- El Supremo rechaza la petición de Santa Bárbara de bloquear 3.000 millones en préstamos a Indra y EM&E
- Defensa tumba el recurso de Santa Bárbara contra los contratos de artillería de Indra y EM&E de 7.240 millones
El alto tribunal rechaza el recurso de revisión de Santa Bárbara, que solicitaba acceder a los expedientes de contratación que justificaron la elección de Indra y EM&E como adjudicatarios de los contratos de artillería.
Santa Bárbara Sistemas sufre otro revés en su batalla legal contra la adjudicación a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) de 7.240 millones de euros en contratos de artillería. El Tribunal Supremo le ha denegado el acceso a los informes técnicos y a los expedientes de contratación que justificaron la elección de Indra y EM&E para estos programas.
Así lo indica el Supremo en un auto del 29 de abril consultado por EXPANSIÓN, en respuesta a un recurso de revisión interpuesto por Santa Bárbara (propiedad de la estadounidense General Dynamics) en el que reclamaba acceder a estos documentos tramitados por el Ministerio de Defensa.
El alto tribunal rechaza la petición por motivos procesales y aclara que si la empresa quiere cuestionar por qué Defensa eligió a Indra y a EM&E debe recurrir a la Audiencia Nacional. Asimismo, menciona razones de seguridad nacional y el derecho del Estado a no divulgar información que pueda ser contraria a estos intereses.
Santa Bárbara inició un procedimiento ante el Supremo con la intención de bloquear 3.000 millones de euros en préstamos estatales al 0% a la unión temporal de empresas (UTE) de Indra y EM&E para prefinanciar dos contratos de artillería que le fueron adjudicados.
Esa prefinanciación se reflejó en un real decreto en el que también se concedieron préstamos sin intereses a otras compañías, como Telefónica, que se personó en la causa debido al potencial impacto para la teleco.
Al recurso de revisión presentado por Santa Bárbara se opusieron tanto la Abogacía del Estado como Indra y Escribano, pero también la UTE entre Indra y Telefónica, que recibió un crédito de 380 millones de euros para un proyecto de conectividad multidisciplinar en el mismo real decreto en el que se aprobaron los préstamos a Indra y EM&E.
Se trata de un nuevo varapalo para Santa Bárbara, que en los últimos meses ha recurrido sin éxito a distintas vías judiciales y administrativas para tratar de bloquear la ejecución de estos contratos.
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