El Tribunal Supremo ha anulado Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios. La norma, aprobada en su día por el Gobierno central, tenía como propósito principal endurecer los requisitos y acotar la proliferación de universidades privadas en España.
Sin embargo, el alto tribunal ha estimado íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Conselleria d'Educació del Govern balear, tumbando de raíz todo el texto normativo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros para acelerar el procedimiento de elaboración mediante una vía de urgencia "no está debidamente justificado". Para el Tribunal Supremo, la supresión de este trámite de participación ciudadana e institucional "carecía del amparo legalmente exigido".
La reacción del Ministerio
Tras conocerse la resolución, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha emitido un comunicado en el que ha señalado que "el Ministerio se ha enterado del fallo del Tribunal Supremo por los medios de comunicación". El departamento ha afirmado que "esta circunstancia genera una situación de indefensión para la institución, que debería poder conocer oficialmente una resolución que afecta a una norma promovida por el Gobierno, analizarla con todas las garantías y ofrecer, a partir de ahí, una respuesta fundada, máxime si tenemos en cuenta el periodo preelectoral en el que nos encontramos actualmente".
Por su parte, el Govern balear ha reaccionado celebrando la decisión del Alto Tribunal y reiterando, en boca de su consejero autonómico de Educación, Antoni Vera (PP), que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el decreto "con nocturnidad y alevosía". "Se tramitó sin escuchar a las comunidades autónomas y, en el caso de Baleares, sin tener en cuenta el hecho insular". Baleares tiene un déficit de red educativa universitaria y actualmente está en proceso de ampliar la oferta universitaria privada.
El gobierno balear que preside Marga Prohens remarca además el Tribunal Supremo señala en la sentencia que "no se atiende la urgencia de la norma" al no haber tenido en cuenta ni a la conferencia sectorial universitaria ni a las comunidades autónomas.
Además, ha lamentado que el Gobierno central "no dejó tiempo a las comunidades autónomas para alegar, consensuar, reunirse o crear grupos de trabajos técnicos".
Por otra parte, la ley obligaba a la nueva universidad a tener un 10% de plazas de residencia universitaria. "Esto no tiene nada que ver con la naturaleza propia de la universidad ni con la calidad universitaria", ha reprochado Vera.
Así, el Govern presentó un recurso ante el Supremo al considerar que "se habían invadido las competencias del artículo 36.4 del Estatut d'Autonomia". Y el Supremo ha estimado todas sus demandas.
Sobre el contenido de la resolución judicial, el Ministerio ha aseverado que, "aunque respeta el fallo, recuerda que la sentencia no entra en el fondo del real decreto, sino en la urgencia con la que se tramitó, una decisión que no compartimos". El Ministerio defiende que "la necesidad de este Real Decreto era y sigue siendo clara y urgente. España está muy cerca de tener tantas universidades privadas como públicas: el sistema cuenta ya con 50 universidades públicas frente a 49 privadas".
En cuanto al procedimiento, ha subrayado que "el Real Decreto al que se refiere la información fue tramitado con todas las garantías", destacando que "el Consejo de Estado, como supremo órgano consultivo de acuerdo con la Constitución Española, avaló expresamente la legalidad de la tramitación urgente y con ello poder prescindir del trámite de consulta previa, fase previa a la elaboración del propio texto".
Además, ha argumentado que "la ciudadanía fue escuchada mediante el trámite de información pública, que sí se realizó, recibiendo más de sesenta alegaciones que fueron atendidas", y que "todas las universidades públicas y privadas de España tuvieron acceso al texto y lo informaron de manera favorable en el Consejo de Universidades".
El departamento ha recalcado los objetivos de la norma indicando que "es reforzar los requisitos exigibles para la creación, reconocimiento y autorización de nuevas universidades y garantizar la calidad global del sistema universitario español, asegurando que todas las universidades cumplan con las funciones que la sociedad les encomienda", buscando en particular "garantizar el compromiso de las universidades con sus tres misiones fundamentales: la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento".
Por tanto, concluyen que "se trata de una norma cuyo propósito es garantizar que las universidades que operan en España cumplen unos estándares adecuados de calidad y solvencia, en beneficio de los estudiantes, las familias y del conjunto del sistema universitario".
Bajo sus apartados de valoración, el Ministerio insiste en que "la urgencia de esta regulación es evidente" y que "ante esta realidad, no podemos permanecer de brazos cruzados. El crecimiento del sistema universitario debe ir acompañado de garantías de calidad, de exigencia académica y de sostenibilidad. Y con informes vinculantes de agencias de calidad, tal como recoge el real decreto, y que hasta ahora no se producía", añadiendo que "este Real Decreto nació precisamente para eso: reforzar los requisitos para crear nuevas universidades públicas o reconocer universidades privadas y garantizar la calidad global del sistema universitario español".
Asimismo, ha abogado por la protección del sector público señalando que "la universidad pública es uno de los grandes instrumentos de igualdad de oportunidades de nuestro país y necesita ser protegida y reforzada", advirtiendo que "la proliferación descontrolada de universidades privadas puede alterar el equilibrio del sistema y, cuando no está acompañada de exigencias suficientes, puede perjudicar a la calidad global de la universidad española y a la igualdad de oportunidades".
El departamento ha matizado que "no se trata de estar en contra de la universidad privada. Se trata de garantizar que todas las universidades, públicas y privadas, cumplen unos estándares adecuados de calidad, investigación, docencia y transferencia de conocimiento".
Finalmente, de cara a los próximos pasos, el Ministerio ha confirmado que ya están "trabajando en una nueva norma para poder aprobarlo lo antes posible, dentro del marco que establezca la resolución judicial y con todas las garantías jurídicas", reiterando que "el problema que motivó esta regulación sigue existiendo: necesitamos garantizar que el crecimiento del número de universidades no se haga a costa de la calidad del sistema".
Cabe recordar que la norma no salió adelante de manera pacífica dentro del Gobierno de coalición, ya que se aprobó inicialmente con el criterio en contra de los ministerios de Economía y de Trabajo, que recelaban de las restricciones y del impacto regulatorio planteado. De hecho, las fricciones internas llegaron a requerir la mediación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para suavizar el contenido del texto y conseguir reconducir la postura de los sectores más reacios dentro del Ejecutivo antes de su luz verde definitiva.
Reacciones en la comunidad educativa
Por un lado, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha denunciado la decisión del alto tribunal, advirtiendo de que el fallo deja "nuevamente desprotegido y sometido al sistema universitario público y al conjunto del estudiantado", a la vez que ha reclamado que "la universidad no puede convertirse en un espacio en el que la lógica económica prevalezca sobre la calidad académica".
Por el lado contrario, la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) ha valorado muy positivamente la sentencia del Tribunal Supremo, señalando que la norma anulada generaba incertidumbre jurídica y recordando que "la calidad universitaria es un objetivo irrenunciable que compartimos plenamente. Precisamente por ello, las reformas que afectan al futuro de nuestras instituciones deben construirse desde el diálogo, el rigor técnico y el respeto a las garantías democráticas".