Pedro Sánchez, este martes en París mientras se debatía la senda de estabilidad. EP.
Política El primer revés del Congreso al Presupuesto de Sánchez complica su empeño en estirar la legislatura hasta 2027Junts avisa de que "todo el mundo sabe" que Sánchez no tendrá PGE y cierra la puerta a negociar las cuentas desde el primer trámite.
Más información: El Congreso tumba la senda de estabilidad con los votos de PP, Vox y Junts y evidencia la minoría de Sánchez
Rubén Fernández Publicada 15 julio 2026 02:51h Las clavesLas claves Generado con IA
"Todo el mundo sabe que no tendrán Presupuestos y ustedes lo saben también". Lo decía el diputado de Junts Josep Maria Cruset durante el debate sobre la senda de estabilidad, el paso previo para elaborar los Presupuestos Generales del Estado.
Ese marco fija los objetivos de déficit, deuda y gasto público que sirven de base para las cuentas públicas.
Y el pronóstico de Junts se cumplió: PP, Vox y los independentistas catalanes votaron en contra de la senda de estabilidad. Es el primer revés al proyecto presupuestario del Gobierno.
Es un duro golpe donde más le duele al Gobierno, que trata de exhibir el gasto récord de 226.032 millones de euros —previsto para fines sociales— como su gran baza.
La votación evidencia la minoría de Sánchez y deja aún más cuesta arriba su objetivo de aprobar unos nuevos Presupuestos y, con ellos, sostener su empeño de agotar la legislatura hasta 2027
El voto de los siete de Junts es crucial. De hecho, el Gobierno confía ahora en que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, prevista para este jueves, contribuya a recomponer su relación con los de Carles Puigdemont.
En el Ejecutivo esperan un fallo favorable, aunque este no supondrá el regreso inmediato de Carles Puigdemont, ya que la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional, previsiblemente entre septiembre y octubre.
No obstante, no todo depende de Junts. Podemos se abstuvo en la votación, alejando aún más las posibilidades de un acuerdo presupuestario.
La formación de Ione Belarra justificó su posición al asegurar que el aumento de la inversión "va dedicado a tanques en vez de sanidad y dependencia".
¿Y ahora qué? El calendario que contempla el Ejecutivo es aprobar el nuevo techo de gasto en el Consejo de Ministros antes del receso estival. La votación podría ser en el pleno escoba de julio o, a más tardar, en septiembre.
No cuentan con muchas más bazas e incluso ya advierten de que en la segunda votación borrarán el margen de 5.850 millones adicionales para las comunidades autónomas que contemplaba esta senda, lo que augura un segundo trámite aún más aciago.
Incluso ERC, cuyo portavoz Teresa Jordá afirmaba votar "enfadada" porque "no resolvía el problema de fondo" de "la infrafinanciación de Cataluña", abría la puerta a un cambio de voto.
Sánchez alimenta la idea de convocar elecciones en febrero o marzo si no aprueba los Presupuestos como pide el PNVTras este segundo y definitivo rechazo, el Gobierno elaborará las cuentas con el techo de gasto vigente, el de 2023, y remitirá los Presupuestos al Congreso.
La cuestión es cuándo. Según el artículo 134 de la Constitución Española, el Gobierno debe presentar el proyecto de los Presupuestos ante el Congreso de los Diputados, como muy tarde, el 30 de septiembre de cada año, aunque es cierto que es un límite que se ha saltado constantemente.
A partir de ahí, empezaría la tramitación. En el PSOE ya asumen que las cuentas serán rechazadas nada más llegar debido a las enmiendas a la totalidad que presenten los grupos. Es decir: PP, Vox y Junts.
No será necesario un trámite de tres meses en el que se introduzcan enmiendas que puedan ser negociadas sino que los Presupuestos podrían caer en la primera votación. Es ahí cuando se abriría un escenario electoral que podría complicar el deseo de Pedro Sánchez de celebrar elecciones en 2027.
La intención del presidente del Gobierno es aguantar hasta el próximo año y la opción que baraja es la de celebrar los comicios en febrero o marzo.
Sin embargo, si decaen nada más presentarlos, Sánchez podría verse forzado a convocar elecciones tal y como hizo en 2018. La legislación establece que la votación se celebra 54 días después de la publicación del decreto de convocatoria.
Es decir: se complicaría su plan de llegar a febrero. Si se ciñe a los plazos y al calendario, el Ejecutivo podría remitir al Congreso las cuentas para ser debatidas y tumbadas en octubre fijándose las elecciones para diciembre.