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Agricultores y ganaderos denuncian que los altos costes laborales que les impone el Gobierno de PSOE y Sumar les impiden ser competitivos frente a los productos de otros países.
Entre las quejas de los agricultores y ganaderos que colapsaron el centro de Madrid la semana pasada sobresalía la incapacidad de competir con rivales de otros países debido a los elevados costes laborales impuestos por el Gobierno de PSOE y Sumar. La causa son las reiteradas subidas del salario mínimo por encima de la inflación y de las cotizaciones a la Seguridad Social, que han disparado las cargas por contratar al personal imprescindible para el funcionamiento de unas explotaciones que cada ejercicio son menos rentables para sus propietarios.
El sector agrario denuncia que, cuando entre en vigor el alza del SMI para este año con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero -que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz firman hoy con toda la pompa junto a los líderes de CCOO y UGT-, el coste total por contratar a un jornalero (nómina más cotizaciones sociales y seguros) será diez veces superior al de sus rivales en Marruecos, y un 30% superior al vigente en la también vecina Portugal. Es cierto que el salario mínimo también ha subido en el resto de países de la zona euro, pero con una intensidad similar a la de nuestro país únicamente lo ha hecho en las naciones de Europa del Este. Entre los países con un elevado peso de la agricultura, sólo Francia tiene un salario mínimo mayor al de España, pero desde 2016 ha crecido en porcentaje la mitad.
No se trata de un problema exclusivo del sector primario, pero su incidencia sí es mayor a la del resto de industrias. De hecho, un 31% de los trabajadores que se beneficiaron de la subida del salario mínimo en 2025 (que fue del 4,4%, casi el doble que la inflación media) pertenecían al sector agrario, en el que la mano de obra representa un 45% de los costes de producción. Lo cual explica que los costes unitarios del sector primario hayan crecido por encima de los de la industria en los últimos años. Un sinsentido que está provocando un aumento sostenido del número de hectáreas sin explotar. En paralelo, cada vez más empresarios del campo están trasladando una parte de su producción a países cercanos en los que los costes de explotación son menores; en esencia, Marruecos.
Las organizaciones de agricultores y ganaderos han pedido en los últimos años tanto a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como al ministro de Agricultura, Luis Planas,compensaciones o bonificaciones para modular el impacto negativo sobre sus cuentas de resultados de las crecientes cargas laborales, ya que la intensa competencia les impide trasladar íntegramente a sus precios el aumento de costes, pero no han logrado que atiendan sus demandas.
Aunque la Ley de la Cadena Alimentaria vigente desde 2001 prohibe la destrucción de valor, estableciendo que cada operador de la cadena debe pagar al anterior un precio igual o superior a los costes efectivos de producción, la realidad es que muchas explotaciones operan prácticamente sin ganancia real. De ahí su desesperación ante las estimaciones de que, una vez entre en vigor el acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con los países de Mercosur (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), pendiente de ratificación parlamentaria por las dos partes, el mercado europeo se inunde de productos agrícolas a unos precios insostenibles para los productores españoles.
La factura de la guerra
A las elevadas cargas laborales que sufren agricultores y ganaderos se une el encarecimiento sobre todo de los fertilizantes, pero también de los piensos y las semillas, entre otras materias primas. Si bien los costes de los insumos se han estabilizado en los últimos dos años respecto al pico que alcanzaron a finales de 2022, continúan siendo un 20% superiores a los que debían hacer frente antes de la guerra de Ucrania, lo que contribuye decisivamente a su pérdida de competitividad.
Ante la crítica situación de las explotaciones agrarias, agudizada por el temporal de las últimas semanas, el ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha mostrado dispuesto a flexibilizar la aplicación de la PAC, revisar los módulos del IRPF por los que cotizan agricultores y ganaderos, y garantizar los contingentes de temporeros de terceros países para tareas cíclicas. Pero con una estructura de costes fijos cada vez más condicionada por las políticas del Ejecutivo, será difícil que puedan volver a ser competitivas.
La escasa rentabilidad agrava el relevo generacional
Los programas públicos para incentivar el relevo generacional en el campo español no están logrando el éxito esperado. Para las organizaciones agrarias, la causa está en la baja rentabilidad que registran la gran mayoría de las explotaciones en nuestro país, asfixiadas por los altos costes laborales y de producción, la creciente burocracia relacionada con los fondos de la UE y las políticas climáticas, la competencia feroz de terceros países y el constante deterioro de las infraestructuras y los servicios públicos en el ámbito rural. De acuerdo al censo agrario que elabora el INE, el 40% de los propietarios de explotaciones agrícolas o ganaderas en España supera los 65 años de edad, mientras que tan solo un 9% tiene menos de 41 años. En paralelo, en la última década se han reducido en 500.000 las hectáreas dedicadas al cultivo, especialmente en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Castilla y León. De hecho, las actividades agrícolas han pasado de suponer el 6,9% del PIB en 1985 a tan sólo un 2,6%. La falta de relevo generacional en el campo agrava la despoblación rural.
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