El líder de Se Acabó La Fiesta hizo unas publicaciones en redes sociales con «llamamientos reiterados a la ocupación, bloqueo y colapso de vías de comunicación»
Regala esta noticia Añádenos en Google Alvise Pérez. (EP)Javier Arias Lomo y Melchor Sáiz-Pardo
01/07/2026 Actualizado a las 16:28h.El Tribunal Supremo abrió este miércoles una nueva causa penal contra Luis 'Alvise' Pérez por instigar desórdenes públicos en las protestas agrícolas que tuvieron lugar ... en febrero de 2024. El tribunal atribuye al líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) un presunto delito de desorden público por alentar desde su canal de Telegram al colapso de carreteras e infraestructuras públicas y apunta que sus mensajes no se entienden como simples manifestaciones de crítica política, protesta social o adhesiones a una movilización sectorial.
En el momento de los hechos, el líder de Se Acabó La Fiesta no solo apoyó las manifestaciones y tractoradas sino que promovió, desde su canal con cientos de miles de seguidores, el uso de «grava y estiércol» para lanzar a los antidisturbios, así como anunciar un plan para «dividir» a las unidades policiales durante las protestas en Madrid. El Supremo recalca que esas publicaciones no están amparadas por la libertad de expresión, la libertad ideológica y el derecho de participación política que protegen el discurso crítico frente al Gobierno, la denuncia de actuaciones policiales o la convocatoria de protestas.
«Tal protección no se extiende, sin más, a los llamamientos directos y públicamente difundidos a la ejecución de conductas que, por su número, organización, finalidad y riesgo generado, pueden integrar los presupuestos de los desórdenes públicos agravados», subrayan los jueces en el auto.
Se trata de la sexta investigación que el alto tribunal abre contra el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), y la Sala de lo Penal ha designado como instructora a la magistrada Carmen Lamela. Nunca antes un aforado había enfrentado tantas causas como Alvise tiene ahora mismo en el TS. La Sala Penal ya le investigaba por recibir, supuestamente, 100.000 euros de un empresario de criptomonedas para su campaña para las europeas; por amenazar en redes a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert; por supuestos delitos de revelación de secretos y acoso a dos eurodiputados que se presentaron con él en 2024; por difundir una prueba falsa de covid de Salvador Illa; y por supuestas amenazas a José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras.
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