Construidos en octubre de 2025 por la agencia pública española FIAP en Nuakchot y Nuadibú, los recintos anticiparon un año antes el modelo de externalización que Bruselas acaba de bendecir con sus 'return hubs'.
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Julio César Ruiz Aguilar Publicada 5 abril 2026 02:32hEn Nuadibú, Mauritania, donde el Atlántico empieza a parecerse a una frontera antes de ser mar, hay un centro levantado con fondos europeos y ejecución española en el que se retiene a migrantes antes de que intenten llegar a Canarias.
No es el único. A más de 450 kilómetros, en Nuakchot, la capital, hay otro idéntico. No son instalaciones simbólicas ni proyectos sobre el papel. Son dos recintos en funcionamiento que forman parte de un dispositivo de contención adelantada en uno de los países clave de la ruta canaria.
Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de fuentes cercanas a la operativa policial, agentes de la Policía Nacional acuden a ambos centros paratomar huellas, fotografías y datos de identificación de las personas retenidas.
El de Nuadibú, ciudad a la que este periódico se desplazó hace un año, se sitúa en el principal punto de salida de cayucos hacia Canarias. El de Nuakchot, en la capital, completa un sistema que permite actuar sobre la migración antes de que alcance suelo europeo.
Un agente de la Policía Nacional española (izquierda, camisa blanca), con uniforme de gala, durante la inauguración del centro de retención de migrantes en Nuadibú, uno de los dos recintos financiados por la UE y ejecutados con participación española en Mauritania. E. E.
Ambos fueron inaugurados el pasado 17 de octubre de 2025, financiados con fondos europeos y construidos por la FIAP, la agencia pública dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores español.
Sobre el papel, son centros de "primera acogida", concebidos para una estancia máxima de 72 horas y destinados a identificar perfiles vulnerables, víctimas de trata o posibles solicitantes de asilo. Sobre el terreno,son centros de privación de libertad tutelados por España en un país tercero.
La pieza clave del dispositivo no es sólo diplomática ni presupuestaria. Es, más bien, policial: agentes desplegados en Mauritania aseguran que los tutelan con el fin de obtener "información sensible", integrada en la lógica de extranjería y vinculada a las unidades encargadas de combatir las redes de inmigración irregular.
Un extremo que se eleva hasta la contradicción política. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez rechazaba públicamente el "modelo Meloni" y negaba querer centros de retorno fuera de Europa, España ya ayudaba a levantar en Mauritania una estructura funcionalmente muy parecida.
Recintos para encerrar migrantes, incluidos menores con sus familias, bajo vigilancia local pero con acompañamiento, supervisión e interés operativo español. La diferencia es que no estaban en Albania ni bajo bandera europea.
Estaban en el borde del desierto, lejos del foco, bajo otra jurisdicción y con mucha menos capacidad de escrutinio.
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El pasado 26 de marzo, el Parlamento Europeo dio luz verde al llamado Reglamento de Retorno, la norma con la que Bruselas abre la puerta a los return hubs: centros situados fuera del territorio comunitario para retener a migrantes pendientes de expulsión.
La novedad es legal. La lógica, sin embargo, ya estaba ensayándose en Mauritania desde hace meses con participación española. Antes de que la UE lo bendijera por escrito, España ya colaboraba sobre el terreno en un modelo de contención adelantada con camas, cunas, policías, huellas y listas de nombres.
No se habla aquí de cooperación abstracta ni de retórica diplomática. Se habla de edificios concretos. De dos recintos inaugurados en octubre de 2025. De una policía española que entra en ellos, toma datos y forma parte del circuito.
De migrantes retenidos durante tres días en uno de los países más decisivos y opacos de la ruta canaria. Y de una frontera que el Gobierno dijo no querer exportar, pero que ya había empezado a mover cientos de kilómetros al sur.
El escaparate
El proyecto se llama POC Mauritania, siglas en francés de Partenariat Opérationnel Conjoint, Asociación Operativa Conjunta.
Su lenguaje, como casi todo en la burocracia migratoria europea, es quirúrgico: lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, gestión de la migración irregular, refuerzo de capacidades institucionales, identificación de vulnerabilidades, asistencia en frontera.
Detrás de esa jerga está la FIAP, la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas —antes FIIAPP—, una entidad pública dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que ejerce como brazo ejecutor de fondos comunitarios en terceros países.
Formalmente, el proyecto fue lanzado en diciembre de 2021 y concluyó, al menos sobre el papel, el 30 de septiembre de 2025.
Su presupuesto total asciende a 4,5 millones de euros procedentes del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África, el gran instrumento financiero nacido al calor de la Cumbre de La Valeta de 2015; cuando Europa decidió convertir la cooperación con países africanos en un cinturón adelantado de contención migratoria.
No fue un programa menor ni lateral. Se integró, además, en un giro más amplio: en marzo de 2024, Ursula von der Leyen y Pedro Sánchez viajaron juntos a Nuakchot y comprometieron un paquete superior a 500 millones de euros para Mauritania, con 210 millones puestos por la UE y otros 300 adicionales por España.
En la foto estaba también Fernando Grande-Marlaska. El decorado institucional era impecable. La narrativa oficial hablaba de cooperación, de gestión ordenada, de socios estratégicos. Mauritania aparecía como aliado indispensable en la ruta canaria, un país clave para contener las salidas hacia el archipiélago.
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Y lo era. En 2024, más de 46.800 personas llegaron de forma irregular a Canarias, el récord histórico. Más de la mitad de los cayucos habían partido de costas mauritanas. La presión sobre las islas y sobre el Gobierno español era enorme.
En ese contexto, el discurso político fue cristalizando alrededor de una promesa sencilla de formular y compleja de escrutar: actuar "en origen" para evitar la salida de embarcaciones y salvar vidas.
Pero, como ocurre tantas veces con la retórica fronteriza europea, el verdadero contenido de esa promesa estaba en la letra pequeña: construir en un tercer país dos recintos específicamente preparados para encerrar migrantes interceptados en el mar o detenidos en redadas.
Todo ello con dormitorios separados para hombres y mujeres, cocinas, zonas de higiene, áreas deportivas, salas de entrevistas y, según la propia documentación consultada por otras investigaciones, dos cunas para bebés en Nuakchot y otras dos en Nuadibú.
Interior de uno de los centros antes de su puesta en marcha: literas metálicas alineadas, colchones aún envueltos en plástico y un espacio limpio, sin huellas de uso, preparado para acoger a migrantes interceptados en la ruta atlántica bajo supervisión policial española. FIAP.
El laboratorio mauritano
Los dos centros se ubican en los dos puntos neurálgicos del país. El de Nuakchot dispone de al menos 107 plazas. El de Nuadibú, de 76.
Ambos están pensados para alojar durante un máximo oficial de 72 horas a migrantes interceptados en aguas mauritanas o detenidos en territorio del país, mientras se determina si son víctimas de trata, personas vulnerables o posibles solicitantes de protección internacional.
En los documentos del proyecto se habla también de presencia de la Media Luna Roja mauritana, de estructuras nacionales de lucha contra la trata y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sobre el papel, el diseño parece un híbrido entre un centro de recepción y una oficina de cribado humanitario.
La cuestión es que Mauritania no es una pizarra en blanco donde proyectar protocolos limpios. Es un país sobre el que pesa una creciente documentación internacional de abusos contra migrantes. Y eso convierte esos mismos centros en algo mucho más grave que una simple extensión técnica del modelo de los centros canarios.
Un agente de la Policía Nacional conduce un cuatriciclo por las arenosas calles de Nuadibú, Mauritania. E. E.
El 27 de agosto de 2025, Human Rights Watch publicó un informe demoledor de 142 páginas sobre la situación en Mauritania. El documento recogía testimonios y patrones reiterados de violencia física, abusos sexuales, detenciones arbitrarias por perfil racial, extorsión, condiciones inhumanas de reclusión y expulsiones sumarias hacia las fronteras con Malí y Senegal.
Solo en el primer semestre de 2025, según ese informe, Mauritania deportó a 28.125 personas, casi el doble de las expulsadas en todo 2024. Desde 2019, la cifra acumulada superaría las 75.600.
No era solo una denuncia contra Nuakchot. Era también una acusación política contra Bruselas y Madrid. La organización sostuvo que la UE y España, al financiar, equipar y colaborar durante años con las fuerzas mauritanas sin salvaguardas efectivas, compartían responsabilidad por los abusos.
Lauren Seibert, investigadora de HRW, fue un paso más allá al afirmar que en algunos casos las fuerzas españolas habían estado presentes durante detenciones abusivas de migrantes.
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El proyecto POC Mauritania no era una iniciativa abstracta de cooperación descentralizada. Entre sus socios institucionales estaban el Ministerio del Interior y el Cuerpo Nacional de Policía, con participación específica de la UCRIF, la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales.
España mantiene además desde hace años un despliegue permanente en Mauritania de más de 100 funcionarios y agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI. Esa presencia viene de lejos, al menos desde 2008, con equipos conjuntos de investigación en Nuadibú.
Pero con el POC Mauritania el engranaje se hizo más denso: más formación, más material, más coordinación, más operatividad. No es un matiz menor. Si el titular político del Gobierno era no sumarse al modelo italiano de externalización dura, el subtitular oculto era otro.
España ya participaba sobre el terreno en un sistema de encierro, identificación y contención adelantada bajo supervisión policial. La Policía Nacional no aparece aquí como una institución que llega al final de la cadena, cuando el problema ya está dado. Forma parte del dispositivo que permite que esa cadena exista.
Autoridades mauritanas y españolas, junto a mandos policiales y representantes institucionales, posan durante un encuentro oficial en Nuakchot en el marco de la cooperación migratoria que dio lugar a la construcción de los centros de retención financiados por la UE y ejecutados por España. E. E.
Una investigación de porCausa de noviembre de 2025 señaló que al menos dos agentes de la Policía Nacional española acudían semanalmente a los centros de Nuakchot y Nuadibú para tomar "huellas dactilares y fotografías a los detenidos".
Este periódico ha logrado confirmar, sin embargo, que hay al menos tres agentes que, junto a policías nacionales de Mauritania, colaboran casi exclusivamente en estos centros. El dato tiene un peso enorme, según fuentes dedicadas a la cooperación internacional consultadas.
No solo porque convierte la implicación española en algo cotidiano y material, sino porque conecta directamente con el acuerdo de readmisión firmado entre España y Mauritania en 2003, que permite la devolución a ese país de ciudadanos de terceros Estados cuando se acredita o incluso se presume que han transitado por su territorio.
Es decir: la biometría recogida en esos centros no es meramente estadística. Alimenta un sistema de clasificación y retorno. Traduce cuerpos en expedientes. Convierte trayectorias migratorias en trazabilidad policial.
Fuentes policiales explican, tras ser consultadas por EL ESPAÑOL, que es una ventaja "a aprovechar", el tener una "buena relación" con el país islámico. "No se trata solo de contener salidas, que se hace, sino de tener control sobre quién pasó por Mauritania, pero con el fin de tener un control completo", afirman.
Otra, de la Guardia Civil y conocedora del funcionamiento sobre el terreno, lo expresa en términos aún más crudos: "Es una frontera española desplazada al sur, pero sin los controles que tendría en España. Los números son los números [en referencia al número de inmigrantes que llegan irregularmente], y se han conseguido reducir gracias a nuestra presencia, no porque las autoridades mauritanas hayan movido un dedo para ello".
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Hay un momento especialmente revelador en esta historia. En mayo de 2025, hace casi un año, una delegación mauritana de 17 personas —encabezada por altos cargos de seguridad y acompañada por responsables de Cruz Roja y la Delegación de la UE— viajó a Canarias para conocer el funcionamiento de los CATE de El Hierro y otros dispositivos de recepción en Gran Canaria.
La visita no fue anecdótica. Formaba parte explícita de la traslación del modelo. La agenda recorría todo el itinerario: detección de embarcaciones, llegada a costa, atención inicial, identificación, derivación. Es decir, no se exportaba solamente una infraestructura; se exportaba un procedimiento completo, una secuencia de gestión de cuerpos migrantes.
La delegación mauritana posa junto a agentes y técnicos durante su visita a El Hierro en mayo de 2025, organizada dentro del proyecto POC Mauritania para estudiar sobre el terreno el funcionamiento del modelo canario de recepción e identificación de migrantes que después España y la UE trasladaron a Nuakchot y Nuadibú. E. E.
A primera vista, la escena podría presentarse como una muestra más de cooperación técnica. En realidad, encierra algo más inquietante: la institucionalización de una pedagogía de la externalización. Mauritania aprende de Canarias cómo recibir, registrar, clasificar y encerrar. España no se limita a financiar. Enseña.
El problema es que la transferencia no viaja acompañada de las mismas garantías jurídicas. Un CATE en El Hierro no es lo mismo que un centro de detención en Nuadibú bajo mando mauritano. El procedimiento se parece; el marco de derechos no.
Y ahí es donde el relato gubernamental se vuelve más frágil. Porque la defensa habitual del Ejecutivo español ha consistido en invocar la necesidad de cooperación con países de origen y tránsito, de lucha contra las mafias, de prevención de salidas mortales.
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Por eso el momento político actual vuelve esta historia especialmente explosiva. El Parlamento Europeo ha ido asentando desde 2024 y, sobre todo, en 2026, el andamiaje jurídico de una nueva fase de externalización.
El Nuevo Pacto de Migración y Asilo, el acuerdo Italia-Albania y, ahora, el Reglamento de Retorno dibujan un horizonte claro: más posibilidad de procesar, retener y deportar fuera del territorio clásico de la Unión. Países terceros, acuerdos bilaterales, centros remotos, jurisdicciones mixtas o desplazadas.
Un grupo de migrantes interceptados en aguas italianas llega el año pasado a un centro de deportación en Albania. Efe
España intentó mantener un pie en cada orilla. Por un lado, marcó distancias discursivas con el "modelo Meloni". Por otro, colaboró activamente en Mauritania en un dispositivo que se le parece demasiado como para que la diferencia sea políticamente tranquilizadora.
Es cierto que no son estructuras idénticas: los centros italianos en Albania operan bajo jurisdicción italiana y europea; los mauritanos, bajo soberanía mauritana. Pero en términos materiales, la filosofía es análoga: sacar fuera el problema para que la frontera real quede también fuera.
La frontera que se movió
Cuando Europa empezó a endurecer su política migratoria, durante años se habló de blindaje, de muros, de concertinas, de devoluciones en caliente. Era una frontera visible, escandalosa a veces, fácil de localizar en el mapa.
Lo que ocurre ahora es más sofisticado. La frontera ya no se limita a una línea. Es una red. Se extiende. Se subcontrata. Se anticipa. Se instala en un puerto mauritano, en una sala de entrevistas, en una base policial, en una huella dactilar tomada a centenares de kilómetros de Canarias.
Junto a las vías del tren de hierro de Mauritania, los migrantes comienzan en Nuadibú su travesía hasta las playas de La Güera, donde son recogidos para partir clandestinamente hasta Canarias. Julio César Ruiz Aguilar.
En Nuadibú, el viento sigue golpeando. En Nuakchot, la arena sigue cubriéndolo todo con una película fina, casi idéntica al polvo administrativo con el que Europa intenta cubrir sus decisiones más incómodas.
Pero debajo de ese polvo hay algo muy concreto: dos centros levantados con fondos europeos y ejecución española, acompañados por la Policía Nacional, pensados para encerrar migrantes en un país sobre el que pesan denuncias gravísimas de abusos.
Y hay también una certeza política difícil de esquivar: mientras el Gobierno negaba querer importar ciertos modelos, ya estaba ayudando a construir uno fuera del foco. No era una hipótesis. No era una propuesta para el futuro. No era un debate de laboratorio en Bruselas. Ya estaba allí.
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