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Uno de los tanques 'Leopardo' en la fábrica de Santa Bárbara. Raúl Doblado El Supremo rechaza suspender las milmillonarias ayudas públicas a Indra y EscribanoNuevo varapalo para Santa Bárbara, la filial española de la estadounidense General Dynamics, en menos de una semana
Lunes, 20 de abril 2026, 15:34 | Actualizado 15:43h.
... nueva victoria para Indra y los Escribano y también alivio, momentáneo, para Moncloa. El Tribunal Supremo ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por la filial de General Dynamics por los contratos de 3.000 millones otorgados por Defensa a Indra y a Escribano.Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado la petición al entender que no concurren los requisitos exigidos para adoptar medidas cautelares. El tribunal sostiene que los perjuicios alegados por Santa Bárbara “no pasan de ser una mera alegación carente de prueba”, sin que haya acreditado daños inminentes ni de difícil reparación. En este sentido, recuerda que corresponde a la empresa demostrar de forma concreta esos perjuicios, algo que no ha hecho.
El Supremo también descarta que la continuidad de la compañía, su posición en el mercado o el empleo puedan verse afectados. Subraya que Santa Bárbara forma parte de General Dynamics, una de las mayores empresas mundiales del sector defensa, lo que hace difícil sostener que su viabilidad dependa de estos préstamos. Además, recuerda que la empresa ha sido beneficiaria de otras ayudas públicas en España, como el programa de actualización de vehículos Pizarro, dotado con 176 millones de euros.
En su resolución, los magistrados otorgan un peso decisivo al interés público. Destacan que los programas de modernización militar responden a una estrategia nacional y europea para reforzar la autonomía en defensa, reducir la dependencia exterior y cumplir los compromisos asumidos en el marco de la Unión Europea. Por ello, advierten de que paralizar más de 3.000 millones de euros en financiación no supondría un mero aplazamiento, sino una alteración sustancial de la planificación militar, industrial y presupuestaria, con efectos difícilmente reversibles.
Según el tribunal, la suspensión comprometería directamente la modernización de capacidades militares críticas, el cumplimiento de compromisos internacionales y la estabilidad de un sector estratégico. Frente a ello, considera que el interés privado de Santa Bárbara -limitado a la pérdida de la expectativa de obtener la financiación- no puede prevalecer sobre el interés público ni sobre el de las empresas beneficiarias.
La resolución llega después de que el Ministerio de Defensa rechazara el recurso de alzada presentado por la compañía, que ya ha anunciado que continuará la batalla judicial ante la Audiencia Nacional. Todo ello en el marco de los Planes Especiales de Modernización (PEM), con los que el Gobierno de España busca elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB.
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