El PP maniobra y toma posiciones para plantar cara al PSOE, ganar distancia a Vox y consolidar su alineamiento con Junts en el debate acerca de la seguridad ciudadana, poniendo el foco en las agresiones y abusos de carácter sexual, en la multirreincidencia de pequeños delitos, en la ocupación ilegal de viviendas y en el refuerzo y mejora de las condiciones laborales de la Policía.
Los populares marcan así territorio con un decálogo de compromisos desgranado ayer por Alberto Núñez Feijóo en un ámbito acotado por medidas impulsadas desde la izquierda en los últimos siete años y cuyos resultados arrojan, de acuerdo con los datos de criminalidad del Ministerio del Interior, un panorama crecientemente negativo.
El plan del PP pretende ser «integral» para atajar la inseguridad en las calles y, muy principalmente, concentrar voto femenino que, de acuerdo con las últimas encuestas, se desengancha del PSOE desmotivado por las derivadas de la ley del Sí es Sí, por los errores del sistema de pulseras antimaltrato y por los casos de prostitución y abuso detectados en los altos círculos del PSOE y del Gobierno.
De acuerdo con el panel de noviembre de Sigma Dos para EL MUNDO, la intención de voto al PP entre las mujeres, históricamente electoras mayoritarias de la oferta socialista, supera en cuatro puntos a la del PSOE. La distancia llegó a ser mucho mayor en julio, cuando se conocieron los mensajes entre Koldo García y José Luis Ábalos desvelando su afición a la prostitución y el trato degradante hacia las mujeres; posteriormente la brecha se redujo a cuenta del debate sobre el derecho al aborto mal gestionado por el PP y ahora encuentra un nuevo estímulo para agrandarse a raíz del caso Salazar.
Así, el objetivo de los populares se concentra en captar el voto femenino ahuyentado por el escándalo protagonizado por Francisco Salazar -un hombre estrechamente vinculado a Pedro Sánchez, ex alto cargo de Moncloa, miembro de la Ejecutiva del PSOE y colaborador del ex secretario de Organización Santos Cerdán-, que los socialistas han tratado de acallar contradiciendo su lema de «tolerancia cero» frente a la corrupción y los abusos sexuales.
Este asunto se acumula ya sobre otros surgidos en el seno del socialismo, que se reivindica feminista y abolicionista, relacionados con la prostitución y los delitos de índole sexual. En la lista figuran el caso 'Tito Berni'; el caso Koldo-Ábalos; la resistencia durante meses a modificar la ley del Sí es Sí impulsada por la ex ministra de Podemos, Irene Montero, o los fallos de las pulseras antimaltrato. Y coincide además en un momento en el que se incrementan las denuncias por agresiones y los delitos sexuales comprobados.
En estas condiciones, la propuesta del PP incluye como medida estrella un endurecimiento de las penas para este tipo de delitos y la prisión permanente revisable para los violadores reincidentes y los depredadores sexuales que «cazan» a sus víctimas, a menudo menores, a través de las redes o cualquier otro medio, ganándose su confianza con promesas y artificios.
Y a ello añade que la lucha contra violencia machista pase a ser una competencia del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Igualdad al que el PP reprocha su ineficacia y su fracaso en la protección de las víctimas y, en definitiva, un «falso feminismo» que hacen extensible al Gobierno y al PSOE.
Feijóo fundamenta su propuesta en datos oficiales que muestran cómo en los últimos siete años el número de delitos ha experimentado un crecimiento del 20%. Un porcentaje que se dispara hasta el 217% más de violaciones; un 60% más de agresiones sexuales y un 86% más de homicidios y tentativas de homicidio.
Por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas que maneja el Ministerio del Interior, las agresiones sexuales registradas en 2019 fueron 8.885, una cifra que ha saltado hasta las 13.674 de 2024. Lo mismo sucede con las agresiones con penetración que han pasado de 3.079 en 2019 a 5.222 en 2024.
A ello añaden en el PP «los más de mil violadores, agresores y pederasta» que han visto rebajada su pena o incluso han salido a la calle antes de tiempo como consecuencia de la ley del Sí es Sí. Para el líder del PP es imperativo «revertir el fracaso» de esta norma derogándola.
Más allá de estos datos, Feijóo argumenta que más de la mitad de los españoles cree que la seguridad está empeorando y el porcentaje se eleva hasta el 60% si la pregunta se dirige a los más jóvenes. «Cuando tanta gente expresa que ya no se siente igual de protegida», afirma, «no podemos resolverlo diciendo que esto también es una inventada».
El decálogo de compromisos del PP en materia de seguridad incluye también medidas que se alinean claramente con propuestas defendidas por Junts, un partido que anunció hace más de un mes su decisión de romper con el Gobierno.
Feijóo hace así hincapié en su promesa de aprobar una ley para atajar la multirreincidencia -ahora bloqueada en el Congreso- endureciendo las penas por hurto y estafa e imponiendo prisión de entre seis meses y tres años para quienes acumulen tres delitos de este tipo, además de la expulsión inmediata si se trata de extranjeros reincidentes.
A ello se suma el compromiso de sacar adelante una ley antiokupación -también bloqueada en el Congreso- para acelerar el desalojo en 24 horas desde el requerimiento voluntario; que la policía actúe directamente si se detecta la okupación en las primeras 48 horas y que el corte de suministros a la vivienda okupada no se considere delito de coacción.
El PP también incluye la equiparación salarial de la Policía con los cuerpos autonómicos, que se les reconozca profesión de riesgo con derecho a la jubilación anticipada y que se actualicen sus dietas que ahora son de 74 euros al día incluyéndolo todo.