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Información del artículo- Autor, Alicia Hernández
- Título del autor, BBC News Mundo
- 27 enero 2026Actualizado 30 minutos
El gobierno de España aprobó este martes un Real Decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en el país.
Se estima que la regularización -la primera de este tipo en 20 años- beneficiará a más de 500.000 personas.
La medida exige a los aplicantes carecer de antecedentes penales y "no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos".
Los solicitantes podrán pedir la regularización de forma telemática en la página web del Ministerio de Inclusión y Migraciones a partir del 16 de abril.
Desde el día 20 se podrá solicitar de manera presencial en oficinas de la Seguridad Social, sucursales de Correos y algunas oficinas de extranjería en determinadas provincias que se especificarán en el portal del Ministerio.
El procedimiento permitirá a quienes cumplan los requisitos obtener un permiso de residencia y trabajo en España por un año, con acceso a Seguridad Social y sanidad, y la posibilidad de integrarse después de forma progresiva y plena en el sistema.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, calificó este martes la regularización como "un acto de coherencia ética y de justicia social".
El Real Decreto fue finalmente aprobado después de que el pasado enero se anunciara el proceso y comenzara la tramitación.
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Saiz alegó entonces que era necesario "para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles", así como "reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país".
La medida se originó en un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez.
A quién beneficiará
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A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar haber estado en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y llevar más de cinco meses en el país.
Para demostrar la permanencia en España, habrá que presentar "cualquier documento público, privado o una combinación de ambos". En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales "ni suponga una amenaza para el orden público".
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Sin expulsión
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
Cuando anunció la regularización, la ministra de Seguridad Social y Migraciones alegó que esta favorecerá una "integración plena y progresiva en el sistema". Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
Se dará un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar "desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país", matizó Saiz.
"Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica", argumentó.
Luego, una vez realizado el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Sin pasar por el Congreso
Al ser una medida aprobada por Real Decreto, es decir, que nació del Ejecutivo, no necesitó pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Partió de una iniciativa legislativa popular que llegó a la cámara baja con el respaldo de más de 600.000 firmas y que superó un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces hasta enero estuvo bloqueada por la falta de acuerdo en el Congreso.
También llegó tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, a asociaciones anarquistas o colectivos empresariales.
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Tras la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento fue a audiencia pública. Luego pasó al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. "No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo", declaró la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, cuando se anunció la medida.
"Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona", alegó.
Por su lado, Vox anunció que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Considera la medida como una "locura", una "barbaridad" y, en sus palabras, un atentado a la identidad nacional además de "fomentar el efecto llamada".
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, destacó entonces que se trata de "una buena noticia" que aportaría al "bien común de muchos inmigrantes" y que "se reconoce así su dignidad".
Medidas similares de gobiernos anteriores
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
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