La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en rueda de prensa. Diego Puerta
Política El PP responde en las Cortes a la Ley de Integridad 'sanchista' con 15 medidas contra la corrupción "económica, política y moral"Exige elecciones inmediatas, prohibir indultos por corrupción, limpiar el CIS y la SEPI, y cortar los pactos con Bildu para "recuperar la integridad".
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Alberto D. Prieto Publicada 28 julio 2026 02:47h Las clavesLas claves Generado con IA
El Partido Popular ha decidido responder en el Congreso a la "broma pesada" de la Ley de Integridad Pública que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo hace con su propia batería de medidas, "que no estarán en su ley, porque él sólo lidera la degradación".
La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo lo hace mediante una proposición no de ley que denuncia la "corrupción económica, política, institucional y moral" del sanchismo y le niega autoridad para liderar ninguna regeneración democrática.
Para la vicesecretaria popular de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros es poco menos que "una burla".
En la exposición de motivos, el PP la describe como un intento de "maquillar" un rosario de casos que, según sus datos, ya acumula 16 causas y miles de años de cárcel solicitados a "sus 123 imputados".
La PNL registrada este lunes en la Cámara Baja se titula Por la integridad en la vida pública y contra la corrupción económica, política institucional y moral del Gobierno y su texto concluye que "Pedro Sánchez es absolutamente incompatible con cualquier discurso o medida relativos a la integridad pública, porque la corrupción define su ejercicio del poder".
Moncloa anuncia una nueva ley anticorrupción que endurece las penas en pleno escándalo por los whatsapps del KoldogateGamarra sostiene que "quien ha liderado la corrupción ética, política y económica está inhabilitado" para encabezar cualquier proyecto de regeneración institucional. Y enlaza esta iniciativa con la mayoría absoluta que aprobó el 24 de junio en el Congreso exigir a Sánchez que dimitiera y convocara elecciones.
Nueva etapa
Ahora, Feijóo y su equipo presentan las 15 medidas como la hoja de ruta de "un Gobierno nuevo y limpio".
La primera de ellas consiste precisamente en reclamar elecciones inmediatas como cumplimiento de lo que ya votaron las Cortes "hace unas semanas" y como punto de partida de una nueva etapa.
El PP sitúa esta PNL en la evolución de su discurso sobre integridad democrática de los últimos años. Y la vincula con el Plan de Calidad Institucional que Feijóo presentó en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, sede de las Cortes de 1812, en enero de 2023.
Entonces, el líder popular firmó aquel documento como "un contrato con este país" y como herramienta de regeneración en un hipotético "postsanchismo".
La idea era limpiar las instituciones de "nepotismo, opacidad y arbitrariedad" en los primeros 100 días de un Gobierno del PP. Pero aunque ganó en las urnas, Feijóo no pudo gobernar.
Y tres años y medio después, la exposición de motivos de la PNL sostiene que el deterioro ya no es sólo institucional, sino "en todos los órdenes político, económico y moral".
El PP ha ido actualizando y endureciendo su plan, hasta hablar de "reconstrucción nacional" más que de simple regeneración.
Feijóo ve el proyecto de ley de Sánchez como un intento de blindarse públicamente frente a los casos que afectan a sus ministros, altos cargos, la SEPI, el fondo de rescate, la financiación del PSOE, el pago de las cloacas y el mismo entorno personal del presidente.
Doble desafío
La PNL se convierte así en un doble desafío.
Marlaska dice a la comisión del 'caso Koldo' del Senado que no localiza a 'Julito' Martínez ya que su nombre es muy corrientePor un lado, al Gobierno, al que se insta a asumir medidas concretas que lo desnudarían, afectando a su política de indultos, sus pactos parlamentarios, sus nombramientos de confianza y su gestión de empresas públicas.
Por otro, a sus socios, a los que el PP emplaza a decidir si se alinean con ese paquete de "ejemplaridad real" o cierran filas con Sánchez.
Si apoyan las 15 medidas, dejan aún más solo al presidente tras la votación del 24 de junio. Si las rechazan, pasan de "cómplices" y "cooperadores necesarios" a "coautores" de la corrupción que se denuncia.
La primera de las 15 propuestas exige la convocatoria de elecciones generales de inmediato. La segunda prohíbe indultos en casos de corrupción, terrorismo, ataques al orden constitucional y delitos cometidos por altos cargos en el ejercicio de sus funciones
También se plantean reformas penales y procesales en la línea de la nueva directiva europea contra la corrupción. Entre ellas, recuperar las penas del delito de malversación previas a la reforma de 2022
Otra medida clave pretende blindar la autonomía del Ministerio Fiscal. El PP propone un nuevo modelo de designación del fiscal general, con mandato no coincidente con el del Gobierno y causas de cese más estrictas, para garantizar "un ejercicio imparcial de sus funciones".
Instituciones limpias
El PP pide reforzar la protección de los denunciantes de corrupción con canales seguros, anónimos y gestionados por una autoridad independiente. Y subraya la necesidad de garantizar la inviolabilidad de la identidad del informante para evitar "represalias laborales, económicas o personales".
En el capítulo institucional, la PNL reclama el cese inmediato del presidente del CIS, José Félix Tezanos. Lo acusa de haber llevado al organismo al "descrédito" por una gestión "partidista" y pide reformas legales que garanticen independencia, neutralidad y prestigio de la institución demoscópica pública.
La iniciativa exige también cortar los pactos con partidos como Bildu que integren en sus estructuras o listas a condenados por terrorismo.
Sánchez se convierte en el primer presidente que sigue gobernando tras "exigir que dimita" la mayoría del CongresoY propone cambios en la LOREG para hacer inelegibles a quienes no acrediten arrepentimiento, rechazo al terrorismo y colaboración con la Justicia, además de impedir financiación pública a siglas que lleven condenados en sus candidaturas.
Integridad económica
Una de las propuestas más contundentes se dirige a la SEPI y a las empresas públicas.
La PNL reclama la destitución inmediata de su presidenta, su vicepresidente y "resto de directivos investigados", una auditoría externa de todas sus actividades y el retorno a criterios de profesionalidad, mérito y capacidad en los nombramientos.
En paralelo, el PP exige someter a auditoría independiente los rescates del Fondo de Apoyo a la Solvencia a Empresas Estratégicas (FASEE).
La intención es depurar responsabilidades políticas en operaciones "bajo sospecha judicial" que se han convertido en símbolo de la crisis de integridad económica del Gobierno.
Las últimas medidas apuntan a cerrar los espacios de conflicto de interés y recuperar dinero público.
Para ello propone reformar la normativa sobre altos cargos, contratos del sector público y régimen jurídico del sector público, y reforzar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para que ningún condenado por corrupción pueda "disfrutar de los frutos sustraídos" de sus delitos.