y de repudio de la violencia.FINAL-PL-instituciones-penitenciarias.pdf
La iniciativa a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL va directamente dirigida a cerrar las grietas que, según el PP, el Gobierno vasco lleva años explotando, en posible "fraude de ley", para vaciar de contenido las condenas de los presos de ETA.
La ley establece que esa declaración de arrepentimiento deberá constar por escrito y que, sin ella, ningún terrorista podrá acceder a un régimen de vida más favorable.
Además, las víctimas adquieren un papel activo que hasta ahora no tenían. La reforma modifica el Estatuto de la Víctima para que puedan presentarse ante el juez a recurrir cualquier decisión que implique la salida de prisión del condenado, incluso cuando no se hubieran personado en la causa.
Compromiso de gobierno
La proposición reforma el Código Penal, la Ley General Penitenciaria, su Reglamento y el ya citado estatuto, de modo que es una ley orgánica, al afectar a derechos fundamentales.
Y eso exige mayoría absoluta del Congreso para su aprobación, por lo que, en la práctica, en seguramente inviable en esta legislatura.
El Gobierno no retirará la norma que permite excarcelar a los etarras, de acuerdo con el grupo parlamentario del PSOEEl PNV, socio indispensable del Gobierno de Pedro Sánchez y artífice precisamente de la política penitenciaria vasca que la ley del PP pretende frenar, no la apoyará. Junts tampoco tiene incentivos para hacerlo. El PP es consciente de ello.
Y ante las pocas expectativas de que prospere ahora, la presenta como un compromiso programático de cara a una eventual llegada al Gobierno.
Los populares confían en que los casos escandalosos acumulados, la doctrina judicial que los jueces de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha ido construyendo en sus autos y la presión de las asociaciones de víctimas alimenten su apuesta política.
El detonante de esta iniciativa tiene nombre propio: el caso del dirigente de ETA 'Txeroki'.
Un escándalo tras otro
En febrero de 2026, el Gobierno vasco aplicó a Garikoitz Aspiazu Rubina, exjefe militar de ETA, el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario con el objetivo de permitirle salir de la cárcel de lunes a viernes. Lo hizo sin esperar pronunciamiento judicial, ignorando que el juez ya había rechazado un permiso de salida meses antes.
También provocó escándalo el caso de 'Anboto'. La exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, condenada a más de 600 años por 10 asesinatos, salió también en semilibertad mediante el mismo artículo el pasado marzo.
Feijóo departe con la vicesecretaria Cuca Gamarra, y la portavoz Ester Muñoz, este lunes en Génova. David Mudarra
El fiscal calificó la medida de "tercer grado encubierto" y señaló que no había cumplido las tres cuartas partes de su condena ni apenas disfrutado de permisos previos.
El juez le dio la razón y, finales de abril, el magistrado del Tribunal Central de Instancia revocó la semilibertad de Anboto y del etarra Juan Ramón Carasatorre, y fue más lejos: instó al legislador a reformar el ordenamiento para impedir que el 100.2 se use como puerta trasera hacia la libertad.
Pero la consejera de Justicia del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José, no se inmutó.
El mismo 30 de abril en que la prensa publicaba el auto de Anboto, volvía a conceder el tercer grado al etarra 'Gadafi', condenado a más de 1.100 años por 15 asesinatos, entre ellos el del niño de dos años Fabio Moreno, y al terrorista preso Eneko Gogeaskoetxea.
La UE sugiere que una 'comisión de la verdad' sobre ETA "haga justicia" con las víctimasA ambos ya se lo habían revocado la Audiencia Nacional y la Fiscalía respectivamente. El 20 de mayo, el tercer grado le llegó también al exjefe del aparato militar de ETA, Juan Antonio Olarra Guridi, condenado a más de 2.000 años.
Viene de lejos
Ante ese cuadro, la proposición de ley del PP desmonta el artículo 100.2 y lo reescribe de arriba abajo. En su lugar introduce el nuevo artículo 72 bis en la Ley General Penitenciaria, que convierte en obligatorio el aval judicial previo para cualquier flexibilización de régimen que implique salidas de prisión de condenados por terrorismo.
La medida no podrá ejecutarse hasta que exista resolución judicial firme.
La reforma exige, además, que el terrorista haya disfrutado antes "de permisos de salida de forma reiterada" que acrediten buen comportamiento y que haya pagado íntegramente la responsabilidad civil a sus víctimas.
También impone una colaboración activa con la Justicia para el esclarecimiento de los 379 asesinatos de ETA todavía sin resolver, en línea con las recomendaciones del Parlamento Europeo de 2022.
Esta proposición de los populares, de hecho, viene de lejos. Es el tercer escalón de una estrategia que la formación de Alberto Núñez Feijóo ha ido construyendo desde hace meses, cuando el caso Txeroki estalló públicamente.
El Gobierno se niega a informar de los beneficios a los presos de ETA por la "protección de datos"El 19 de marzo de 2026, el grupo popular ya registró en la Comisión de Justicia una Proposición no de Ley instando al Gobierno a reformar el Reglamento Penitenciario para prohibir expresamente que los condenados por terrorismo puedan beneficiarse del artículo 100.2.
Y el 29 de abril, registraron dos preguntas escritas al Ejecutivo: cuántos penados en total, y cuántos condenados por terrorismo o pertenecientes a ETA en particular, han recibido el beneficio del 100.2 desde que entró en vigor el Reglamento Penitenciario en 1996, desglosado por meses y años.
La respuesta del Gobierno no ha llegado aún. Pero si lo hace, podría revelar en qué medida este mecanismo se ha disparado desde que el País Vasco asumió las competencias penitenciarias en octubre de 2021, como parte de los acuerdos de investidura entre el PSOE y el PNV.
- Partido Popular (PP)
- Terrorismo
- Congreso de los Diputados
- Presos de ETA
- Política penitenciaria
- Código Penal
- Gobierno Vasco
- Cuca Gamarra
- ETA
- espana-newsletter