El presidente, Lorenzo del Río, reclama implicación a los profesionales y exige mejoras a las administraciones
Regala esta noticia Añádenos en Google El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, durante durante el acto de apertura del año judicial en Andalucía, Ceuta y Melilla. (ARIEL C. ROJAS)PILAR GARCÍA-TREVIJANO
15/09/2026 a las 02:00h.«Resulta difícil y complicado mudar una estructura organizativa secular en tan breve período de tiempo. Han sido muchas las disfunciones y los obstáculos a ... superar y creo trasladar un sentimiento común si digo que los problemas no han terminado, que el horizonte se presenta todavía lleno de inquietud e inseguridad, sin que hayamos conseguido salir de una justicia colapsada y lenta», resumió Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía durante el acto de apertura del año judicial en Andalucía, Ceuta y Melilla, celebrado en el edificio de la Real Chancillería de Granada. El magistrado persistió un año más en su diagnóstico sobre la Justicia, pese a que todas las sedes judiciales en la comunidad autónoma se acompasan a la ley de eficiencia judicial que prometía agilizar el sistema.
Del Río señaló una cierta desafección hacia el nuevo modelo, especialmente entre abogados, procuradores y graduados sociales, así como quejas recurrentes por la falta de información a la ciudadanía y las dificultades para consultar procedimientos. Para mejorar su funcionamiento, consideró fundamental revisar la distribución y asignación de tareas, funcionarios y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), definiendo con claridad funciones, responsables, cargas de trabajo, necesidades de refuerzo y protocolos de sustitución. También destacó la necesidad de impulsar de oficio los procedimientos para evitar retrasos y evitar que la nueva organización diluya responsabilidades.
Señala la «desafección» hacia el nuevo modelo por parte de los profesionales, así como falta de información al ciudadano
En este sentido, los LAJ deben asumir plenamente las funciones que les atribuye la ley y ejercer una dirección eficaz de la oficina judicial, con el apoyo de gestores y tramitadores. Asimismo, reclamó una mayor implicación de los jueces en la organización y coordinación del órgano judicial, sin que ello suponga una concepción de la independencia judicial ajena a la estructura que sustenta su labor. Finalmente, Del Río consideró que la digitalización es un factor determinante para el éxito de la reforma, mediante la generalización del expediente judicial electrónico como soporte habitual de la actividad procesal. Sin embargo, advirtió de que la transición tecnológica no ha sido fluida, debido a las numerosas caídas del sistema informático, las deficiencias del nuevo sistema de gestión procesal y la implantación incompleta del expediente electrónico, especialmente en la jurisdicción penal, donde además continúa el uso de Lexnet por las partes del proceso.
Tras dar la bienvenida al nuevo consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, demandó que los responsables políticos se posicionaran con claridad en relación a los planes de infraestructuras de Andalucía para que «lleguen a buen puerto proyectos de ejecución de nuevas sedes judiciales». Del Río declaró que la Junta ya ha trasladado su compromiso de que todas las sedes judiciales puedan disponer de espacios adecuados, dotación tecnológica, mobiliario, personal y demás recursos precisos, con especial premura en las que entran en funcionamiento el próximo 31 de diciembre y redoblar el esfuerzo en infraestructuras judiciales que exigen actuaciones urgentes para su traslado por encontrarse en edificios «que evidencian signos de ruina funcional» como algunas secciones de Algeciras y Estepa.
El magistrado manifestó su inquietud en relación al nuevo reparto de las consejerías andaluzas, donde Justicia podría quedar «desdibujada» entre las otras competencias de su responsable, Manuel Gavira. «Si soy sincero, no esperaba tal solución en el diseño del nuevo gobierno, en el puede quedar desdibujada la justicia en Andalucía, que es la comunidad autónoma con mayor complejidad judicial de nuestro país, dada su extensión territorial y número de jueces y órganos judiciales», confesó.
Por último y como viene siendo habitual, expresó su preocupación por la falta de respeto institucional al poder judicial. «Jueces y fiscales que toman decisiones incómodas pasan a ser actores políticos, señalados y deslegitimados», denunció. «Igual ese es el objetivo que se pretende, procurar autocensura antes que obediencia. No hace falta cambiar la ley, basta con erosionar la confianza en quien la aplica. Cuando cada resolución judicial se presenta como una conspiración o una maniobra partidista, la independencia de los tribunales se va vaciando por dentro», explicó. «No se rompe el Estado de Derecho de un golpe, se le quita oxígeno poco a poco, hasta que deja de imponer respeto», remachó.
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