La empresa explotadora se ha hecho con la mayor parte del inmueble después de la sentencia firme que ordenaba el derribo
La licencia fue concedida a la empresa sevillana Inversiones Inmobiliarias RB y el establecimiento fue explotado por diversas sociedades. Ahora quien lo hace es Grupo Vega, un conglomerado de empresas con sede en Málaga que está siendo investigado por un juzgado de Torremolinos por la explotación ilegal del hotel Vistamar, también en Benalmádena, que supuso la detención de seis personas y la posterior imputación del concejal de Aperturas, Raúl Campos, y de un funcionario municipal. El conglomerado se convirtió en 2023 en Grupo Vega Capital Socimi y ha realizado desde entonces diferentes operaciones hasta convertirse, según asegura la firma, en el propietario de la mayor parte del inmueble, a pesar que desde 2021 la orden de demolición es firme.
El grupo ha sido quien ha interpuesto el recurso ante el TSJA -contra la decisión del Tribunal de Instancia de Málaga- con el que ha obtenido la medida cautelar de suspensión del derribo. Lo que pretende la empresa es que la demolición no se materialice y que se realice una «legalización parcial» de la obra, algo que ya intentó hacer el propio Ayuntamiento de Benalmádena en 2017 y que fue rechazado ya por el propio Tribunal Superior. Grupo Vega ha realizado un proyecto básico que ha presentado al Consistorio en el que propone demoler once unidades de alojamiento, con las que el establecimiento pasaría de tener 61 a 50 habitaciones y se rebajaría la edificabilidad en más de 200 metros cuadrados por debajo del máximo ordinario (2.013,84, en lugar de 2.249 metros cuadrados).
La empresa apela al coste millonario de la demolición y las indemnizaciones, aunque el Ayuntamiento ya intentó legalizar la construcción en 2017
La empresa justifica su propuesta apelando al interés general, no solo por el mantenimiento de la actividad y los puestos de trabajo, sino por los costes que conllevaría para las arcas municipales, que cifra en más de 10 millones de euros entre los costes del derribo y las indemnizaciones que podría reclamar la empresa y el resto de los propietarios por las concesiones de una acción de la que jurídicamente es responsable el Ayuntamiento (al licencia ilegal otorgada). Además, recuerda que se trata de una propiedad privada y de un emplazamiento que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) reserva para un hotel, por lo que el derribo en ningún caso se traducirá en un uso público de la parcela.
Actuar «dentro de la lógica»
Grupo Vega ha instado al gobierno municipal a que valore su propuesta, que va «acompañada del compromiso de asumir costes de derribo parcial y renunciar a la indemnización» y ha manifestado que espera que «el Ayuntamiento termine actuando dentro de la lógica, con arreglo al principio de buena administración y con pleno respeto a la decisión que corresponde al juez». Si el Ayuntamiento acepta la propuesta, deberá ponerlo en conocimiento del TSJA dentro de esa fecha límite marcada del 23 de septiembre, y después los magistrados deberán pronunciarse sobre el futuro definitivo del Vista del Rey.
En su sentencia sobre el fondo del caso, el alto tribunal andaluz, citando abundante jurisprudencia del Supremo, defendió que «toda anulación de licencia comporta el derribo de la edificación a la que sirve de cobertura» al considerar la demolición «una consecuencia natural» y una «medida precisa y adecuada» para restaurar el «orden jurídico infringido» y «la realidad física alterada».
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