El primer juicio al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama llega a su recta final este miércoles con los informes de las acusaciones y las defensas. Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, tanto la defensa del ex secretario de Organización del PSOE como la de su ex asistente se emplearán a fondo en desmontar el conjunto de informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que obran en la causa, así como la confesión de Aldama y la acusación del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. La estrategia de defensa de Ábalos y Aldama, a lo largo de toda la vista oral, ha sido la de desvincularse del conjunto de cohechos y sobornos destapados por los investigadores. También ha pasado por cargar contra el comisionista Aldama, quien ha colaborado con la Justicia, y ha admitido haber ejercido de «nexo corruptor» -así lo definió la propia UCO- en esta trama de corrupción.
La sesión arrancará con el informe del fiscal, quien el pasado lunes elevó a definitivas sus peticiones de penas: 24 años de prisión para el ex ministro, 19 y medio para Koldo García y siete para Aldama. A Ábalos y Koldo, Anticorrupción les atribuye los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos. A Aldama, la pertenencia a organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada, apreciando que merece una atenuante simple por haber colaborado con la investigación cuando esta se encontraba en un estado embrionario.
Tras impedir la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que Luzón pidiera la atenuante muy cualificada para el comisionista que ha destapado la corrupción en el Gobierno y el PSOE, el fiscal de Sala tiene hoy vía libre en su intervención oral para sostener que el empresario arrepentido merece una rebaja mayor de pena. Previsiblemente, lo hará.
Tal y como ha venido informando EL MUNDO, Luzón tiene previsto defender este miércoles que se podía haber calificado perfectamente con una atenuante muy cualificada la colaboración de Aldama, atendiendo a la legislación europea. También describirá a la trama criminal, con roles diferenciados: Ábalos el que abría puertas en la Administración por ser el ministro; Koldo el que gestionaba los fondos y alter ego del primero; y Aldama, el empresario influyente que recaudaba y pagaba. El fiscal también abordará previsiblemente que para la comisión del delito de organización criminal no existe una necesidad de que se establezca una jerarquía en la misma (el comisionista situó al presidente Pedro Sánchez como número 1 de la red criminal).
Por su parte, la defensa de Aldama confía en que el fiscal jefe se avenga en su exposición oral a remarcar que la colaboración de su cliente merece un mayor premio. Dicho en otras palabras, que aunque el fiscal jefe haya eludido alimentar un choque con Peramato, en su informe sí ponga en valor la confesión del empresario.
En contraposición, en el PSOE tacharon ayer de «escándalo de primer nivel» que las acusaciones populares que lidera el PP en el caso Mascarillas hayan solicitado que se impongan menos de dos años de cárcel al empresario Víctor de Aldama por cada uno de los delitos que se le atribuyen. «Es evidente que a un imputado se le pueden otorgar beneficios cuando colabora con la Justicia. Éste, ¿en qué ha colaborado?», se preguntó el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, en referencia a Aldama. «Dijo que iba a aportar pruebas de la corrupción del PSOE. ¿Dónde están esas pruebas? Ya está bien. Sin una sola prueba y anda por la calle y se le rebaja la petición de condena», agregó.
Por otro lado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, acusó al PP de actuar en connivencia con el comisionista para atacar al Ejecutivo: «Desde aquí, les doy las gracias al PP y a Aldama por dejar tan claro que están colaborando los unos con los otros y los otros con los unos».
En la dirección de Ferraz no entran a valorar la declaración de Ábalos, que, a diferencia de Aldama, no abonó la tesis de la financiación ilegal del PSOE ni apuntó a Pedro Sánchez como máximo responsable. Fuentes socialistas se limitan a repetir el argumentario de que confían en que «la Justicia haga su trabajo, vaya hasta el final, determine dónde están los culpables y que caiga el peso de la ley sobre ellos».