La comisión del Senado que investiga las múltiples derivadas de presunta corrupción que salpican al Gobierno y al PSOE dirige ahora sus pesquisas hacia los vínculos, hasta ahora inexplicados, del Ejecutivo y personas afines con el régimen de Venezuela que, pese a la captura de su principal dirigente, Nicolás Maduro, por EEUU, se mantiene en pie encabezado por su número dosDelcy Rodríguez y el resto de miembros de su cúpula.
En estas condiciones, y con el anuncio público de que el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, será llamado a declarar ante la comisión para aclarar sus estrechos lazos con la autocracia venezolana, los populares, que dominan la Cámara Alta y la comisión investigadora, hacen acopio de datos e informes en un intento de estrechar el cerco sobre lo que consideran un «núcleo de corrupción» con tentáculos políticos y económicos.
La noticia, publicada por este diario, de que la aerolínea española de capital venezolano, Plus Ultra, la misma que fue considerada estratégica por el Gobierno y recibió a modo de rescate 53 millones de euros durante la pandemia, acaba de saldar su deuda con PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, precisamente con parte de la ayuda española, es un hilo que el PP ha agarrado y del que se dispone a tirar.
Este dato, unido a los puntos oscuros que rodearon en su día la concesión del rescate, el hecho de que la compañía esté siendo investigada por presunto blanqueo de capitales y la relación de amistad de Zapatero con su asesor para las relaciones con Venezuela, detenido tres días después de que ambos mantuvieran un encuentro en un paraje restringido del monte de El Pardo, conforma una madeja que los populares aseguran estar decididos a desentrañar.
Con este propósito, la comisión de investigación reclama a Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. la relación pormenorizada del destino efectivo de los 53 millones de euros que recibió del Gobierno de España en concepto de rescate, con identificación de todas las operaciones de pago realizadas con cargo a dichos fondos, incluyendo fecha, importe, beneficiario, concepto y relación, en su caso, con socios o administradores.
Y a ello añade, la petición a la Intervención General de la Administración del Estado de todos los informes de fiscalización, control financiero o auditoría realizados en relación con la gestión del Fondo de Solvencia y, específicamente, sobre la operación de rescate de Plus Ultra con indicación de las observaciones y recomendaciones formuladas.
La petición de documentos aprobada por la Mesa de la comisión de investigación se extiende además de a Plus Ultra Líneas Aéreas, a las sociedades mercantiles Snip Aviation, Fly Spain y sociedades vinculadas.
A cada una de ellas se le pide relación detallada de todos los contratos de financiación, tanto bancaria como privada, vigentes entre 2015 y la fecha de concesión del rescate así como el organigrama societario y de participaciones directas e indirectas, con identificación de beneficiarios últimos de todas ellas.
El PP ha puesto el foco sobre el rescate de Plus Ultra por considerar, como explica su portavoz en el Senado, Alicia García, que «está plagado de agujeros negros».
«La opacidad, la falta de información y la mediación de Zapatero multiplican las sospechas sobre una operación ruinosa para nuestro país pero muy rentable para el sanchismo», afirma García para quien no hay duda de que «las sospechas que se ciernen sobre una aerolínea con claros vínculos chavistas, se están convirtiendo en pruebas».
En opinión de la portavoz popular, «es muy probable que el dinero de todos los españoles sirviese para financiar el régimen de Maduro a través de este rescate, haciendo que el dinero fuera a pagar su deuda con la petrolera estatal venezolana. Los españoles merecen saber», recalca, «si su dinero se ha destinado a subvencionar una narcodictadura».